La Cámara de Diputados bonaerense sesionará este miércoles y le dará ingreso al paquete presupuestario girado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Será el primer paso formal para iniciar la negociación con la oposición para lograr que el Presupuesto 2026, la Ley de Financiamiento y la Ley Impositiva sean aprobadas antes del recambio legislativo. El fondo para los municipios y la toma de deuda aparecen otra vez como la piedra angular de la rosca, con la interna peronista como telón de fondo.
Los tres proyectos fueron presentados el lunes por Kicillof en la Gobernación y el martes por el ministro de Economía, Pablo López, ante la Legislatura. Los dos plantearon que la Provincia está en «estado de emergencia» debido a la recesión económica, el ajuste nacional y a los 13 billones de pesos que el gobierno de Javier Milei le adeuda a Buenos Aires en fondos para seguridad, incentivo docente, transporte, programas discontinuados y obra pública frenada.
El Presupuesto 2026 prevé un cálculo de recursos y gastos de 43 billones de pesos con fuerte inversión en obra pública, salud, educación y seguridad. En tanto, la Ley de Financiamiento incluye dos pedidos de endeudamiento, uno por hasta 1990 millones de dólares y otro por 1045 millones, que fue girado al parlamento por Kicillof en mayo pero nunca fue sancionado. Se incluye además el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal para municipios, cuyo monto será del 8% de la deuda que se vaya tomando. En materia impositiva, el Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos se mantendrán sin cambios, mientras que el impuesto Automotor bajará.
El punto crucial para el Ejecutivo es el pedido de endeudamiento por hasta 3034 millones de dólares incluidos en el paquete con los que busca pagar los vencimientos de la deuda pública previstos en marzo y septiembre de 2026. Kicillof lo dijo de manera explícita al presentar los proyectos. «Necesitamos particularmente la ley de financiamiento para poder sostener durante el año que viene el normal funcionamiento. Son las herramientas para poder operar, para poder funcionar en 2026», señaló y explicó que «de no disponer de las autorizaciones, los vencimientos van a caer igual y recaerán sobre el presupuesto general poniendo en riesgo el resto de las erogaciones».
«Es imperioso contar con estas herramientas», insistió el gobernador antes de pedir a la Legislatura que apruebe el paquete. Fue un mensaje a la oposición, pero también a sus propios legisladores y a la interna que mantiene con el cristinismo. Esa pulseada política se reavivó tras la derrota electoral del 26 de octubre y la crítica pública de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al mandatario por haber desdoblado los comicios.
En 2024, el paquete presupuestario naufragó por falta de acuerdos internos y externos, lo que llevó a Kicillof a prorrogar por segunda vez la ley de leyes 2023, la última en ser sancionada por la Legislatura bonaerense. En 2024 tampoco hubo Presupuesto debido a que Milei no presentó uno propio y la gestión provincial tampoco elaboró uno debido a la falta de pautas macroeconómicas a seguir.
Para aprobar el endeudamiento, el oficialismo necesita mayoría especial, los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Esto es: 62 manos en Diputados y 31 en el Senado. En la actualidad, Unión por la Patria cuenta con un bloque de 37 diputados, lo que significa que necesita 25 voluntades más, mientras que en la Cámara alta tiene 21 senadores y necesita al menos diez más.
A sabiendas de que no contarán con La Libertad Avanza, el gobierno explorará acuerdos con los libertarios «blue» y con los distintos bloques radicales, que cuentan con 27 intendentes que buscan fondos frescos para poder cerrar un año financiero muy difícil. De hecho, el Foro de Intendentes de la UCR se reunirá el lunes con el ministro López para hablar de las deudas que mantiene la provincia con las comunas por el IOMA, por seguridad, por obras públicas y por la necesidad de contar con fondos para pagar los aguinaldos.
La pulseada que viene
El miércoles, Diputados sesionará para que los tres proyectos tomen estado parlamentario y comiencen su tratamiento en comisiones. En ese marco, no se descarta que concurran a explicar las previsiones 2026 algunos ministros y el titular de ARBA, Cristian Girard. Hasta ahora no hay agenda confirmada.
El Ejecutivo decidió repetir interlocutores y los que estarán a cargo de la negociación con los bloques políticos son el ministro López -a cargo de las cuentas provinciales- y la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila. Ambos forman parte de la mesa chica del gobernador. En el caso de la Legislatura, los que recibirán los pedidos serán el titular de Diputados, el massista Alexis Guerrera, y la vicegobernadora Verónica Magario.
La negociación volverá a poner a prueba la compleja unidad de los dos bloques oficialistas, en los que conviven legisladores enrolados en «Derecho al Futuro», La Cámpora y el Frente Renovador. Frente a ese escenario, en el entorno del gobernador no dejaron lugar a dudas sobre lo que esperan: «Los que no voten las leyes pasarán a ser considerados opositores», disparó un ministro axelista. En la rosca interna aparecen otros factores en juego ya que, con el recambio legislativo, se elegirán autoridades en Diputados, así como presidente de bloque en ambas cámaras.
La oposición, por su parte, ya mostró su primera carta y aclaró que no está de acuerdo con atar el Fondo Municipal al endeudamiento. El jefe del bloque “Somos”, Matías Civale, así como su par de UCR Cambio Federal, Diego Garciarena, consideraron que el monto debería ser fijo, actualizable por inflación y además de libre disponibilidad, un reclamo que es compartido por buena parte de los intendentes oficialistas.
Además de los recursos municipales, la oposición volverá a plantear el pedido de cargos vacantes en diferentes organismos como el Banco Provincia, el Consejo General de Cultura y Educación, la Tesorería y hasta la Suprema Corte de Justicia «