Desde su asunción, el gobierno de Javier Milei tomó un conjunto de decisiones de ajuste y persecución ideológica que impactan directamente en nuestros derechos como mujeres y personas LGBTIQ+ con discapacidad. La evidencia previa en nuestro país mostraba que la mayoría de las mujeres y personas LGBTIQ+ con discapacidad había sufrido algún tipo de violencia y que enfrentaba barreras específicas para acceder a la Justicia y a servicios de apoyo, a la salud y otros derechos. Protocolos, adaptaciones comunicacionales y dispositivos especializados dependían históricamente de programas estatales frágiles frente a cambios políticos.

El nuevo gobierno impulsó una reestructuración institucional que incluyó el desmantelamiento de áreas específicas de género y discapacidad, recortes masivos y un debilitamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. No medidas neutras: al reducirse los dispositivos especializados se amplifican las barreras que ya enfrentamos mujeres y diversidades con discapacidad, generando una vulneración doble y específica de derechos por género y discapacidad.

Y también, se interrumpe el diálogo y la consulta con organizaciones de personas con discapacidad, sobre todo en cuestiones que hacen a la prevención de violencias y abuso, lo cual deja en suspenso el incipiente compromiso del Estado con la visibilización y respuesta al colectivo de mujeres y personas de la diversidad con discapacidad.

Entre 2019 y 2023, se había logrado constituir equipos de trabajo para capacitar a profesionales de salud, Justicia y asesoramiento ante situaciones de violencia, que fueran las propias personas con discapacidad, con idoneidad y conocimientos en la materia. Las personas con discapacidad somos miradas con desconfianza, se nos exige acreditar de mil y un formas tanto nuestra condición. También se nos culpabiliza, instalando en el sentir social que somos improductivas, y que absorbemos cantidades ingentes de recursos del Estado, de las cuales se ven privados otros sectores.

En materia presupuestaria, informes públicos señalan recortes de entre 70 y 100% en programas de violencia de género durante los primeros meses de 2024, además de la ausencia de partidas sustantivas para la Línea 144 o el Programa Acompañar en proyecciones posteriores. En 2025 esos recortes se profundizaron: la Línea 144 registró una reducción del 64 por ciento en su presupuesto y el Programa Acompañar directamente dejó de figurar como partida identificable. Si bien este programa no era compatible para mujeres con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas, era fundamental para brindar asistencia económica y respuesta en situaciones críticas. Este ajuste se traduce en menos refugios accesibles, que ya de por sí eran insuficientes, menos equipos formados en perspectiva de género y discapacidad y menor disponibilidad de adaptaciones para denunciar o recibir atención.

Este escenario de recortes ha afectado también al Programa Equiparar, una iniciativa pública destinada a mujeres y personas LGBTIQ+ con discapacidad orientada a transversalizar la perspectiva de género y diversidad en políticas públicas, garantizar accesibilidad, asistencia legal y administrativa, y la prevención y abordaje de violencias, dejándolo en gran parte desarticulado.

En paralelo, el Ejecutivo impulsó auditorías masivas sobre pensiones no contributivas por discapacidad, afectando a cientos de miles de mujeres y personas LGBTIQ+ con discapacidad y sin protocolos con perspectiva de género y derechos. Desde las organizaciones de la sociedad civil denunciamos la manipulación de datos, la falta de salvaguardas y el riesgo real de pérdida de nuestros ingresos más básicos, un punto crítico para la autonomía económica de mujeres y diversidades con discapacidad, especialmente en situaciones de violencia o dependencia económica.

Los datos judiciales confirman la dimensión interseccional del problema: en relevamientos oficiales sobre trata, explotación o violencia hacia personas con discapacidad, alrededor del 68% de las víctimas identificadas somos mujeres. Muchas atravesamos contextos de dependencia social, discriminación múltiple y barreras para acceder a medidas de protección reales. Esa cifra pone en evidencia la carga específica de género y discapacidad en situaciones de violencia estructural.

Incluso en este contexto de retrocesos, las personas con discapacidad seguimos construyendo comunidad, participación política y espacios donde ejercer nuestro deseo, autonomía y dignidad. Nuestra historia demuestra que no somos objeto de asistencia, sino sujetas y sujetos de derechos capaces de disputar sentidos, exigir accesibilidad real, decidir sobre nuestros cuerpos y proyectar vidas plenas, dignas de ser vividas.

Frente a los recortes y el vaciamiento institucional, no nos vamos a resignar: vamos a defender el derecho a vivir libres de violencias, a transitar por entornos accesibles, a vincularnos, trabajar y decidir sobre nuestros proyectos de vida. Esa pelea no es simbólica: es concreta, cotidiana y colectiva, y desde FAICA la sostenemos con la convicción de que ninguna política de ajuste y crueldad va a poder borrar la potencia política y social que construimos todos los días. «

Material producido en colaboración con Discasta.