Más de 20 efectivos de la Policía de Santa Fe comenzarán a ser juzgados este miércoles en los Tribunales de Rosario, donde deberán responder por acusaciones de torturas, privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros abusos cometidos en perjuicio de siete jóvenes que fueron apresados y detenidos hace ocho años en la Comisaría 14ª de esa ciudad.

Se trata del debate de la causa conocida como “las cuatro plazas”, un caso de violencia institucional ocurrido en la madrugada del 23 de marzo de 2018, en la zona oeste de Rosario y en el cual se visibilizaron una serie de “prácticas sistemáticas” seguidas por los uniformados de la provincia en democracia, según señalaron a Tiempo Argentino los abogados de la querella que sigue la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) en representación de las víctimas.

Florentino Malaponte, Gonzalo López Quintana y Fernando Sosa serán los magistrados que estarán a cargo de este proceso oral y público que se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal, ubicado en Mitre 851. En tanto que la acusación del Ministerio Público de la Provincia estará a cargo de la fiscal Karina Bartocci. Se prevé que las audiencias se extiendan hasta el 9 de marzo y que declaren más de 50 testigos.

“Este juicio es posible por el compromiso de las víctimas que, pese a sufrir hostigamientos y amenazas a lo largo de estos años, que fueron denunciadas ante la Justicia, mantuvieron sus declaraciones para sostener las acusaciones”, indicó a este medio Julia Giordano, abogada de la APDH, querellante en este expediente.

Los hechos

Aquella madrugada de fines de marzo de 2018, cerca de las 4 de la madrugada, un grupo de amigos se encontraba reunido en una zona conocida como las Cuatro Plazas, ubicada en la intersección de las calles Mendoza y Provincias Unidas. Eran siete jóvenes de entre 21 y 24 años.

Dos de ellos, Emmanuel Chiavassa y Valentina Desire Caino, se desprendieron por un momento de la reunión para dirigirse a un kiosco cercano. Iban a bordo de una moto y a poco de andar notaron que los seguía un patrullero. Los jóvenes nunca recibieron la voz de alto y volvieron a las Cuatro Plazas.

Valentina se bajó de la moto y se volvió a juntar con sus amigos. Emmanuel siguió su marcha. Dos agentes, Ariel Godoy y Gastón Farley lo interceptaron, lo detuvieron y lo tiraron al piso. Le pegaron patadas con sus borcegos. Le quitaron sus pertenencias y le pidieron los papeles de la moto. Emmanuel los tenía y estaban en regla. Pero los efectivos lo detuvieron y subieron al vehículo policial y lo llevaron hasta las Cuatro Plazas, donde estaban sus amigos, que poco antes habían sido abordados por otros dos policías, los suboficiales Mariano Saavedra y Érica Denis, que armas en manos les exigieron a los jóvenes –sin fundamento legal alguno- que se apoyaran contra el patrullero.

Uno de los chicos, Sasha Ventura, pidió explicaciones y recibió insultos y golpes por parte de Saavedra, que le pegó primero con una mano abierta y luego con culata de su arma reglamentaria. Sus amigos, Nelson Retamozo, Cristian Flores y Álvaro Gallo, le pidieron que pare. Fueron golpeados por el policía.

Según la acusación de la fiscalía, Sasha, en “una actitud defensiva”, empezó a correr hacia la Provincias Unidas y la policía Denis le disparó con arma antitumulto y lo hirió en la pantorrilla izquierda. El joven es detenido a varias cuadras del lugar y es golpeado por otros efectivos, que le provocaron lesiones de consideración y además le cortaron sus rastas. Mientras tanto, en el lugar se concentraba una veintena de móviles policiales y camionetas.

Todos fueron llevados a la seccional 14ª, donde recibieron amenazas, insultos, agresiones, golpes y permanecieron varias horas esposados. Vatentina, separada de sus amigos, fue tildada de prostituta por varios efectivos. Le exigían que dijera dónde estaba “la mochila rosa” que supuestamente había descartado. Nelson fue desnudado y luego le ordenaron que se volviera a vestir. Lo pusieron contra una pared y un policía le apoyó sus genitales en sus glúteos. “¿Sabes cuántos pibes como vos me cogí? Acá hacemos lo que queremos”, le espetó el efectivo.

Los jóvenes fueron liberados a las 19 de ese día. Algunos de ellos declararon que durante sus detenciones les sustrajeron dinero que llevaban. Los hechos de violencia institucional que padecieron fueron denunciados y la causa siguió adelante pese al hostigamiento y las amenazas que recibieron por parte de los policías involucrados.

En la actualidad, son cinco las víctimas que llevan adelante la querella que representa la APDH.

En total, hay 21 policías imputados de diversos delitos. Algunos estuvieron en prisión preventiva durante algunos meses, pero en la actualidad siguen en servicio y llegan a este juicio en libertad.

La querella y fiscalía piden penas que van de los cinco a los 12 años de prisión para los policías que actuaron en este caso, que sucedió cuando el actual gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro era ministro de Seguridad de la provincia.

“Esperemos que se imponga en este caso la mejor tradición del Poder Judicial de Santa Fe ante casos de violencia institucional y estos hechos reciban condenas, puntualizó Giordano.