En las sesiones extraordinarias del Senado, la reforma de la Ley de Glaciares es una de las iniciativas que el oficialismo busca aprobar. El proyecto es impulsado también por interés de los gobernadores de las mesas del cobre y el litio, integradas por San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy.

Sancionada en 2010, la Ley N°26.639 establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y el ambiente periglacial como reserva estratégica de agua. Plantea la creación del Inventario Nacional de Glaciares y prohíbe actividades que puedan afectar el estado natural de este ecosistema, particularmente la minería e hidrocarburos.

Es una legislación pionera y única en el mundo que estuvo sujeta a fuertes controversias bajo gobiernos de todos los signos políticos.

Los proyectos que buscan avanzar

La Cordillera es una zona rica tanto en yacimientos de minerales como en glaciares. Sin embargo, de los más de 300 proyectos mineros en distintas etapas en el país, son menos de diez los que hoy están en tensión con áreas periglaciares.

El debate no es ajeno al contexto global: la transición energética demanda más cobre y litio a nivel mundial. Las reservas argentinas de estos minerales son importantes, pero la explotación del primero es aún incipiente. La expectativa del gobierno es clara: sumado al RIGI, una reforma de la Ley de Glaciares busca aumentar el caudal de exportaciones.

Los proyectos en tensión son mayormente de cobre y se ubican en zonas de alta montaña, al lindar o superponerse con áreas periglaciares.

San Juan concentra la mayor cantidad de iniciativas. El Pachón, operado por Glencore, es uno de los yacimientos de cobre más importantes del país. Los Azules, de McEwen Copper, y Vicuña, de BHP y Lundin Mining, también están ubicados en zonas cercanas a ambientes periglaciares y podrían ampliar sus áreas operativas con un cambio normativo. Los tres proyectos mencionados fueron presentados para adherir al RIGI.

En el borde norte de la provincia se suma el proyecto de extracción de cobre, oro y plata Josemaría, eje de conflictos judiciales hace años.

En Catamarca, el proyecto MARA (Agua Rica), también vinculado a Glencore, es otro de los casos emblemáticos. Se trata de un emprendimiento de cobre y otros minerales que enfrenta resistencias sociales y ambientales de larga data por su cercanía a Bajo La Alumbrera. Promete una inversión millonaria y también busca su adhesión al RIGI, al igual que Taca Taca, impulsado por First Quantum en Salta.

Foto: Martin Katz – Greenpeace

Los ejes del debate

Dos son los puntos fundamentales: qué zonas deben protegerse y quién lo decide.

Por un lado, la definición normativa de ambiente periglacial es considerada “vaga” y una fuente de “inseguridad jurídica”, señalan sectores empresarios. Dicha categoría incluye como áreas a proteger por su valor hídrico a zonas de alta montaña, suelos congelados o semicongelados que no tienen la apariencia clásica de un glaciar como un gran bloque de hielo.

Por otro lado, la reforma plantea que deben ser las provincias las que tomen esa decisión, por ser las propietarias constitucionales de los recursos, y porque su cercanía a los yacimientos podría hacer que cuenten con mejor información.

“El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales es el encargado de mapear los glaciares según la Ley. Sin embargo, suelen trabajar con recursos insuficientes como imágenes satelitales de áreas de difícil acceso. Esto ha generado controversias que es necesario atender. Pero, en lugar de fortalecer un organismo científico que construya criterios nacionales, lo que se busca con la reforma es que cada provincia decida, muchas veces, sin los equipos de profesionales necesarios y con la posibilidad de que se generen criterios diferentes entre jurisdicciones linderas”, señaló Elisabeth Möhle, investigadora de Fundar.

Los impulsores de la reforma sostienen que la búsqueda se centra en realizar una adecuación técnica que permita destrabar grandes inversiones sin consecuencias negativas para el ambiente. Jorge González, exfuncionario de la cartera de Minería, argumenta que este cambio podría incentivar, a largo plazo, la creación de equipos técnicos locales.

El consenso generalizado es que el RIGI está diseñado para brindar más beneficios fiscales a las empresas que oportunidades de desarrollo local.

Organizaciones ambientales alertan sobre las consecuencias de modificar esta norma en el marco del calentamiento global y el derretimiento de los glaciares. Argentina cuenta con casi 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas. La redefinición del ambiente periglacial podría tener consecuencias aguas abajo en la provisión de ciudades, zonas agrícolas y generación de energía. Sin ir más lejos, las provincias más interesadas en esta reforma son las que sufren más estrés hídrico.

Por último, es señalado como un dilema si esta reforma soluciona o incrementa la conflictividad judicial. “El gobierno no muestra vocación de generar licencia social en torno a la minería, si no se trabaja ese eje no hay posibilidad de desarrollo para la actividad”, reflexionó Möhle. «