El Congreso sigue debatiendo (y aprobando) la andanada de normas recesivas enviadas por el Gobierno nacional, desde lo laboral, desde lo económico, y también desde lo social. Eso se vive este jueves en Diputados, con el proyecto oficial por la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. En ese marco, la ex Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, cuestiona en diálogo con Tiempo el enfoque punitivista, advierte sobre errores conceptuales y sostiene que la evidencia empírica demuestra que endurecer penas no reduce el delito.

“Lo que falta no es castigo, es Estado, estamos discutiendo bajar la edad penal cuando más del 99 % de los chicos no tiene ningún conflicto con la ley”, afirma a este diario. Enfatiza que a aquellos que queden detenidos, «se los expone a volver a delinquir». Y deja una frase que resume la situación: «Bajar la edad de imputabilidad no da más seguridad, es un placebo que engaña a la sociedad”.

“Es una ley que no se va a cumplir”

—Hoy se habla de la edad de imputabilidad. ¿Está bien planteado el debate en esos términos?

—No. Hay un error conceptual, que es jurídico. No se trata de la edad de imputabilidad, sino de la edad de punibilidad. Los niños y niñas saben desde muy pequeños qué está bien y qué está mal. No es verdad que recién a los 13, 14 o 16 años distingan lo correcto de lo incorrecto. La discusión no es si entienden, sino si el Estado decide aplicar o no el sistema punitivo. La Convención sobre los Derechos del Niño dice que los Estados parte deben fijar una edad por debajo de la cual no se aplicará el sistema penal. En la Argentina, desde hace muchos años, esa edad es 16. Es una decisión político-legislativa. Hubo momentos en que se bajó a 14, incluso durante la dictadura, y luego se volvió a subir.

—Aun suponiendo que la ley se apruebe, ¿cree que puede aplicarse correctamente?

—No. Se va a cumplir mal. A los pibes los van a meter en cualquier lado, con operadores que no saben tratar con chicos en conflicto con la ley penal. Así no se evita la reincidencia, al contrario: se los expone a volver a delinquir. El riesgo es que los chicos salgan peor de lo que entraron. Si no hay operadores capacitados, equipos técnicos ni dispositivos adecuados, lo único que se logra es mayor reincidencia.

—Usted plantea que la conflictividad juvenil no es homogénea en todo el país. ¿Dónde está concentrado el problema?

—La conflictividad está concentrada en muy pocas jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y el conurbano bonaerense, principalmente en el primer y segundo cordón, y en parte del tercero. El resto del país no tiene delitos cometidos por chicos. En otras provincias como Catamarca o La Pampa no es un problema. No existen casos de chicos punibles con delitos graves. Sin embargo, se pretende hacer una ley nacional que obligue a todas las provincias por igual. Eso va a generar conflictividad donde hoy no la hay. Porque al bajar la edad, se empieza a criminalizar a chicos que antes estaban fuera del sistema penal. Es crear un problema nuevo en provincias que hoy no lo tienen.

“El costo oculto de bajar la edad”

—Muchas veces el debate se centra solo en dónde van a estar detenidos los chicos. ¿El problema termina ahí?

—No, para nada. El gasto no es solo el lugar físico. Se necesitan equipos interdisciplinarios especializados, operadores capacitados, dispositivos adecuados y, además, un sistema judicial preparado. Se necesitan juzgados especializados, jueces especializados, fiscales, defensores públicos. Hay que ampliar el sistema: nombrar más jueces, más operadores, más equipos técnicos. Todo eso tiene un costo enorme.

—¿Hoy las provincias están en condiciones de asumirlo?
—No. Y menos si el dictamen no prevé plazos razonables. Si el plazo es inexistente o muy corto, esto no se va a cumplir. No es un proceso fácil ni rápido.

—Las estadísticas oficiales muestran que solo el 0,3% de los adolescentes de 16 y 17 años de la provincia de Buenos Aires estuvo involucrado en procesos penales en 2024. ¿Qué lectura hace de esos números?
—Esto demuestra que la conflictividad penal juvenil es bajísima. Estamos hablando de 1.802 jóvenes investigados sobre una población de más de 555.000 adolescentes. No existe ningún baño de sangre protagonizado por menores de edad, como se quiere instalar. El foco está completamente corrido. El 98% de las investigaciones penales son contra adultos. Entonces, concentrar el debate público y legislativo en bajar la edad de punibilidad es, como mínimo, deshonesto intelectualmente.

