Luego de años de espera y a más de medio siglo de los hechos, finalmente comenzará en marzo el juicio oral por la responsabilidad empresarial en los crímenes cometidos en el ingenio La Fronterita, en Tucumán. El Tribunal Oral Federal de esa provincia fijó la fecha para el 11 de marzo a las 9.30 para el inicio del debate oral que tendrá como imputados a dos empresarios. 

Alberto Figueroa Minetti, quien fue administrador del ingenio, y el exdirectivo Eduardo Buroti son los únicos acusados, ambos de 86 años: están procesados como cómplices en secuestros, tormentos, violaciones, homicidios y desapariciones. Las víctimas de la causa son 68 personas que trabajaban en el ingenio o vivían en sus colonias, de las cuales 11 permanecen desaparecidas. 

La responsabilidad de las fuerzas represivas sobre esos hechos ya fue juzgada en debates previos, como el realizado sobre el Operativo Independencia, sin embargo no se había podido avanzar sobre la responsabilidad empresarial hasta el momento.

El ingenio La Fronterita fue fundado en los años 20 por la familia Minetti en las afueras de la localidad de Famaillá. La empresa creció y se benefició de las últimas dos dictaduras, en las que logró aumentar su producción y multiplicar sus ganancias sobre la base de la persecución gremial y la represión, según logró reconstruir el informe Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad realizado por el CELS, Flacso y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los hechos que se juzgarán en este debate ocurrieron hace más de 50 años: a partir de febrero de 1975, cuando, en el marco del Operativo Independencia, en La Fronterita se instaló la fuerza de tareas “Rayo” del Ejército en tres espacios, “Comando de la Laguna”, donde se alojaba a la oficialidad, el “Tambo”, en el que permanecían las tropas, y los “conventillos”, viviendas utilizadas como centro clandestino de detención. Los tres fueron reconocidos por sobrevivientes como los lugares donde los tuvieron cautivos y fueron torturados.

Durante la investigación se acreditó que la empresa cedió sus instalaciones para que funcionen los centros clandestinos de detención, aportó la logística para esa base militar, aportó vehículos y dio información a los militares para que llevaran adelante los secuestros y homicidios. “Sin los aportes que realizaron, los delitos investigados y demostrados en autos, no habrían podido cometerse en la forma en que fueron perpetrados”, sostuvo la Cámara Federal de Tucumán al procesar a los imputados.

El expediente de La Fronterita

El expediente se inició en 2018, a partir de los testimonios y pruebas que surgieron durante el primer juicio por el Operativo Independencia un año antes. En 2019, el juez federal Daniel Bejas dictó falta de mérito para los empresarios y luego la Cámara Federal de Tucumán lo confirmó. La fiscalía y las querellas recurrieron a Casación, que en diciembre de 2020 lo revirtió y en agosto de 2021 la Cámara de Tucumán decidió procesarlos por crímenes de lesa humanidad.

Unos meses después, hace ya cinco años, el expediente fue elevado a juicio. En ese momento había cuatro procesados: además de Figueroa Minetti y Buroti, estaban también Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, uno ya muerto y el otro apartado por problemas de salud.

Recién en abril de 2025 los procesamientos quedaron firmes tras el paso por Casación y la Corte Suprema de Justicia, y más de un año después comenzará el histórico juicio oral. Esas demoras, como sucedió en la causa por crímenes de lesa humanidad en el Ingenio Ledesma, Jujuy, garantizaron la impunidad de algunos de los acusados y provocaron que muchos familiares y víctimas murieran sin obtener justicia.