Tras casi un año sin dar respuestas a los reclamos de quienes trabajan como prestadores en el sector de Discapacidad, el Gobierno definió un plan escalonado de aumentos. Los porcentajes acumulativos van del 29 al 35% según los sectores, entre octubre y diciembre. Pero, por las demoras que suele haber en los cobros, los pagos con incrementos se recibirán recién entre marzo y abril. Las organizaciones ya advirtieron que es “insuficiente” y que el reclamo sigue, porque el Ejecutivo continúa sin respetar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Luego de una reunión ante el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció dos cronogramas de aumentos. Para Transporte, Rehabilitación (Módulos, Hospital de día e internación), Hogar, Pequeño hogar, Residencia y Prestación de apoyo: octubre: 14% / noviembre: 10% / diciembre: 8%. Un total acumulativo del 35,43%. Para otras prestaciones: octubre: 12% / noviembre: 8,25% / diciembre: 7%. Un total acumulativo del 29,73%. El representante de los prestadores votó en contra de la propuesta del Gobierno.

“El aumento del nomenclador se materializa gracias a una decisión administrativa del jefe de Gabinete de la Nación, en un paso más hacia una gestión más ordenada y responsable de los recursos, que busca fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”, expresó el Gobierno mediante un comunicado que sonó a provocación.

«Se nos están riendo en la cara»

“Desde el Foro Permanente Discapacidad consideramos que el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad”, expresó el espacio que nuclea a prestadores. “Estos aumentos se van a terminar de cobrar recién en marzo/abril de 2026. El Gobierno Nacional sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad. Continuamos en estado de alerta”, señaló el Foro en un mensaje para dejar en claro que el conflicto continúa.

La actriz Valentina Bassi, mamá de un adolescente de 17 años con autismo y activista por los derechos de las personas con discapacidad, expresó su indignación al conocerse la novedad. “Después de las elecciones están con un nivel de soberbia… Este aumento no alcanza ni para pagar el aumento de nafta de los transportistas, encima pagado en tres meses”, cuestionó.

“Es una burla, se nos están riendo en la cara. Mi ingenuidad hace que no pueda entender cómo se puede, tan livianamente, no cumplir una Ley de Emergencia, luchada, sancionada y ratificada 4 veces por el Congreso… ¡Y no tener consecuencias! No lo entiendo”, lamentó.

Por su parte el diputado Daniel Arroyo, impulsor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, consideró que los aumentos otorgados constituyen un “alivio” pero no resuelven el problema de fondo. “Después de casi un año la ANDIS actualizó el valor del Nomenclador (…) Es una pequeña mejora, es un alivio, lo tengo claro, en un contexto de desesperación, de colapso, de maltrato generalizado”, describió. Pero agregó: “Todos tenemos claro que es insuficiente. Que esto no resuelve el problema. Que el Gobierno sigue sin poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad (…) Es la obligación que tiene el Gobierno y lo va a tener que hacer”.

Revés para el Ejecutivo

El aumento, aunque magro, llega tras otra conquista de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Ante una orden judicial, el Ejecutivo tuvo que comprometerse a devolver todas las pensiones por invalidez recortadas en el marco de un proceso de auditorías cuestionado por múltiples irregularidades.