El sábado 14 se cumplió un año del día en el que Javier Milei usó su cuenta de X para promocionar el token $Libra. Si bien la causa que investiga la aparente estafa arrancó una semana después y hubo algunos avances, en los últimos meses no se produjeron novedades relevantes. Preguntas como quién le dio al presidente el código de compra del activo digital que dejó un tendal de inversores a pérdida todavía no tienen respuesta, y es por eso que crecen las quejas para que se reactive la causa y haya llamados a indagatoria.

Los reclamos están dirigidos al fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la causa que supervisa el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Ahí, el mandatario es el principal imputado, pero también se investiga a los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían oficiado de nexo entre Milei y el estadounidense Hayden Davis, señalado como el creador del token que tras la difusión presidencial pegó un salto desde centavos de dólar hasta casi U$S 5, y luego se desplomó. Se los investiga por la posible comisión de estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

En octubre, el juez hizo lugar a un pedido fiscal para que se analice el contenido de los dispositivos secuestrados a Novelli y Sergio Morales, otro imputado, y el contenido de los intercambios que pudieran haber tenido, por ejemplo, con alguna de las 14 líneas telefónicas a nombre de Milei, según informes de  las empresas Claro, Movistar y Telecom.

Lo mismo con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y otra de las imputadas. La hermana del presidente está bajo sospecha por supuestos cobros de dinero a cambio de fotos o encuentros con el mandatario en un evento cripto previo al lanzamiento de $Libra, y también por haber sido quien autorizó los ocho ingresos de Novelli a Casa Rosada.

Quienes orbitan la causa creen que de ese análisis podrían surgir datos relevantes. Pero la pericia se ordenó hace tres meses y aún no se sabe cuándo estará terminada. En la Justicia buscan calmar las ansiedades. “Estamos dentro de los tiempos habituales”, dijo una fuente a este medio.

El juez, por su parte, tiene pendiente responder si corresponde sumar como querellantes a Vladislav Lapchenko y Krasutskaya Sviatlan, dos ciudadanos bielorrusos que habrían invertido en el token promocionado por Milei y alegaron pérdidas por más de dos millones de dólares. Según fuentes judiciales, se está terminando de analizar el origen de los fondos que invocaron como inversión y en los próximos días se conocería si entran o no a la causa.

También tiene que redefinir los embargos de los imputados tal como le ordenó la Cámara Federal en una resolución que se conoció en medio de la feria judicial. Fue la Sala I, integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi la que, además, lanzó un llamado de atención que en cierto modo acompañó los reclamos por celeridad. Fue cuando instaron al juez a que arbitre los medios necesarios “para obtener la producción de probanzas (…) con el objeto de esclarecer la situación de los encartados” para “alcanzar los restantes fines del proceso penal”.

En términos más simples, la Cámara se subió al reclamo para que avance la investigación.

Pese a la quietud actual, el año pasado hubo revelaciones importantes en el marco del primer gran escándalo judicial que golpeó a la gestión libertaria y por el cual el presidente y su hermana quedaron imputados. La Fiscalía logró, con ayuda de la querella, reconstruir parte de la ruta del dinero que se movió antes y después del lanzamiento de $Libra, identificó billeteras de los imputados y declararon testigos de interés (ver recuadro).

Entre los descubrimientos, se supo que diez días antes del tuit promocional de Milei, Novelli -dueño de la academia de trading NW donde el presidente dio clases al menos desde 2020- abrió una caja de seguridad en un banco de zona norte. Y que el primer día hábil post lanzamiento de $Libra, cuando el escándalo había estallado, su madre Alicia Raffaele y su hermana María Pía Novelli acudieron a ese banco, fueron a la zona de cajas de seguridad y salieron de la sucursal con sus bolsos cargados. La Justicia llegó tarde: cuando las cajas fueron allanadas estaban vacías.

Paralelamente, en las últimas semanas hubo novedades que no surgieron de la investigación judicial. El periodista Mariano Vidal, de Clarín, publicó el texto del acuerdo confidencial que habría firmado Milei con Davis y reveló detalles de cómo se gestó el lanzamiento del token en una sala de un hotel de lujo ubicado en Dallas, donde había una veintena de personas, entre ellos Novelli, Terrones Godoy y Davis. Según publicó, desde esa sala le habrían mandado a Milei el contrato que publicó en X y por el cual terminó bajo investigación. Uno de los desafíos que tienen los impulsores de la causa es poder incorporar esa información al expediente.

Ese contexto lleva a los querellantes a coincidir en que se debe avanzar hacia las indagatorias. En el caso de la querella comandada por el damnificado Martín Romeo y el abogado Nicolás Ozsust, la bronca con la lentitud judicial llegó al punto de que pidieron, sin éxito, el apartamiento de Taiano.

“La vinculación entre Terrones Godoy, Novelli, Morales y el presidente, todas las reuniones previas; la presencia de Novelli y Terrones en Estados Unidos con Davis al momento del lanzamiento de la moneda; las transferencias que hizo Davis antes y después de su reunión con Milei… Todas esas son situaciones que están probadas en el expediente y por eso creemos que ya están las condiciones para avanzar en las indagatorias”, dijo Ozsust a Tiempo.

Semanas atrás, este medio dio a conocer el dictamen en el que el fiscal rechazó apartarse y, entre otras cosas, justificó por qué aún no llamó a nadie a declarar: dijo, simplemente, que “no existen elementos suficientes para formar el estado de sospecha” requerido en el Código Procesal para avanzar en ese sentido.

Para Nicolás Rechanik, abogado junto al diputado Juan Grabois de otros de los querellantes del caso, eso no es así. “La prueba está y está clara para avanzar en las indagatorias de todos los imputados. Ahora bien, respecto de Terrones Godoy y Novelli no existe posibilidad de que no sean citados”, afirmó ante la consulta de este medio.

Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), una asociación que actúa como amicus curiae en la causa, aseguró que incluso Milei debe ser indagado.

“Pedimos que se lo llame a declarar por negociaciones incompatibles con la función pública. No por estafa, porque es una figura que requiere de elementos más complejos que al día de hoy no han sido producidos. Su difusión de un tuit en el que puso en conocimiento a la sociedad y al público inversor la dirección de un contrato virtual ya es suficiente como para configurar la conducta. Porque al hacerlo, se interesó de forma directa o indirecta en un negocio ajeno”, explicó.

En un año, Milei pasó de destacar el token como una oportunidad a borrar su posteo, decir que no estaba “interiorizado” y que no lo promocionó, sino que lo difundió. Luego agregó que no tiene nada que ocultar.

La pregunta ya no es qué dirá cuando le vuelvan a preguntar, sino qué hará la Justicia.  «