Tras el fracaso del último viernes, la Legislatura bonaerense intentará el próximo miércoles en doble sesión extraordinaria tratar el proyecto de ley que autoriza al gobierno de Axel Kicillof a tomar deuda por hasta 3034 millones de dólares. La pelea central es por los recursos para los municipios, pero también por el reparto de los cargos en el directorio del Banco Provincia y por el recambio de autoridades legislativas. Hay internas y desconfianzas mutuas.

«Sin endeudamiento no se paga el aguinaldo», disparan cerca del mandatario para marcar la importancia que tiene el proyecto de ley que la Legislatura bonaerense no logró sancionar y mostrar que no hay plan B. El mensaje tiene doble destinatario: apunta a la oposición pero también al propio oficialismo, donde hay diferencias centrales en torno al reparto de los recursos para los municipios que están trabando la negociación.

La Cámara de Diputados viene de un doble fracaso: el miércoles aprobó el Presupuesto y la Ley fiscal Impositiva, pero no logró los votos para el Endeudamiento -que requiere dos tercios- pese a que venía con despacho de comisión. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes y la sesión se cayó por falta de quórum. Sólo bajaron a sesionar 36 diputados de Unión por la Patria, tres libertarios dialoguistas de Nuevos Aires y el diputado José Esper del monobloque Unidad Popular. El resto de los bloques se ausentó, pese a estar en el palacio. Se necesitaban 47 manos para arrancar.

Al hablar en el recinto, el titular del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, disparó fuego contra la oposición. «Se han hecho todos los intentos. Desde esta cámara, los ministros que vienen trabajando las leyes, todo el equipo del gobernador ha instado al diálogo y se ha comunicado con cada uno de los dirigentes de la oposición y pareciera que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley que es fundamental para la Provincia», aseguró, y le recordó al PRO, la UCR y la Coalición Cívica que el endeudamiento es para afrontar los vencimientos de la deuda que fue adquirida durante la gestión de María Eugenia Vidal.

¿Dónde está trabada la negociación? El punto central del conflicto está hoy en los fondos para los municipios. El proyecto de ley prevé que el 8% de la deuda que se tome vaya a engrosar el Fondo de Fortalecimiento para la Inversión Municipal. En busca de acercar posiciones, Kicillof ofertó que el porcentaje se calcule sobre la deuda total de 3034 millones de dólares y no sobre los 1990 millones que decía la letra original. Son alrededor de 350 mil millones de pesos a repartir entre los 135 municipios. Y también propuso garantizar el pago de un tercio de la plata, independientemente de que se coloque o no la deuda.

La discusión es con la oposición pero también puertas adentro del bloque de Unión por la Patria. Y está en el monto final, los plazos y en la forma en que se distribuirá, es decir, a través de qué índice. El Ejecutivo propuso abonar los recursos en cinco cuotas: tres con los fondos garantizados en 2026 y las dos restantes, atadas a la deuda, en 2027. Este cronograma no le cierra a los radicales ni al PRO que piden que todo se cancele el año que viene ya que muchos de los municipios están en emergencia y no tienen ni para pagar sueldos. «No hay previsibilidad en lo que el gobierno ofrece. Se dejan abiertas las últimas cuotas y los intendentes piden que los desembolsos sean en 2026 porque hay muchas necesidades», señaló a Tiempo un legislador opositor que está en la negociación.

Sin embargo, el mayor punto de discordia es qué mecanismo se usará para distribuir los recursos. El Ejecutivo propone que se haga a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), el mecanismo usado históricamente para la coparticipación. Pero un sector de la oposición, más La Cámpora y el Frente Renovador, sostienen que se debe constituir una comisión bicameral que apruebe cada proyecto presentado por los municipios y autorice los pagos de modo de «garantizar transparencia».

La contrapropuesta es descartada de plano por Kicillof por entender que es una facultad propia del Ejecutivo y la Legislatura no debe inmiscuirse, pero además porque sostiene que de este modo el reparto «será discrecional». «Nuestra propuesta es que sea por coeficiente de distribución objetivo pero ellos no la aceptan y por eso la negociación no avanza», admitió a Tiempo una fuente de la mesa chica del mandatario y agregó: «La oposición lo sabía y por eso no bajó (a sesionar) el viernes».

Los cargos

El otro punto de debate es el reparto de los cargos que le corresponden a la oposición en el Banco Provincia y otros organismos como el Consejo General de Educación y el Tribunal Fiscal. El oficialismo está dispuesto a ampliar el directorio de la entidad bancaria de ocho a 12 sillas, aunque no está claro todavía el mecanismo. El PRO y la UCR quieren renovar los lugares que hoy tienen y exigen que los pliegos con los candidatos se eleven antes de aprobar el endeudamiento para tener garantías de que se cumplirá el acuerdo. Sin embargo, por los tironeos internos en cada bancada todavía no definieron los nombres de los postulantes.

La definición de las autoridades legislativas también forma parte del combo. El martes, antes del nuevo intento por el endeudamiento, se realizará la sesión preparatoria en la que los diputados electos asumirán -aunque entrarán en funciones recién el 10 de diciembre- y elegirán a quienes los conducirán por los próximos dos años. Aquí talla otra pulseada ya que el axelismo postula para presidir la cámara baja al intendente de Almirante Brown y legislador electo, Mariano Cascallares, mientras que el massismo busca que siga al frente Alexis Guerrera. Su actual vice, Alejandro Dichiara, alineado con el exintendente Martín Insaurralde, también quiere conducir. Lo mismo ocurre en la oposición donde pujan la UCR, el PRO y los libertarios por las cuatro vicepresidencias restantes.

En la gobernación repiten que si el financiamiento no sale el miércoles todo será cuesta arriba en medio del crítico contexto nacional. «Si no sale, el Presupuesto no se podrá ejecutar. Será una gestión muy distinta. Apuntaremos a pagar salarios, sostener alimentación, salud y seguridad, y nada más», advierten.  «