El presidente Javier Milei oficializó este lunes a través del Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.

En los considerandos del Decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran «fiscalmente irresponsables» y que incumplían la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas.

Los argumentos del veto

El Gobierno fue contundente en su rechazo, basándose en dos ejes principales:

• Costo fiscal «exorbitante»: El decreto afirma que los tres proyectos en conjunto implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones de pesos en 2026. Sostienen que esto equivale a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que «dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales» y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como «innegociable».
• Vicios en el procedimiento legislativo: el Ejecutivo también argumentó que el proceso de aprobación en el Senado estuvo «viciado por graves nulidades». Señalan que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una «ilegítima interpretación del Reglamento».

Foto: Gentileza Oscar Sanchez

El detalle de las leyes vetadas

• Jubilaciones: proponía un aumento de emergencia del 7,2%, creaba un bono permanente de $110.000 (actualizable) y establecía transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas.
• Moratoria: reinstalaba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo el acceso a la jubilación sin los 30 años de aportes efectivos, y flexibilizaba las condiciones para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
• Discapacidad: declaraba la emergencia nacional en la materia hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad y establecía una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema, entre otras medidas.

Tras el veto, la discusión volverá ahora al Congreso, donde la oposición necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para poder insistir y convertir en ley los proyectos rechazados por el presidente.