Las peleas, reencuentros y distanciamientos entre Macri y Milei son parte de una telenovela que fagocita la idea de que el presidente libertario tiene autonomía, personalidad y decisiones propias; sin la necesidad de estar encolumnado detrás de las viejas estructuras del poder real. Pero más allá de estas “chispas” que solo ocurren en el ámbito mediático, en la realidad, el “macrismo” tomó (y toma) decisiones políticas que van por el mismo sendero que las de LLA y viceversa. Ambos espacios conforman una alianza que empezó mucho antes de las elecciones presidenciales del 2023.

La columna vertebral de la alianza PRO-LLA es la implementación de políticas antisindicales para arrasar con la mayoría de los derechos laborales. Un caso testigo: Jorge Macri inició su gobierno enviando un proyecto de ley para crear el “Fuero Laboral PRO”. En tiempo récord, el oficialismo logró firmar todos los dictámenes en comisiones y en diciembre pasado, con apenas 31 votos afirmativos, 25 negativos, y 2 abstenciones; consiguió  aprobar la iniciativa.

Especialistas en derecho laboral aseguran que el tribunal de justicia porteño es inconstitucional en cuanto a que no fue creado por una ley del Congreso Nacional como lo dice el artículo 75 de la Constitución Nacional, y también lo establece la «Ley Cafiero» para consolidar un adecuado traspaso de la justicia nacional al ámbito porteño.

“El Decreto 70-23, hoy suspendido por una cautelar en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) y la ley bases del año 2024 en su capítulo 4, crearon normas regresivas en materia de derecho del trabajo y a eso se le sumó la puesta en marcha de un tribunal superior de justicia porteño que es inconstitucional. Cuando por principios del derecho laboral sabemos que los derechos de los trabajadores tienen el carácter de ser progresivos, es decir, ir cambiando y modificando su situación para mejor y no para peor. Las propuestas de Milei y del PRO, son un coctel explosivo para los trabajadores”, dijo a Tiempo Alan Bryden, especialista en derecho de Trabajo y titular  del Estudio Jurídico Bryden & Asociados.

Para Bryden, ambas instancias constituyen un trabajo coordinado entre LLA y el PRO que genera inseguridad jurídica, validando un tribunal superior de CABA como instancia revisora de la CNAT y de los 80 juzgados de primera instancia de la justicia nacional del trabajo.

“Es mayúscula tal contradicción, es decir, crearon inconstitucionalmente el tribunal superior y no crearon los juzgados inferiores de los fueros (laboral-civil-comercial-penal). Porque para el caso, el Tribunal Superior de CABA (TSJ) es la instancia de revisión de la CNAT y de los juzgados laborales de primera instancia de jurisdicción nacional. Lo que está aconteciendo en nuestra justicia es merecedor de que organismos internacionales realicen tareas de observación”, agrega.

Por su parte la abogada especialista en derecho del trabajo, Natalia Salvo, destaca que la reforma laboral no solamente viene siendo en relación a una flexibilización de hecho, o una destrucción de derechos a través de la política económica, sino también a través de determinadas normas.

“Una de esas normas o una de esas formas jurídicas es el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Justicia de la Ciudad. Esto se dio desde la Ley hasta los concursos que ya se hicieron para el traspaso, pero también con el fallo de la Corte Suprema que habilitó al Tribunal Superior de Justicia como tribunal superior previo a la Corte, lo cual ya tuvo repercusiones en la Justicia Nacional del Trabajo”, explicó Salvo.

Para la letrada, esta movida representó sacar un bastión fundamental a la defensa de los derechos laborales, porque los tribunales nacionales del trabajo están formados en determinados principios protectorios relativos al trabajador.

“Los tribunales que se van a crear, y tanto el Tribunal Superior de Justicia, tienen otro tipo de principios, además de la cuestión política de ser tribunales más bien macristas, que sabemos que es lo que impera en la ciudad. Así que es una forma de terminar la flexibilización laboral, la destrucción de derechos, porque al momento de reclamar la inconstitucionalidad de la Ley de Bases o de otras normas que se dicten, vas a tener tribunales con jueces nuevos, con jueces más directamente elegidos por parte del Poder Real, o con un Tribunal Superior de Justicia que es de CABA, y en donde van a terminar todas las demandas laborales”, agregó Salvo.

Otras medidas que apuntan en ese sentido

A inicios de octubre pasado, Tiempo advirtió en un informe sobre otra medida del Gobierno porteño que ataca derechos laborales: una iniciativa para que organizaciones sindicales y empresas constituyan “Fondos de Cese Laboral”, con el objetivo de que los trabajadores paguen sus propias indemnizaciones al ser despedidos. Así lo destaca la resolución (N° 1012/25) que busca “ofrecer un mecanismo alternativo al régimen indemnizatorio tradicional.

El abogado laboralista Juan Ottaviano, dijo en su momento que esta iniciativa es un avance “mediante reglamentaciones administrativas y financieras para implementar el fondo de cese laboral pero, hasta que ningún sector lo adopte a través de un convenio colectivo, no hay nada que implementar». «Pienso que en un contexto de contracción de la actividad y el empleo, no hay incentivos para reemplazar la indemnización por un fondo de cese aún en los sectores de alta rotación”, subrayó.

El jueves pasado, presentaron un Pedido de Informes en la legislatura para interpelar a Jorge Macri por suspender el programa Empleo Joven ante el crecimiento del desempleo en CABA. La falta de trabajo en la Ciudad afecta de forma más contundente a los jóvenes, donde apenas hay una tasa de actividad del 27% entre los menores de 24 años, es decir, el 73% carece de trabajo.  «