—Quienes impulsan la baja sostienen que es una respuesta al problema de la inseguridad. ¿La evidencia acompaña esa afirmación?
—No. Está comprobado que a menor edad de punibilidad hay mayor índice de criminalidad, y a mayor edad, menor índice. Brasil bajó la edad a los 12 años hace más de 30 años: ¿mejoró la seguridad? No. Tiene un índice de criminalidad altísimo, muy superior al nuestro. En Argentina, en cambio, pasamos de 4,2 a 3,7 homicidios cada 100.000 habitantes. Eso lo dijeron la actual ministra de Seguridad y la anterior. Entonces, si tenemos el índice más bajo de la región, ¿por qué cambiar una política que no está fracasando?

“El problema es el crimen organizado, no los chicos”

—Usted menciona que los delitos más graves están vinculados al crimen organizado. ¿Cómo entra ahí la cuestión juvenil?

—Cuando un chico es captado por el narcotráfico tenemos un problema gravísimo, pero no lo vamos a resolver castigando al chico, sino persiguiendo a los adultos que manejan el crimen organizado. El Estado se retiró de muchos barrios y esos territorios fueron ocupados por los narcos.

—Casos como el de Rosario suelen usarse para justificar la baja de la edad.

—Son casos de sicariato. Chicos mandados a matar o a morir. Eso no justifica bajar la edad. Al contrario: demuestra el fracaso del Estado en prevenir y proteger.

—¿Qué tipo de delitos cometen mayoritariamente los menores de 16 años?

—Delitos contra la propiedad: robos, hurtos, algunos robos con armas. Los delitos graves —homicidios, violaciones— son estadísticamente ínfimos, tanto por debajo como por encima de los 16 años.

—Sin embargo, esos casos generan un fuerte impacto social.
—Y con razón. A una madre o a un padre que perdió un hijo, la estadística no le sirve. Para esa familia el daño es del 100%. Por eso hay que trabajar seriamente con las víctimas, algo que tampoco hacemos bien.

“La baja de edad es un placebo”

—Se suele decir que los chicos menores de 16 «entran por una puerta y salen por la otra».

—Eso es mentira. Hay chicos no punibles privados de libertad, otros bajo sistemas de protección de testigos, otros con medidas de protección. La puerta giratoria existe para los ricos, no para los sectores vulnerables. En las cárceles no hay clases medias altas. Y lo mismo pasa con los chicos. El sistema penal no llega a los barrios privados, llega a los barrios pobres.

—¿Qué observaciones realizaron desde el Comité de los Derechos del Niño?

—Que la Argentina debe derogar la ley actual y sancionar una buena ley penal juvenil, pero con cuatro condiciones: no bajar la edad, no agravar las penas, aplicar justicia restaurativa y que la privación de libertad sea la última ratio.

—¿Por qué insiste en que bajar la edad es un engaño social?
—Porque es un placebo. Endurecer penas no va a evitar que le roben la cartera a una señora o el auto a alguien en su garage. Eso va a seguir pasando. Se le vende a la sociedad una expectativa falsa que después termina en frustración.

—Usted menciona experiencias concretas que sí dan resultados. ¿Cuáles?
—Ensenada, La Pampa, varios municipios del conurbano. Programas que trabajan en red con escuelas, clubes, parroquias, fiscales y jueces. Previenen la reincidencia y muchas veces el primer delito.

—¿Qué es lo que realmente reduce la violencia?
—Más escuela, más salud, más salud mental. Políticas públicas reales. Lo que genera violencia no es la pobreza, es la desigualdad y la inequidad. Y eso no se resuelve con castigo, se resuelve con Estado. En la tasa de homicidios arriba de todo está Ecuador. Tiene hoy la tasa más alta y una edad de punibilidad de 12 años desde hace más de tres décadas. Brasil también tiene una edad de punibilidad de 12 años desde principios de los 90 y registra tasas de homicidio superiores a 23 cada 100.000 habitantes. Argentina, en cambio, mantiene la edad de punibilidad en 16 años y tiene hoy la tasa de homicidios más baja de toda la región. Hay algo muy claro: los países que tienen la edad de punibilidad más baja son los que tienen las tasas de homicidios más altas. Ecuador, Honduras, Venezuela, Brasil, México: todos tienen edades mínimas de 12 o 13 años y tasas de homicidios altísimas. Esto demuestra que no es cierto que bajar la edad reduzca el delito. Al contrario: la evidencia regional muestra que bajar la edad no baja la violencia. Nosotros sostenemos que si se baja la edad, la tasa va a subir, porque se va a criminalizar a chicos que hoy están fuera del sistema penal. Hay una correlación clara entre menor edad de punibilidad y mayor índice de homicidios. No es una opinión ideológica, es evidencia empírica.

—Sin embargo, el argumento de la baja sigue ganando espacio político.

—Porque es una respuesta simple para un problema complejo. Es marketing punitivo. Se le dice a una parte de la sociedad que endureciendo penas va a vivir más segura, cuando la realidad regional demuestra exactamente lo contrario.