La decisión era esperable desde hace tiempo. Al menos desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Es que, aunque la Procuración del Tesoro se mantuvo formalmente como querellante hasta el jueves, la gestión libertaria del organismo nunca impulsó acciones para profundizar la investigación sobre el acuerdo stand by que el gobierno de Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. Sin ese estímulo, que había sido crucial durante el gobierno de Alberto Fernández, la presión investigativa sólo quedó en manos de Franco Picardi, un fiscal con limitado margen de acción al que la magistrada nunca le delegó la pesquisa.

El archivo del expediente que tiene como principales imputados a Macri y, entre otros, a sus entonces ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger -actuales funcionarios del gobierno libertario- fue a comienzos de semana y bajo un fuerte hermetismo. Trascendió recién el jueves, cuando el Boletín Oficial comunicó la decisión del gobierno de retirar a la Procuración del Tesoro de la querella y el fiscal presentó su apelación.

Para avanzar en el archivo, la jueza concluyó que no se logró acreditar la existencia de una administración fraudulenta, uno de los delitos por los que estaban imputados los exfuncionarios macristas. “No se advierte, a esta altura, la acreditación de extremos que permitan afirmar, con la entidad suficiente, la existencia de un deliberado propósito orientado a defraudar al erario público”, expresó en su resolución.

Uno de los grandes cuestionamientos al préstamo de U$S 57 mil millones que tomaron Macri y Caputo con el FMI es que no pasó por el Congreso. La magistrada señaló que “no existía una exigencia legal expresa que impusiera dicha aprobación legislativa”.

El argumento contrasta con el artículo 75 inciso 4 de la Constitución Nacional, que ubica entre las atribuciones del Poder Legislativo “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”. Para darle más sustento a su postura, la jueza planteó que la llamada Ley Guzmán, aprobada en 2021 y derogada recientemente, corroboró la inexistencia, al momento de la firma del acuerdo, de una disposición legal expresa.

Esa normativa, aprobada en el gobierno del Frente de Todos, impuso la obligación de que todo crédito con el Fondo y ampliación de sus montos pase por el Congreso.

La causa FMI se inició en 2019 tras la acumulación de una serie de denuncias repletas de cuestionamientos a la forma en la que se tomó un préstamo récord que incluso superó la cuota que el organismo tenía pautada para el país. En parte, la importancia del caso podría explicarse por su ambicioso objeto procesal: buscó enfocarse en las negociaciones previas, la firma del acuerdo, la gestión de los fondos y la fuga de capitales.

En ese contexto, Picardi cuestionó: “Su fallo no cumple con las exigencias mínimas de fundamentación; menciona hechos de manera aislada como si no fueran parte de un mismo esquema delictivo; utiliza opiniones para determinar qué parte de estas acciones no constituyen delitos. No utiliza prueba directa para rebatir las acusaciones y, además, trae como referencia segmentos de evidencia -con bajo nivel de credibilidad- para justificar de manera sesgada el archivo”.

Contrario a la jueza, para el fiscal hay elementos suficientes para no descartar la hipótesis de malversación.

El contexto en el que volvió la discusión en torno a la causa FMI es insoslayable. Caputo y Sturzenegger, dos de los principales imputados, volvieron a ostentar poder por medio del Ministerio de Economía y el de Desregulación, respectivamente.

Eso ayuda a explicar el nulo impulso que la Procuración del Tesoro le dio a la causa en los últimos dos años, según reconstruyó Tiempo por medio de fuentes judiciales. También lo admitió  en off the record un ex integrante de la gestión libertaria.

Guido Croxatto es un abogado con amplio conocimiento en litigios del Estado y principalmente en los relacionados con la deuda externa. Ante una consulta de Tiempo, sumó otro dato revelador: “El actual procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, es socio del abogado Alberto Bianchi, que fue perito de parte de Burford Capital contra la Argentina en los juicios del CIADI. Ese es el socio del funcionario que tiene que defender los intereses de la Argentina. Ahí hay un problema muy severo”.

Cuando el gobierno anterior decidió impulsar la causa FMI por medio de la incorporación de la Procuración a la querella, Croxatto dirigía la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que dependía del organismo, hasta que fue cerrada recientemente por el gobierno de Milei. Desde ahí estuvo encima del expediente y se convirtió en referente del tema.

“Acá hay una decisión política. Hay una idea de blanquear el proceso de endeudamiento. Por eso, cuando Caputo vuelve y refinancia, lo que hace es blanquear algo que estaba en discusión porque en el Estado hay que cumplir con pasos administrativos hasta para comprar una resma y en ese endeudamiento no se cumplió con ninguno”, sumó el abogado. “Capuchetti entiende que es el momento ideal para dejar de investigar. El tiempo político hace que interprete que puede dejar de hacerlo con la paradoja de que la Ley Guzmán le sirvió para archivar la causa”, completó.

Como la jueza concedió la apelación, la Cámara Federal quedó en condiciones de revisar el archivo. Los encargados de decidir son los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. «