Mientras la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sigue bajo investigación judicial por las más de 100 muertes por el fentanilo contaminado, el gobierno nacional eximió al organismo de controlar en el territorio a los laboratorios extranjeros cuyos medicamentos importe Argentina. Algo que hasta acá era obligatorio. Tiempo dialogó con Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, para conocer cómo impactaría esta obcecación desregulatoria sobre un sector tan sensible como la salud, ya golpeado por la crisis, y las diferentes políticas públicas implementadas por la gestión de Javier Milei.

“No se puede consumir un medicamento en el que no esté garantizada su seguridad solo porque es más económico. Estamos hablando de un medicamento. No es cualquier otro producto. El cliente tiene que tener acceso a este bien social y que esté garantizado, que sea legítimo, trazable, seguro, y esos controles son los que garantizan esto”, analizó.

El lunes se publicó en el Boletín Oficial la Disposición 7998/2025, elaborada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones y la cartera de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, por la cual se eliminó la norma “Buenas Prácticas de Fabricación” (BPF) que regía desde 2005 y que obligaba a los técnicos de la ANMAT a verificar en el lugar de producción los medicamentos que adquiría nuestro país.

-¿Qué impacto tiene esta medida en el sector?

-Los asesores legales están viendo las implicancias que tendría porque cuando hablamos de medicamentos, y esta es nuestra postura, entendemos que los controles no son un mero trámite, son una garantía de seguridad. Partimos desde ese lugar, tampoco lo tomamos como un costo, aunque por supuesto estamos a favor de la desburocratización de los trámites, pero nunca poniendo en riesgo la salud de la población. Menos control no tiene que ir de la mano con asociarlo a un mayor riesgo. En este caso se deja de controlar las buenas prácticas de los laboratorios, los elaboradores. Hoy vemos que necesitamos garantizar que ese medicamento sea seguro para el paciente; y en esta situación se habla del medicamento como cualquier otro bien de consumo. Venimos de una situación en el país respecto al fentanilo, que es obviamente un tema de alarma y que tenemos que entender que se pone en juego la salud de la población.

-El gobierno dice que se mejorarían tiempos y costos…

-Siempre este tipo de medidas se justifican en que hay que bajar los costos o acelerar los tiempos para que el paciente tenga acceso a una variedad de medicamentos que sean más baratos. Eso está bien, siempre y cuando se asegure la calidad de ese medicamento, que va a estar en condiciones y que no va a haber un problema con la salud de la población. Insisto, tiene que haber una garantía de seguridad.

-¿Bajarán los costos?

-Hay medidas que se fueron tomando para abaratar los costos y sin embargo no sucedió. Sí nos pasó lo contrario. Hubo medicamentos que pasaron a venta libre, que antes eran bajo receta, y eso no hizo que bajara el precio. Sí generó que muchos pacientes se quedaran sin la cobertura de la obra social de ese medicamento y lo tengan que pagar en forma particular. El farmacéutico no fija el precio, pero sí estamos en toda la cadena del medicamento, desde que se desarrolla, se elabora, se distribuye, se dispensa y somos los garantes de todo este proceso, incluso de la seguridad que le vamos a dar al paciente cuando se lo estamos entregando.

-¿En qué situación está el sector farmacéutico?

-La crisis económica ha tenido un impacto significativo en el sector, especialmente en la farmacia comunitaria. La reducción en la demanda de productos de higiene personal y medicamentos debido a la falta de poder adquisitivo de la población ha generado una disminución en las operaciones diarias de las farmacias. Además, la exigencia de mayores aportes por parte de las obras sociales y prepagas para que las farmacias brinden la prestación a los afiliados puede llevar a muchas farmacias al límite de la sostenibilidad. Esto puede generar problemas de acceso a los medicamentos y servicios de salud para la población, especialmente para aquellos que dependen de la farmacia comunitaria.

-¿Están viendo problemáticas más graves?

-La crisis económica ha generado un aumento en la cantidad de personas sin cobertura de obra social debido al desempleo y el empleo informal, lo que llevó a que muchas personas no puedan afrontar el costo de los medicamentos. Eso puede tener graves consecuencias para su salud. La falta de acceso puede empeorar las condiciones de salud preexistentes y que necesiten atención médica más costosa en el futuro.

-¿Incluye a un sector vulnerable como los jubilados?

-Incluso con cobertura de obra social, como el PAMI, muchos afiliados se ven obligados a abandonar sus tratamientos debido a la falta de cobertura total o parcial de los medicamentos. Esto puede deberse a que la obra social no cubre ciertos medicamentos o solo los cubre parcialmente. Esto puede tener graves consecuencias para la salud, especialmente para quienes dependen de medicamentos para tratar condiciones crónicas. La falta de acceso a los medicamentos puede llevar a una disminución en la calidad de vida y un aumento en la necesidad de atención médica más costosa en el futuro.