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El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario será escenario a partir de esta semana de un debate judicial clave para la lucha en contra del agronegocio que protagonizan
El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario será escenario a partir de esta semana de un debate judicial clave para la lucha en contra del agronegocio que protagonizan vecinos y diferentes colectivos ante empresarios que, con la supuesta anuencia de las autoridades locales, se enriquecen a costa de la salud de los lugareños. Siete empresarios del sector y dos funcionarios del Municipio de Pergamino rendirán cuentas por las enfermedades que contrajeron Sabrina Ortiz y sus dos hijos, aunque la cantidad de víctimas podría multiplicarse.
“Este caso se inicia en el año 2011 en Villa Alicia, un barrio periférico de Pergamino, cuando Sabrina comienza a observar problemas de salud en su familia, tanto en ella como en sus hijos”, explica a Tiempo Argentino el abogado Fernando Cabaleiro, quien junto a su colega Carlos María González Quintana y la propia Sabrina, que se recibió de abogada para poder llegar hasta las últimas consecuencias, llevan adelante la querella.
La denunciante sufrió dos ACV isquémicos y un aborto espontáneo; su hija padece steomielitis crónica que genera quistes dentro de los huesos y se detectó que su hijo tenía un nivel de glifosato en orina 120 veces más de lo tolerable. “Esto cambió mi vida. Me dejaron chaucha de soja en mi auto, balearon a mi perro, me apretaron con barras bravas. Es muy complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque la cadena de complicidades es muy grande. Hasta los mismos médicos que te atienden son productores. Los medios locales hicieron campaña contra mí, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses de Monsanto. El agronegocio está en todas partes”, le dijo Sabrina a este diario hace unos años atrás, cuando vivía bajo custodia policial por orden de la Justicia.
“Ella empezó con un reclamo constante -añade Cabaleiro- porque asociaba los problemas de salud con la fumigación que se realizaba calle de por medio, a menos de 10 metros de su casa donde estaba el campo de soja que se fumigaba”. La mujer lo planteó en la municipalidad y en 2014 se emitió una ordenanza que “fue a favor del agronegocio, porque se estableció una distancia de 100 metros de prohibición absoluta para las aplicaciones terrestres y de los 100 a 600 metros, solo se podían aplicar productos banda verde. Lo que pasa es que los problemas de salud siguieron y se agravaron inclusive”.
En 2018, con la asistencia del abogado, Sabrina denunció la situación ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, por el delito de contaminación. El INTA de Balcarce comprobó que las aguas subterráneas de Pergamino (sobre todo de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida) estaban contaminadas con agrotóxicos y no eran aptas para consumo humano: encontraron 18 principios activos y metabolitos.
La profundización de la investigación determinó que diferentes personas, entre productores y fumigadores, vinculados a tres enormes lotes linderos a la zona urbana donde vivía la familia de Sabrina tuvieron íntima relación con las actividades que le produjeron los daños genéticos a las víctimas. Por si fuera poco, se acreditó que se violó la suspensión preventiva dispuesta por la justicia de aplicar agroquímicos en los campos que rodean a estos barrios afectados. La pesquisa identificó a un total de siete sospechosos.
Además, un desprendimiento de esa causa que quedó al mando del fiscal federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, estableció los funcionarios municipales Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini debían ser sometidos a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tanto el ingeniero agrónomo Naranjo, en su calidad de auditor, como el veterinario Tocalini, como titular de la Dirección de Ambiente Rural “fueron advertidos de lo que ocurría, pero no brindaron ninguna solución, se excusaban y justificaban el accionar de los propietarios de los predios, al tiempo que nunca exhibieron las autorizaciones o documentación que habilitara las fumigaciones cuestionadas”, puntualizaron desde el Ministerio Público.
Para Cabaleiro, los acusados sostienen que “estos productos son inocuos y que se puede fumigar a cero metros respetando las buenas prácticas. Pero quedó claro que ni siquiera eso cumplen. Eso está comprobado en la causa. Esos químicos tóxico terminan en las napas, en los suelos de las casas, en los cuerpos. Es incontrolable”. Al mismo tiempo, el abogado advirtió que “no respetaron ni los 100 metros de la ordenanza, fumigando de noche para que no se entere nadie, inclusive en Navidad, cuando la gente estaba toda reunida en sus casas, en familia”.
“Las víctimas querellantes son tres, pero si hablamos de víctimas son muchas más. Son los vecinos de estos tres barrios y hasta de todo Pergamino porque la contaminación del agua impacta en toda la población”, resume el abogado Fernando Cabaleiro, quien aclara que el impacto en los damnificados va mermando a medida que viven más lejos de los campos en cuestión, ya que el aire es fundamental para propagar los químicos. Un dato a considerar es que en el debate oral se analizarán unas 70 historias clínicas, con lo cual la cantidad de víctimas podría crecer exponencialmente.
Desde la ONG ambientalista Naturaleza de Derechos apelaron a “la financiación colectiva y popular” para el traslado y las estadías de los testigos, pero también de los peritos, que deberán movilizarse hacia Rosario. Allí prevén que se desarrolle este “emblemático e histórico” juicio que represente para la provincia de Buenos Aires la misma experiencia de las denominadas Madres de Ituzaingó, en Córdoba, donde “por primera vez se puso en el banquillo a la trama cómplice (agronegocio local y funcionarios públicos) que en cada Pueblo Fumigado de la Argentina pone en jaque el ambiente y la salud de la gente”.
«Esta pesadilla comenzó en el 2011, cuando me instalé con mi familia para construir la casa soñada y ver crecer a mis hijos en el lugar que elegí para vivir. Ahí nomas empezamos a ver los problemas de salud y tuvimos el pálpito que los mismos estaban relacionados con los agrotóxicos que se usaban en los campos al frente de casa”, explicó a Tiempo Sabrina Ortiz, a pocos días del inicio del juicio.
La mujer, que se recibió de abogada tras advertir que estaba siendo contaminada, describió todo el periplo que debió afrontar, luego de que las autoridades locales intentaran por diferentes medios desalentar sus denuncias. “Durante años hicimos reclamos a la municipalidad, y los funcionarios no hacían nada. Los dueños de esos campos que están pegados al barrio que vivo, se creyeron impunes, fumigaban alambrado de por medio, de noche, con viento, no les importaba nada”, insistió.
“Después de 14 años y tras siete años de proceso penal se va a saber la verdad en un juicio oral y público sobre la complicidad del municipio, sobre la contaminación ambiental con agrotóxicos que generaron los imputados, el daño a la salud de la gente, entre ellos mis hijos, en las voces de decenas de vecinos y vecinas que fueron y son víctimas del obrar doloso de los fumigadores y las omisiones de los funcionarios municipales. Solo buscamos justicia ambiental y que el caso sea un faro para todos los pueblos fumigados de la Argentina”, concluyó la damnificada.
