Durante siglos no hubo lugar para las personas con discapacidad como ciudadanas y con el modelo médico rehabilitador sólo fuimos un diagnóstico a curar o corregir. Cuando hablamos de modelo social vamos más allá de nuestra discapacidad porque no es la que nos deja afuera. Los edificios donde no podemos entrar o transitar, la información que no está en formatos accesibles o prejuicios donde se supone lo que podemos o no podemos hacer son las barreras reales.

Hoy nos llegan discursos de odio que bajan desde el presidente que usa nuestra condición como insulto. Hoy hay legisladores que sospechan porque “no hubo una guerra” que justifique que somos “muchos”. Estas expresiones demuestran que esas ideas del descarte, lo “anormal” y nuestra ciudadanía como sujetos de derechos coexisten y chocan.

Todavía está pendiente la proyección del censo de 2022 al respecto. Las políticas públicas no dan una respuesta positiva. Sin embargo, según el censo de 2010, entre el 12,9% de la población total y el 10,2 (según un estudio del Instituto Nacional de estadísticas y Censos, INDEC, de 2018) tienen discapacidad, frente al 1.9 millones de Certificados Únicos de discapacidad (CUD) emitidos a marzo de 2025.

Foto: Gentileza Oscar Sanchez

Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), con otras organizaciones de personas con discapacidad y de Derechos Humanos presentamos un documento ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, denunciando los retrocesos en políticas de protección social en Argentina. Las medidas del gobierno nacional ponen en riesgo derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

El Decreto 843/24 restableció muchos de los criterios del decreto 432/97, que se basaba en el modelo médico rehabilitador. También se derogaron avances previos como los decretos 7/23 y 566/23 que compatibilizaban el cobrar una pensión con el trabajo registrado.

Entre los requisitos de esta norma se exige un 66% de incapacidad laborativa o más. Este enfoque es patologizante y discriminatorio porque desconoce la dificultad en el acceso al trabajo para las personas con discapacidad. También no se permite tener un empleo o bienes que permitan la subsistencia. Esto afecta la autonomía financiera y la vida independiente al forzar a las personas a depender de otras y desconociendo los gastos adicionales derivados de la discapacidad.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dictó la Resolución 187/25 para clasificar las «afecciones» según el «grado de incapacidad”. Esta norma, basada únicamente en criterios médicos, incluía expresiones denigrantes y discriminatorias como “retraso mental”, “idiota” e “imbécil”. Aunque fue derogada tras los reclamos, la ANDIS anunció que el sistema de evaluación seguiría siendo médico.

Junto con la reforma normativa, la ANDIS comenzó un proceso de auditoría de todas las pensiones otorgadas. Sin embargo, la acción se inició sin una regulación específica que detallara la metodología, los plazos, o las medidas de accesibilidad necesarias para garantizar la participación y el derecho de defensa de las personas con discapacidad.

Foto: Mariano Martino

El entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que 222.607 de 703.430 cartas enviadas no pudieron ser entregadas. La cuestión logística no es menor cuando se cambió al Correo Argentino por Andreani que no ingresa a barrios populares y otras zonas.

Otra barrera es la falta de información relevante sobre cómo justificar las inasistencias. Las personas fueron citadas a establecimientos a grandes distancias de sus domicilios, en algunos casos de hasta 500 kilómetros, y las instalaciones a menudo no cuentan con la infraestructura necesaria, lo cual terminó en largas filas con horas de espera.

El monto de la pensión, aunque escaso, permite a las personas con discapacidad afrontar gastos básicos y recibir prestaciones del Programa Incluir Salud, que está subejecutado en un 20%, al igual que créditos otorgados por el Banco Interamericano de desarrollo (BID). Perder la pensión significa poner en peligro la continuidad de tratamientos, terapias, y el acceso a medicamentos. La baja de una pensión pone en grave riesgo la salud y la vida de los beneficiarios. La situación es particularmente difícil para las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan índices más altos de pobreza y exclusión laboral.

Los anuncios públicos de representantes del Poder Ejecutivo proyectaron que el número de bajas rondará entre 100 mil y 200 mil pensiones. ¿Cómo se puede proyectar sin evidencias tal recorte?

Otra deuda con las personas con discapacidad es el cumplimiento de la Emergencia Nacional en Discapacidad. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27793 con el decreto 681/25 pero dejó en suspensión su aplicación “por falta de financiamiento”. Esta norma se aprobó en el Congreso que, además, rechazó el veto presidencial con los votos de los dos tercios de los diputados y senadores de ambas cámaras. Tanto la instancia del Congreso como la movilización de las personas con discapacidad fueron históricos.

La ley declara la emergencia nacional en discapacidad hasta fines de 2026, con posibilidad de prórroga en 2027. Su finalidad es proteger derechos clave lo que incluye financiar las pensiones no contributivas (PNC) y aumentar el salario y actualizar los aranceles para prestadores de servicios. Se crea una Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social a cargo de ANDIS y se garantiza a sus beneficiarios el acceso a un programa de atención médica. Además, se establece una compensación económica de emergencia para prestadores de servicios.

El sistema de Justicia federal muestra velocidades dispares en temas de discapacidad: por un lado, la investigación de corrupción en la ANDIS, liderada por el fiscal Franco Piccardi, avanza con rapidez, sumando quince imputados (incluido el exdirector Diego Spagnuolo), dos empresarios detenidos y pruebas sólidas por un presunto desvío de 48.000 millones de dólares. Por otro lado, el amparo colectivo iniciado por familias de niños con discapacidad para que se cumpla la Ley de Emergencia fue frenado cuando el Gobierno recusó al juez, obligándolo a apartarse, lo que genera una demora que posterga la aplicación de la ley.

Las personas con discapacidad somos ciudadanas pero en muchos espacios nuestra participación es negada. Las últimas elecciones son otra muestra. Las organizaciones sociales, la militancia y las propias personas con discapacidad y sus aliados fueron quienes produjeron y distribuyeron las plantillas que permitieron un voto autónomo y con otra opción, además del voto asistido. Instituciones de la ciudad de Buenos Aires como tiflonexos, CENOVI de Chaco y otras iniciativas en Formosa y Chubut brindaron accesibilidad para usar la Boleta Única de Papel.

Las personas con discapacidad exigimos participar en las leyes y políticas porque nos afectan. No vinimos de la guerra (aunque algunas volvimos de defender la soberanía de nuestras Malvinas) y sí luchamos por nuestros derechos. Las personas con discapacidad decimos: “Nada sobre nosotras sin nosotras”. «

Material producido en colaboración con Discasta.