En su denodada pretensión por destruir al Estado y allanarle el camino a ciertos empresarios en pos de negociados privados, el gobierno nacional se empecina en desarticular el sector público. El INTA, con decenas de miles de hectáreas y trabajadores calificados, es uno de los tantos organismos en la mira de la especulación inmobiliaria. Como contrapartida, casi una veintena de municipios del Conurbano rechazan la avanzada ultraliberal y proponen ordenanzas para frenar la venta de tierras.

Entre las comunas que buscan frenar la embestida está Florencio Varela, San Vicente, Luján, General Rodríguez, Berisso, Almirante Brown, Moreno, Berazategui, San Martín y Merlo, cuyos Concejos Deliberantes repudiaron la actitud del gobierno e instaron al INTA, bajo la conducción de Nicolás Bronzovich, a que cese el desguace. Se prevén medidas similares en Avellaneda, La Matanza y Lomas de Zamora.

Curiosamente, Ituzaingó, donde se encuentra la sede central de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (INTA AMBA), aún no se pronunció. A fines del año pasado, empleados de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se trasladaron hasta allí y recorrieron con un drone sus 34 hectáreas enclavadas en Parque Leloir, el gran pulmón verde del oeste del GBA, donde hoy los emprendimientos inmobilarios están en constante pugna con las normas que protegen ambientalmente la zona.

Organizaciones sociales, sindicales y políticas de la región advierten la intención de que el enorme predio pase a la órbita de la AABE y sea subastado, tal como ocurrió a fines de 2024 con el inmueble que tenía el INTA en la esquina de Cerviño y Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, rematado en U$S 18,5 millones. Con la excusa de que eran “innecesarias” otras 41 hectáreas en Salta, también fueron desafectadas del INTA.

El remate del INTA AMBA sería el corolario de un proceso que comenzó a gestarse cuando el organismo perdió su autarquía durante esta gestión, al mismo tiempo que los trabajadores quedaron sin tareas para realizar. Luego, directamente decidieron cerrar las 9 agencias del INTA AMBA que se desplegaban en diferentes zonas urbanas y periurbanas de la Provincia, con influencia en 39 distritos y 16 millones de habitantes. El ingeniero agrónomo Santiago Burrone, a cargo del Instituto de Desarrollo Económico Local, un organismo descentralizado del Municipio de Moreno, subraya la aceitada articulación de la comuna con el organismo nacional: “De hecho, la sede del INTA de Moreno, Merlo y General Rodríguez está en nuestras oficinas. Todos los días trabajábamos juntos, pero lamentablemente ahora no están viniendo”.

“Con ellos -añade el especialista- solíamos visitar cotidianamente a productores, huertas urbanas, apicultores, floricultores. Si bien somos un municipio del Conurbano, Moreno es la capital provincial del plantín floral. Acá se produce cerca de la mitad de los plantines florales de la provincia (sobre todo Alegrías del hogar y Petunias). Por eso el contacto con INTA AMBA y con el Instituto de Floricultura y el área de Apicultura era muy fluido”.

Burrone advierte que “los técnicos del INTA están siendo maltratados y relocalizados. A quienes trabajaban en agricultura familiar, en el territorio, le ofrecieron ir al Instituto de Genética, por ejemplo. Es un desgaste mental y físico. Mientras desmantelan las oficinas del INTA AMBA y las agencias de extensión, como la nuestra, les sacan presupuesto, no les dan recursos, no actualizan los sueldos”. Y subraya que desde el Municipio acompañan «todo lo que se puede», pero el INTA es quien debe hacer ensayos, probar variedades «y un montón de cuestiones técnicas importantes para esta región que repercute en la vida de los productores, de los horticultores, de las huertas comunitarias, todo lo cual atenta contra la soberanía alimentaria”.

El ingeniero agrónomo y delegado de ATE, Sebastián Fajardo, es uno de los 100 trabajadores del INTA AMBA trasladado a otras dependencias del organismo, en su caso, a La Plata: “Siempre denunciamos que más allá del ajuste y achicamiento de la planta, detrás estaba el interés de la venta de las tierras, estratégicamente pegadas al Acceso Oeste y en la entrada de Parque Leloir que tienen un valor inmobiliario altísimo». Lamenta que ahora no pueda trabajar en el territorio, «acercando tecnología desarrollada por el INTA a los productores. Todos esos años de formación están perdidos».

De los 6700 trabajadores que había en el INTA, unos 880 se dieron de baja por retiros voluntarios, cesantías, jubilaciones o renuncias. El Gobierno quiere recortar 1700 puestos más. A principios de marzo se prevé una nueva apertura de retiros voluntarios.