Personas en situación de calle: el Gobierno de la Ciudad se queda corto

Si bien los datos desagregados estarán disponibles dentro de un mes, cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) termine su procesamiento, los resultados preliminares muestran un aumento con respecto a años anteriores. 

El primer censo, realizado en 2017, había determinado que 3.560 personas se encontraban en situación de calle. El segundo se llevó a cabo en 2019 y el número se había duplicado (en consonancia con las políticas macristas en Nación, Ciudad y Provincia): eran 7.251 personas. En ese momento, los datos también diferían con los del Gobierno de la Ciudad. Desde ese año hasta hoy creció alrededor de un 60%, con una marcada aceleración el último año y medio. De hecho el propio censo oficial había informado un incremento del 55% en los últimos dos años.

En la conferencia de prensa, Iañez sostuvo que se trata de un ‘desacuerdo metodológico‘: “por las características que tiene la población de calle es fundamental plantear [el censo] durante tres días en los tres turnos consecutivos, porque sabemos que no es lo mismo a quienes vamos a encontrar”. 

Maria Sol Lacava es coordinadora del colectivo Hambre Nos de Barrios de Pie. En diálogo con Tiempo Argentino resalta el aumento de la población de adultos mayores en la calle y de personas que tienen trabajo pero no les alcanza. 

“Nosotros lo venimos viendo, pero cuando tenés los datos es más impactante –asegura–. El aumento de personas que han emigrado a dormir en los barrios populares por la violencia institucional también es llamativa. Afuera limpian la calle, como si fueran basura”. 

En lo que va del año, 63 personas que se encontraban en situación de calle murieron, 13 de ellas en CABA, según la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle.. Como dicen desde las organizaciones sociales: no fue el frío, fue la violencia del Estado.

A esta situación se suma la modificación de la Ley 27.654 que protege a las personas en situación de calle a través del decreto 373/25. Javier Milei deslindó al Estado nacional de su responsabilidad para con esta población y la pasó totalmente a las gestiones provinciales. El Ejectuvio se encargará de supervisar y eventualmente podrá financiar jurisdicciones locales que lo necesiten.

La organización cuenta

Este año la encuesta se dividió en siete apartados. Por un lado, la planilla observacional para registrar información básica de cada persona y poder contar a las personas, más allá de si querían o no responder la encuesta. Por el otro, características demográficas; si tenían niños, niñas o adolescentes a cargo; trayectoria en la calle; salud; y violencia institucional. 

Una novedad de esta edición fue la incorporación de una aplicación móvil, que permitió agilizar la carga, el procesamiento y el cruce de los datos relevados. Las y los participantes recibieron capacitaciones previas para usarla correctamente y para estandarizar el procedimiento de recolección de información. 

Foto: Dabove Daniel/Télam

Más de 50 organizaciones sociales, políticas y no gubernamentales participaron de esta experiencia colectiva realizada el 26, 27 y 28 de julio en todos los barrios porteños.

Algunas de ellas fueron Proyecto 7, Nuestramerica Movimiento Popular, Red Puentes, Lxs Irrompibles, La Patria es el Otro, Barrios de Pie, Frente Popular Patria y Futuro, MP la Dignidad, Kilómetro 0 y alrededor de 300 voluntarios y voluntarias.

¿Cómo seguir?

“Hay dos posturas sobre cómo afrontar el problema”, afirmó la legisladora Iañez. Por un lado, el ingreso de emergencia a Centros de Inclusión. Por el otro, una fuerte política represiva desplegada por el Gobierno de Jorge Macri. “No podés tener dos maneras de abordaje que son contradictorias. Lo vimos el año pasado con las campañas publicitarias que tenían que ver con los operativos de limpieza y de higiene”, sostuvo en referencia a los spots del actual Jefe de Gobierno.

En respuesta a esta violencia institucional, durante la conferencia de prensa se presentaron 10 puntos acordados por las organizaciones participantes para exigir al Gobierno porteño que, básicamente, respete los derechos de las personas que están en una situación de vulnerabilidad habitacional. 

Foto: Mariano Martino

Las exigencias van desde jerarquizar el Subsidio Habitacional 690 y convertirlo en una ley, suspender todos los desalojos, solicitar el cese inmediato de la represión y persecución por parte de las fuerzas de seguridad, hasta decretar la emergencia en situación de calle y adicciones en todo el ámbito de la Ciudad, 

“El censo es un puntapié. Tiene que haber frazadazos, merendazos y ollas populares por todos lados. Nadie se puede quedar con los brazos cruzados con la cantidad de personas que están en situación de calle”, concluyó Mariam López Dualde, referente de Red Puentes.