La Justicia Federal de Santa Fe dispuso que el 29 de abril de 2026 se inicie el proceso oral y público de la causa de lesa humanidad denominada Laguna Paiva II, en la que se investigan delitos de privaciones ilegítima de la libertad, tormentos y abusos sexuales padecidos por 16 niñas y niños que estuvieron cautivos en centros clandestinos de detención ilegales en el contexto de la represión ilegal.

El expediente se encontraba elevado a juicio desde el año pasado, pero el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe demoraba desde hace meses el inicio de las audiencias.

Los magistrados que integran el TOF, Ricardo Moisés Vázquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, confirmaron, el pasado 17 de octubre, la fecha para el comienzo del debate de esta causa.

Una vez más, el exjuez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, estará sentado en el banquillo de los acusados en un caso en el que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar. Además, se encuentran acusados los expolicías, Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti.

Esta causa es una derivación del juicio de “Laguna Paiva” (una localidad de Santa Fe) o conocida también como “Chartier”, en referencia a Germán Raúl Chartier, quien supo ser jefe de informaciones de la Policía de Santa Fe, y era una de los imputados en ese proceso.

En ese juicio, concluido en julio de 2021, recibieron condenas seis policías provinciales por delitos de lesa humanidad, por tormentos y secuestros agravados sufridos por un grupo de militantes políticos y sindicales secuestrados en el verano de 1980.

El objetivo de esa patota conformada por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía provincial fueron un grupo de militantes y activistas sindicales que formaban parte de la agrupación “La Lucha”, que desarrollaba sus actividades en el Frigorífico Nelson, ubicado en Laguna Paiva. Se trataba de una organización de superficie que respondía al PRT, brazo político del ERP.

Durante las audiencias de “Laguna Paiva” se ventilaron numerosos crímenes sufridos por los integrantes de ese grupo de perseguidos políticos, pero también contra sus familiares e hijos, que padecieron abandonos, abusos y privaciones ilegítimas de la libertad en comisarías, centros clandestinos y otras instituciones del Estado.

“A lo largo del juicio de Laguna Paiva nos dimos cuenta que había delitos contra las infancias que no se habían procesado nunca como tales y que debían ser investigados en otra causa”, señaló en diálogo con Tiempo Argentino el abogado Federico Pagliero, querellante en esta por la APDH de Santa Fe.

Durante meses, organismos de derechos humanos de la provincia y familiares de las víctimas se movilizaron en reclamo del comienzo de este proceso oral y público que se demoraba por varios motivos que daba la Justicia Federal de Santa Fe.

“Haber logrado que se fijara fecha es producto de las movilizaciones que se hicieron a los Tribunales de Santa Fe y de todos los pedidos que hicimos ante TOF. Esta causa es muy importante porque se investigan los delitos que se cometieron contra las infancias, que también fueron un objetivo del terrorismo de Estado”, remarcó el letrado.

Los niños y niñas, víctimas de la represión ilegal

Desde el golpe de Estado de marzo de 1976, Arnaldo Catalino Páez y su familia vivieron en una suerte de exilio interno y debieron establecerse en varios lugares.

En el verano de 1980, estaban establecidos en Lima, en la provincia de Buenos Aires. Hasta allí llegó una patota del D-2 de la Policía de Santa Fe.

En esa localidad se encontraban Arnaldo Catalino, su compañera, Juana Tomasa Medina, y sus hijos, entre ellos Mario, quien trabajaba con su padre en un horno de ladrillos.

La patota se los llevó a los tres. Entre los integrantes del grupo de represores estaban el entonces Brusa (condenado en varias causas de lesa humanidad) y Riuli, un represor que durante años animó fiestas y celebraciones populares como una especie de actor de variedades que supo adquirir alguna celebridad entre los vecinos de Laguna Paiva.

Arnaldo Catalino, Juana Tomasa y su hijo fueron trasladados al centro clandestino de detención del D-2. En ese lugar, en medio de los vejámenes y los abusos, Mario cumplió 15 años. Él y su madre recuperaron la libertad después de algunos meses. Pero el padre de la familia resultó blanqueado tras innumerables sesiones de torturas. Estuvo preso en Trelew, Rawson y Coronda. Denunció su caso, pero no pudo ver a sus captores condenados. Murió en 2016.

“Después de tantos años, llegó el momento de que se haga justicia y estos represores paguen por todo lo que nos hicieron cuando éramos chicos. Necesitamos cerrar esta historia con una condena”, subrayó a Tiempo Argentino Mario Paez, que aún vive en Laguna Paiva y está dispuesto a declarar cuando se inicien las audiencias de este jucio.

Todos los familiares de Arnaldo Catalino estuvieron en la mira de la patota y varios brindaron testimonios declararon en el juicio de Laguna Paiva.

En ese debate se detalló el caso de María Ceferina Paez, hermana de Arnaldo. La secuestraron en Esperanza, Santa Fe en febrero de 1980. También raptaron a su marido, Luis Medina. Los cinco hijos de la pareja quedaron abandonados, desamparados sin nadie a cargo. Uno de los hermanos, Mario, un día se sintió mal y debió ir acompañado de una hermana para que lo operaran del apéndice.

Los represores iban a la casa donde estaban los chicos solos, desamparados y los amenazaban. Un día se llevaron a una de las hermanas y la violaron durante días, con promesas sobre la liberación de sus padres. La víctima tenía sólo 14 años.

“A lo largo de todos estos años, hubo víctimas que se fueron muriendo y algunos testigos también. Es hora de terminar con tanta impunidad”, puntualizó Mario.