Sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos persisten en su tarea de construir Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes perpetrados por la represión ilegal, aun en los actuales tiempos del negacionismo que propaga el Gobierno del presidente Javier Milei.

Ese es el propósito que guía a los integrantes de la Comisión Vesubio Puente 12, que continúan con su lucha por mantener el señalamiento de ese Centro Clandestino de Detención Ilegal, que funcionó en el partido de La Matanza en tiempos del Terrorismo de Estado, y no se resignan a instaurar en ese lugar un Espacio Memoria, en el cual se pueda difundir la historia y promocionar los derechos humanos.

El pasado fin de semana, Tiempo Argentino participó de una actividad organizada por sobrevivientes y familiares de las víctimas por el predio donde funcionó ese centro clandestino de detención ilegal entre 1975 y 1978, cuando fue demolido por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que comenzaban a difundirse en el exterior.

En los cimientos de las construcciones que estaban ubicadas en ese predio, y que fueron demolidas, se guardan historias y vivencias de los detenidos de El Vesubio.

Pero en el predio también puede haber indicios materiales que permitan esclarecer la suerte que corrieron los desaparecidos que pasaron por ese lugar, y por eso, para los integrantes de la Comisión es tan importante realizar una tarea de preservación permanente por parte del Estado.

Verónica Castelli es hija de Roberto Castelli y María Teresa Trotta, detenidos desaparecidos que estuvieron en El Vesubio. Su madre estaba embarazada de seis meses al momento de su captura. Su hermana nació en Campo de Mayo y fue dada en adopción. Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos logró reencontrarla.

Verónica militó en HIJOS y trabajó 21 años en la Secretaría de Derechos Humanos, hasta que el 31 de diciembre de 2024 resultó despedida. “Por trabajar bien”, cuenta antes de iniciar la recorrida por el predio que la tendrá como anfitriona.

Habla de forma pausada firme y clara, al iniciar la recorrida a la que asistieron medios de comunicación autogestivos. Se trata de una actividad que también se ofrece a alumnos y estudiantes de colegios de la zona.

Foto: Pedro Pérez

Castelli cuenta que el predio, ubicado en la intersección del Camino de Cintura y la autopista Richieri, fue destinado para la constitución del Mercado Central de Buenos Aires.

Como tal, se lo cedió al Servicio Penitenciario Federal, que lo empleó con fines recreativos. Se instalaron tres casas, una caballeriza y una pileta de natación. En 1975, comenzó a ser utilizado como centro clandestino de detención. Alberto Neuendorf, alias Neumann o el Alemán, jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, fue el primer jefe del Vesubio.

Paulino Guarino, sobreviviente de El Vesubio, donde estuvo secuestrado, inició en plena dictadura cívico militar la primera causa sobre ese centro clandestino. Docente de 22 años, Guarino se presentó como parte de su propio Habeas Corpus para reclamar la aparición de su compañera, Mónica Haydée Piñeiro, que estaba embarazada y permaneció detenida en ese centro clandestino hasta que dio a luz. La trasladaron a la cárcel de Devoto, donde la blanquearon.

En base a esa denuncia, se inició en diciembre de 1983, la denominada causa 1800 sobre la existencia de un centro clandestino de detención ilegal en la localidad de Aldo Bonzi.

Reconstruir la historia y la memoria

En 1978, decenas de militantes de la organización Vanguardia Comunista fueron secuestrados y llevados a varios centros de detención y luego trasladados a El Vesubio, donde permanecieron cautivos junto a militantes de otras organizaciones como Montoneros. Los sobrevivientes comenzaron a agruparse y ese fue el origen de La Comisión Vesubio y Puente 12, que señalizó el lugar y participó activamente en los juicios de lesa humanidad.

Silvia Saladino era una de las militantes de Vanguardia Comunista que estuvo secuestrada en el Vesubio. Toma la palabra durante la recorrida y explica que, en la actualidad, hay una hectárea del predio que se encuentra resguardada por una decisión de la Justicia de no innovar. Pero el resto del lugar se encuentra intrusado desde hace años. “Hay que hacer excavaciones para tratar buscar elementos que nos permitan avanzar en las investigaciones”, señala Saladino. Los represores les confiaron a las víctimas durante su cautiverio que los restos de un detenido fueron quemados en un tanque australiano. Es construcción está por fuera de la zona preservada por la justicia. Por eso, la Comisión reclama que las pericias se extiendan por todo el predio. “No sabemos lo que se puede encontrar”, indica.

La posesión del predio en manos del Mercado Central, la sucesión de administraciones y la decisión política del Gobierno nacional de no aplicar la Ley de Sitios y Espacios de Memoria, impide por ahora la instalación en ese predio de una entidad dedicada a la promoción de los derechos humanos y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

No obstante, la Comisión tiene un proyecto que incluye la construcción de oficinas en el lugar y un sistema de pasarelas para preservar los elementos que puedan encontrarse en futuras indagaciones y excavaciones.

Nieves Kanje, militante de Vanguardia Comunista, también estuvo secuestrada en El Vesubio estando embarazada. Cuenta sus vivencias y cómo recuperó su libertad en mayo de 1979, después de dar a luz. Recuerda las privaciones que pasó, las privaciones, el hambre, las torturas y los simulacros de fusilamientos que padeció en el infierno de su cautiverio.

Mientras el grupo recorre los cimientos de las construcciones donde estaban los cautivos, Verónica remarca que hubo dos casos de embarazadas cuyas hijas fueron restituidas: Belén Altamiranda Taranto y Milagros Castelli, su hermana.

María Inés Sánchez y Mercedes Sánchez repasan en la recorrida la historia de su madre, Silvia Coraza de Sánchez, secustrada cuando estaba embazada de dos meses.

En cautiverio, Silvia dio a luz a Mercedes. Los represores llevaron a la mujer con la beba recién nacida a la casa de sus padres, los abuelos de las niñas. En ese hogar se encontraba María Inés, que entonces tenía dos años.

La idea de los militares era dar con Alberto Sánchez, el padre de las nenas que se encontraba en el exilio. Silvia estuvo un rato con sus padres y María Inés, en enero de 1978. La patota que la llevó a entregar a Mercedes se la llevó otra vez. Desde entonces, se encuentra desaparecida.

En la actividad se cuenta que Elena Alfaro, una detenida que logró salir de El Vesubio con vida y se trasladó al exterior denunció la existencia de El Vesubio y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese centro clandestino de detención, que fue demolido por la dictadura a fines de 1978. Meses más tarde, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país.

El ciniesta Raymundo Glayzer, Haroldo Conti y Héctor Germán Oesterheld estuvieron detenidos en El Vesubio, donde se los vio por última vez. En memoria de todas las víctimas, los integrantes de la Comisión siguen dando una lucha contra el olvido, en tiempos en los cuales la impunidad pretende avanzar desde los despachos oficiales.