En un mundo en constante tensión por el control de las materias primas estratégicas, la Argentina asoma como un mercado apetecible para las principales potencias. Junto a Bolivia, nuestro país tiene el 20% de los recursos y el 13% de las reservas de litio a nivel global. Sin embargo, las actuales políticas regulatorias del sector atentan contra un desarrollo inclusivo, federal y sustentable.

“La particularidad que tiene Argentina, a diferencia de otros países con grandes reservas como Bolivia y Chile, es que el litio no fue declarado recurso estratégico, a pesar de que las potencias del mundo se están peleando por dominar este mercado”, afirma Federico Nacif, docente universitario, investigador especializado en modelos productivos de litio y uno de los responsables del informe ¿Cuánto nos cuesta el lito?, de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral creada por el espacio político que lidera Juan Grabois

“Sobre el litio –continúa Nacif– pesa la legislación minera común. En 1922, Argentina sacó del Código de Minería al petróleo y lo declaró de carácter estratégico. Después hizo lo mismo con el uranio y el torio, por ser de interés nuclear. Con el litio eso nunca pasó; para nuestra legislación es un mineral común como cualquier otro”.

Las concesiones del litio dependen de las provincias, pero ninguna pudo, según las conclusiones del informe, aplicar un “régimen fiscal eficiente y equitativo”.

“Cualquier individuo nacional o extranjero puede acceder sin ningún tipo de condición extra más allá del canon minero anual; no se establece cuánto tiene que explotar ni a quién comercializar. Pero lo más grave de todo es que las concesiones son a perpetuidad y sin plazos de inversión. Esto quiere decir que la persona que tiene la concesión puede conservarla, explotarla en la escala que quiera y, sobre todo, especular financieramente”.

RIGI antes del RIGI

El modelo productivo de litio en la Argentina está pensado para favorecer las ganancias privadas en detrimento de la renta pública. En ese sentido, el informe destaca que la baja carga tributaria, con exenciones impositivas congeladas por 30 años, y la ausencia de estudios rigurosos de impacto ambiental tiene como resultado “especulación, baja producción, y graves conflictos sociales”.

“Eso no es así ni en Bolivia ni en Chile e incluso en las legislaciones de operación minera más liberales como el caso de Australia, donde también se establecen condiciones al concesionario. En Argentina, la Ley de Inversiones Mineras que rige desde 1993 establece una cantidad enorme de beneficios financieros, tributarios y de todo tipo para las empresas que es muy parecido al RIGI que impulsó el presidente Javier Milei a nivel nacional para toda la economía”, remarca Nacif, y agrega: “Los resultados están la vista: ningún proceso de encadenamiento productivo; problemas de especulación con la compraventa de yacimientos en las provincias y que incluye desalojos a las comunidades; proyectos que empiezan y después se interrumpen por alta volatilidad porque los concesionarios no están obligados a nada. Es un sector altamente especulativo, poco productivista y con casi nulo control ambiental”.

Además de declarar al litio como recurso estratégico, el informe propone una serie de acciones indispensables como un sistema de regalías móviles inspirado en el modelo chileno; establecer plazos y volúmenes de producción, imponer aportes obligatorios a comunidades, ciencia y tecnología, y sumar controles ambientales más rigurosos y una cuota de litio a precio preferencial para proyectos industriales.

“El litio –concluye Nacif– se encuentra en el centro de las disputas geopolíticas entre Estados Unidos y China por el liderazgo de la transición energética. En ese contexto, es urgente recuperar la soberanía del Estado nacional sobre el recurso a través de una empresa pública porque hoy las provincias reciben, apenas, el 3 % de las regalías”. «