Esta semana, las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados debatieron lo que las asambleas ambientales, las organizaciones sociales y comunidades de las zonas agrícolas de nuestro país nombran como el “Proyecto del Veneno”. Se trata de una ley de alcance nacional de “presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios” que propone distancias de, apenas, diez metros para las aplicaciones terrestres y de 45 metros para las aéreas respecto de viviendas, escuelas rurales, cursos de agua y áreas habitadas.

“Este Proyecto del Veneno del poder legislativo nacional a igual que la Resolución del Veneno en el territorio bonaerense (en referencia a la Resolución N°246-MAGP-18 impulsada por el entonces ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, que autorizaba las aplicaciones de agrotóxicos –tanto aéreas como terrestres– «en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento») representan un ataque directo al derecho constitucional a un ambiente sano, al derecho humano a la salud, al agua potable y a la dignidad humana”, expresa el escrito presentado por un colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados de distintos distritos provinciales dirigidos a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación exigiéndoles la convocatoria a audiencias públicas, foros y videochats.

El Proyecto del Veneno, argumenta la misiva, “incide directamente en derechos constitucionales (art. 41 CN) y en bienes colectivos (salud, agua, ambiente), por lo que la decisión legislativa debe incorporar participación ciudadana conforme a la Ley General del Ambiente 25.675” al tiempo que se remarca “la obligación de todas las autoridades de integrar la variable ambiental en sus decisiones”.

Sin grieta para fumigar

El proyecto, que busca establecer un marco normativo que complemente las regulaciones existentes de SENASA y sirva de referencia para las resoluciones provinciales y municipales, cuenta con el respaldo de 31 diputados de las comisiones de Agricultura y Ambiente.

“No hay grieta en este asunto: tanto el oficialismo como la oposición vienen sosteniendo un modelo productivo que envenena y enferma, desconociendo las alertas científicas y judiciales. Es un proyecto concebido a la medida del agronegocio”, afirma Fernando Cabaleiro, uno de los abogados que patrocina el rechazo al proyecto legislativo.

En el mismo sentido se expresa Eugenia Boccio, abogada ambientalista de Santa Fe: «El proyecto de ley que se está tratando en el Congreso Nacional es irrazonable e inconstitucional, además antagónico a los presupuestos mínimos jurisprudenciales locales, como en mi provincia, donde la condición necesaria para la protección ambiental es una distancia de 1000 metros libre de pulverizaciones, la que se encuentra probada por la ciencia.»

“La continuidad de políticas que amparan y siguen legitimando el uso de agrotóxicos sin considerar sus impactos sanitarios y ambientales es transversal a todo el arco político –insiste Cabaleiro–. Como se ve, no hay grieta cuando se trata de defender el negocio del veneno: gobiernos de distinto signo partidario han garantizado la expansión del modelo extractivista y contaminante agroindustrial y la flexibilización de los controles ambientales”.

“Es una vergüenza”

Sofia Gatica es integrante de las Madres del Barrio Ituzaingó, una causa y una lucha pioneras contra los agrotóxicos. «Pensamos que este proyecto de ley es una vergüenza para la gente afectada, para los enfermos y para toda la Argentina. Si estamos hablando de que quieren fumigar a 10 metros, ¿quién nos va a proteger?».

Sobre las consecuencias del uso de químicos en cantidades industriales el médico pediatra de los Pueblos Fumigados, Medardo Ávila Vázquez, agrega: “Está demostrado con datos muy concretos que fumigar con pesticidas a menos de mil metros aumenta el riesgo de daño genético y con ello el cáncer como de otras enfermedades crónicas no transmisibles. Todos los relevamientos sanitarios en comunidades afectadas indican que el uso de estas sustancias en las distancias que se proponen en el proyecto, son el principal problema ambiental que condiciona gravemente la salud de la población, principalmente de los niños.»

Desde 2011, Sabrina Ortiz –hoy abogada– viene denunciando las fumigaciones en Pergamino que, entre otros daños, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a dejar su casa. «Lamentablemente en la Provincia de Buenos Aires, el problema es doble, ya que volvió a estar vigente la Resolución 246/2018 que es más grave que el proyecto de ley, ya que autoriza las fumigaciones a cero metros”, y agrega: “Nuestro reclamo va, no solo contra los diputados nacionales, sino también contra el gobierno provincial para que escuche lo que dice la ciencia y todas las pericias y fallos judiciales de que no se puede fumigar a menos de mil metros con agrotóxicos».