El abogado laboralista Julián de Diego confirmó que colabora activamente con el Gobierno en la redacción del borrador de la reforma laboral, que será presentada a mediados de diciembre y que el oficialismo pretende tratar en sesiones extraordinarias del Congreso. Según explicó, el proyecto busca modernizar la legislación vigente y acompañar el proceso de crecimiento económico que impulsa el presidente Javier Milei.

“El borrador en el que estamos trabajando con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, tiene tres ejes principales: salario dinámico, negociación colectiva flexible y banco de horas”, afirmó De Diego en declaraciones a radio Zónica. Aclaró que su participación es ad honorem, en calidad de asesor externo, y que el objetivo es “construir un marco laboral adaptado a un escenario sin inflación y orientado a la productividad”.

Salario por productividad y negociación por empresa

El especialista detalló que el primer eje del proyecto es el salario dinámico, un esquema que reemplazará la lógica de indexación por inflación y permitirá aumentos vinculados a la productividad real. “En un contexto sin inflación, tiene sentido que los incrementos se basen en los resultados y en la eficiencia, no en la distorsión de precios”, explicó.

El segundo pilar se centra en flexibilizar la negociación colectiva, habilitando acuerdos por empresa en lugar de convenios por rama de actividad. “El modelo actual es rígido y genera desigualdades. Hay sectores que no pueden adaptarse a las condiciones del mercado o a su tamaño”, sostuvo.

Banco de horas y nuevas modalidades de trabajo

El tercer componente del proyecto contempla la creación de un banco de horas, una herramienta utilizada en diversos países que permite compensar períodos de mayor o menor actividad laboral. “Dependiendo del rubro, puede ser útil para evitar despidos en momentos de baja producción y equilibrar la carga horaria cuando hay picos de demanda”, explicó De Diego.

El abogado enfatizó que el objetivo general de la reforma es modernizar sin recortar derechos, garantizando la estabilidad laboral y la formalización de trabajadores actualmente en la informalidad. “Hay gremios que ya tienen convenios por empresa y les va bien. También los que atan subas salariales a la productividad, como los bancarios”, ejemplificó.

Indemnizaciones: sin tope, pero con facilidades de pago

Consultado sobre los rumores de una posible limitación en las indemnizaciones, De Diego fue categórico: “No está en los planes del Gobierno reducir o eliminar derechos adquiridos. Lo que se analiza es permitir que el empleador pueda abonar la indemnización en hasta 12 cuotas, pero sin afectar el monto total ni aplicar retroactividad”.

El especialista aclaró que la iniciativa apunta a evitar quiebras o cierres en pequeñas y medianas empresas y a “darles un respiro financiero” en caso de desvinculaciones. “Se trata de compatibilizar justicia con sostenibilidad. Las pymes deben poder cumplir con la ley sin poner en riesgo su continuidad”, señaló.

Acompañamiento sindical y rol del Estado

Lejos de alimentar tensiones con los gremios, De Diego confió en que habrá diálogo y acompañamiento. “Hay sindicatos que ya aplican esquemas de productividad o convenios individuales. Si se hace con transparencia y respeto, no hay razones para oponerse”.

Desde la Secretaría de Trabajo confirmaron la participación de expertos del ámbito privado en la elaboración del texto y aseguraron que no existen conflictos de interés. “Se trata de un proceso plural y técnico, con la contribución de profesionales y representantes empresariales”, explicaron fuentes oficiales.

Antecedentes y bases del nuevo proyecto

La reforma laboral que impulsa el Gobierno toma como base la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. Y presentada a fines de 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei. Esa iniciativa —que reemplaza el capítulo laboral que había sido parcialmente descartado en la Ley Bases— busca otorgar incentivos fiscales a pymes para la creación de empleo formal. En una lógica similar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pero adaptado a empresas medianas y pequeñas.

El texto habilita además la fragmentación del período de vacaciones, la implementación del banco de horas y la definición de condiciones laborales específicas por convenio. En paralelo, establece facilidades para el pago de indemnizaciones y actualiza los plazos por enfermedad o accidente.

Continuidad con el DNU 70/23 y novedades del borrador

La nueva propuesta retoma algunos puntos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Y actualmente suspendido por la Justicia y pendiente de revisión por la Corte Suprema. Entre ellos, la posibilidad de pago fraccionado de indemnizaciones y la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas diarias en sectores que lo acuerden. También el uso de beneficios no monetarios como parte del salario, aunque con límites que eviten abusos.

Según De Diego, “no se trata de una copia del DNU, sino de un proyecto superador, ajustado a la legalidad y con debate parlamentario”. Enfatizó que la intención del Ejecutivo es “lograr una ley moderna que fomente el empleo, reduzca la litigiosidad y haga más eficiente el sistema productivo”.

Próximos pasos y expectativas oficiales

El Gobierno planea enviar el proyecto al Congreso en diciembre, tras concluir la etapa de revisión técnica y consulta con cámaras empresarias y sindicatos. La expectativa es que el texto pueda tratarse en sesiones extraordinarias, junto con la reforma impositiva y el paquete de modernización del Estado.

“El objetivo es que estas reformas se complementen: más inversión, más empleo formal y más productividad”, señalaron fuentes cercanas al Ministerio de Economía. En la Casa Rosada confían en que la amplia mayoría lograda en las legislativas permitirá avanzar sin mayores obstáculos.