La relación entre Jorge Macri y Javier Milei pasó por todos los estadios posibles. De aliados desconfiados a enemigos íntimos, el presidente y el jefe de gobierno porteño habitan una convivencia forzada que los mantiene cautivos entre la puja de poder y la coexistencia por supervivencia. Los tironeos por los incumplimientos en el pago de la deuda por coparticipación y la inminente decisión del jefe de Estado de volver a competir contra el PRO en territorio capitalino, no obstante, no fueron motivos dignos para impedir negociaciones para concretar el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad.

Los operadores judiciales del gobierno nacional comenzaron a tender puentes con Uspallata desde hace algunos meses con cuidada discreción. Pese a las diferencias políticas y personales que ninguno de los dirigentes logra solapar, tanto Milei como Macri entendían necesario avanzar con un traspaso demorado por más de tres décadas. Con el líder libertario abrazado a su discurso de “frenar la industria del juicio” y el jefe de gobierno dispuesto a concretar lo que ninguna otra gestión porteña había logrado de 1994 a la fecha, el espanto los unió con velocidad.

Las negociaciones comenzaron a mediados del año pasado y tuvieron al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y su par porteño, Gabino Tapia, como protagonistas. Los barones de derecho se pusieron al hombro las discusiones y cerraron un trato que quedó formalizado en un decreto que no lleva la firma de ninguno. Este lunes, el Boletín Oficial facultó al jefe de gabinete, Manuel Adorni, a representar al Estado Nacional en el acuerdo de transferencia de competencias relativas a la función judicial en materia laboral.

El texto lleva la firma de Milei y Mariano Cúneo Libarona, quien a pesar de oficiar como ministro, no intervino en lo más mínimo en esta discusión. Hay quienes incluso lo acusan de mover sus poderosos hilos para intentar frenar la medida que tendrá considerables consecuencias para el establishment judicial que opera en territorio porteño. En poco más de una década, los subrogantes dejarán de tener bajo su control las causas laborales que hoy descansan en sus escritorios ya que el acuerdo prevé el cierre de más de treinta juzgados nacionales. Sólo los conflictos colectivos de trabajo, las negociaciones paritarias y las causas vinculadas a la Ley de Asociaciones Sindicales seguirán a cargo de la Justicia Federal.

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en Ciudad los jueces son elegidos por el Consejo de la Magistratura porteño, el cálido hogar donde conviven todas las tribus políticas que habitan la city. En febrero del 2025, el organismo abrió un concurso para elegir diez juzgados de primera instancia, dos fiscalías, dos defensorías oficiales y una Cámara de Apelaciones con dos salas integradas por tres jueces cada una. Serán los encargados de tomar las nuevas causas a partir del cierre de los juzgados vigentes en los próximos 180 días posteriores a la aprobación del acuerdo nacional en el Congreso. Este miércoles, el gobierno logró meter por la ventana el tratamiento del traspaso en el Senado y, si todo marcha acorde al plan, el tratamiento será igual del express en Diputados en los próximos días.

Si bien el acuerdo ya fue firmado, las negociaciones no terminaron. Pese a la bendición formal de Adorni, el acuerdo de transferencias se discute en un círculo muchísimo más elevado de poder que suma a la mesa a un ineludible actor del mundillo judicial porteño. Además de los operadores del GCBA y el gobierno nacional, emisarios de Daniel Angelici forman parte de las discusiones para completar los juzgados venideros. Con el «Tano» oficiando como apéndice honoraria del Ejecutivo porteño, en Nación pretenden consolidar un esquema de reparto “equitativo” entre todos los actores, donde la mitad de los juzgados tengan representantes ligados al oficialismo nacional y la otra mitad a la alianza Macri-Angelici.

En este punto, otra actriz fundamental se suma al show de la repartija. La presidenta de La Libertad Avanza de CABA, Pilar Ramírez, está a cargo de cerrar los acuerdos con los emisarios del binguero y el exintendente de Vicente López. El resultado de esta rosca no sólo marcará a fuego su futuro dentro del tablero de poder libertario, también podría posicionarla como una considerable opción para hacer de contrapeso al poder que Patricia Bullrich pretende arrebatarle a Jorge Macri en las elecciones del 2027.

Pese a que en terreno judicial las conversaciones fluyen, la buenaventura no se replica en el resto de las mesas. Las negociaciones por la recomposición de la Coparticipación que el estado nacional adeuda a la Ciudad desde hace meses siguen en terreno pantanoso. Todavía sin resoluciones concretas sobre cómo se abonará el pasivo, desde la administración porteña advierten que el monto ya supera los $ 530.000 millones, instancia que expone a la gestión macrista a un problema no sólo político sino ahora también financiero.

El miércoles pasado, el Ministerio de Economía dispuso el desembolso de $ 175.700 millones a las arcas de la Ciudad provenientes de la cuenta de Obligaciones del Tesoro Nacional. Mediante la Decisión Administrativa 2/26, Nación firmó una reasignación de partidas al GCBA para ejecutar los pagos previstos para el primer trimestre del año y cumplir con el acuerdo cautelar dispuesto por la Corte Suprema que establece el pago de la deuda de coparticipación mediante una transferencia diaria del 1,40% y otra semanal del 1,55 por ciento. Hasta el momento del cierre de esta nota, el monto aún no había sido depositado en las arcas porteñas.

Si bien el gobierno cumple con el pago del monto de coparticipación que le corresponde a la Ciudad, la deuda acumulada está lejos de ser saldada. En Nación se justifican y advierten que el incumplimiento del fallo se debe estrictamente a la imposibilidad monetaria del Estado de pagar una deuda de esta magnitud. Para intentar subsanarlo, desde el Ejecutivo plantearon una serie de propuestas a los equipos técnicos del jefe del gobierno que, pese a asistir a todas las reuniones a las que fueron convocados, aún siguen sin llegar a un punto en común.

Foto: Mariano Martino

Una de las posibilidades es pagar la deuda mediante la cesión de terrenos estatales, a través de la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas al que ya accedieron dieciocho provincias. La Ciudad es una de las seis jurisdicciones que aún no firmó y tampoco está claro por qué no lo hicieron. Desde el gobierno porteño hicieron saber que tienen intenciones de avanzar con el proceso de cese del predio de 30 hectáreas donde funcionaba el Mercado de Hacienda de Liniers, que hoy se encuentra bajo control de la Agencia de Administración de Bienes de Estado (AABE), encargada, a su vez, de ser la veedora del proceso de entrega, pero sin intenciones de adherir al Régimen, instancia que no es aceptada por Nación.

Frente a esta encrucijada, fuentes del oficialismo nacional confiaron a este diario que una de las posibilidades que evalúan es consolidar el pago de la deuda mediante la entrega de bonos, un mecanismo que les permitiría a ambas partes descomprimir los intereses diarios y evitar el incumplimiento de la resolución de la Corte. “Se está evaluando, las conversaciones siguen”, dijeron a Tiempo desde la mesa de diálogo Nación-Ciudad. Las reuniones entre ambos equipos técnicos se retomarán en las próximas semanas con la intención de llegar a un acuerdo entre las gestiones. Hasta entonces Javier Milei seguirá debiéndole fortunas a Jorge Macri.  «