A través de un decreto publicado en Boletín Oficial, el régimen de Javier Milei dio por finalizada una de las pocas políticas de Estado que mantuvo tanto el peronismo como el macrismo, al eliminar varias funciones clave de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el organismo encargado del control de armas en el país. Además, restituyó el Registro Nacional de las Armas (RENAR).

“Con esta decisión, Argentina retrocede al modelo de 1973: un Registro Nacional de Armas (RENAR) pasivo, sin capacidad legal para implementar una política activa de prevención y control de las armas de fuego”, esgrimieron desde la Red Argentina para el Desarme (RAD). Es que a través del Decreto 445/2025, que lleva la firma del presidente, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se eliminaron varias de sus funciones.

Cabe mencionar que el organismo fue creado a fines de la gestión de Cristina Fernández, en 2015, a partir de una Ley aprobada prácticamente por todo el arco político. La ANMaC reemplazaba así al viejo RENAR creado en 1973 con el objetivo de convertirse “en una agencia moderna basada en el concepto humanista de prevención de la violencia armada: un claro norte para la formulación de políticas de control y de restricción de la proliferación de armas de fuego”, precisaron desde la institución que criticó la reciente medida del gobierno.

La ANMaC funcionaba como un organismo descentralizado y autárquico bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Con la excusa de “optimizar su funcionamiento y facilitar la coordinación con las políticas de seguridad nacionales, a la vez que se mantiene la especialidad técnica del organismo para la administración de las bases de datos sensibles y su rol regulador y de control de los materiales regulados”, según puntualizaron en el decreto, se disolvió el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), encargado de financiar acciones y programas destinados a prevenir la violencia armada.

La RAD advierte que este decreto va en sintonía con una serie de “medidas regresivas” ya implementadas como la reducción de la edad mínima para acceder a armas; la flexibilización del acceso a armas semiautomáticas; la “tenencia exprés” y suspensión del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, entre otras iniciativas. Todo esto, sin pasar por el Congreso por lo que esta ONG insta a los legisladores a frenar el decreto.

De esta manera, “el gobierno argentino imita lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada, ya que facilita que cualquier conflicto social pueda terminar a los tiros; que niños y niñas estén más expuestos a balaceras, masacres escolares o accidentes con armas; que el crimen organizado acceda con mayor facilidad a armamento, incluso superior al que poseen las policías; que las víctimas de violencia de género sufran más femicidios y amenazas con armas de fuego; y que aumente el riesgo de suicidios”, enumeraron.