Como es de público conocimiento, en la madrugada del jueves 12 de febrero el Senado dio media sanción a una regresiva reforma laboral, cínicamente rotulada con el término “Modernización”. Al mismo tiempo que se daba el debate parlamentario en el recinto, tanto en Plaza Congreso como en otros puntos del país, se implementó un feroz operativo de represión policial que acabó con 31 detenidxs, 70 demoradxs y al menos 300 heridxs. El proyecto de ley que finalmente aprobaron en senadorxs introduce 58 modificaciones sobre el dictamen original que redefinen aspectos centrales del derecho del trabajo. Entre estas, se introdujeron cambios en las licencias médicas por casos de enfermedades y accidentes no vinculados al trabajo. Estas modificaciones en la legislación vigente refuerzan la relación estructural entre el capitalismo y el capacitismo, a la vez que profundizan el plan sistémico y eugenésico que lleva adelante la administración de Javier Milei contra la clase trabajadora empleada y sobrante.

¿A qué llamamos capacitismo y cuál es su vínculo con el capitalismo? Fiona Kumari Campbell define al capacitismo como “una red de creencias, procesos y prácticas que producen un particular de sí mismo y de cuerpo (el cuerpo estándar) que es proyectado como el tipo perfecto de la especie y por ende el esencial y plenamente humano”.

Este proceso consolida lo que Robert McRuer llama el «sistema de capacidad corporal obligatoria»: fija expectativas y exigencias sobre cuáles son los comportamientos posibles, cuáles los cuerpos y mentes deseables. Como señala Macarena Marey, el estándar capacitista se identifica con el adulto funcional, definido en base a los imperativos del mercado de trabajo. Este último instituye de manera compulsiva la asociación entre normalidad, salud y productividad, penalizando a las personas con discapacidad o enfermedades crónicas mediante la exclusión de la fuerza de trabajo o la precarización. Como explican Marta Russell y Ravi Malhotra, el empleo de trabajadores no-estándares supone costos adicionales, por lo que no suele ser redituable para la clase capitalista (a menos que sus salarios sean inferiores a los de un trabajador estándar). En el plano ideológico, sin embargo, su segregación y pauperización se justifican apelando a sus supuestas características individuales. Así, la discapacidad o la enfermedad aparece como un infortunio privado cuya resolución se traslada a la responsabilidad individual.

La modificación del régimen de licencias médicas refuerza la compulsión de la norma capacitista y empeora las condiciones materiales de quienes no nos adecuamos al estándar de capacidad y salud. Reduce tanto el plazo de las licencias como la remuneración percibida durante este período, fijándola a un 50% del salario en caso de que la enfermedad o lesión sea resultado de un ‘acto voluntario’, o en un 75% en caso de que no lo sea. Estas disposiciones impactan materialmente a quienes sufrimos de enfermedades crónicas y debemos ausentarnos regularmente de nuestro lugar de trabajo.

Sin embargo, también perjudican a quienes más se aproximan al cuerpo estándar, confirmando así la obligatoriedad de la norma capacitista.

La ley consagra un modelo imposible de encarnar para cualquier ser finito: el de una salud perfecta y permanente. Irónicamente, responsabiliza y penaliza con más severidad a quien procure mejorar su estado físico, si se lesiona accidentalmente al practicar un deporte. En esa aparente ironía se pone de manifiesto el verdadero objetivo de la norma: disponer y controlar el cuerpo del trabajador en función de la acumulación de capital.

La autora fue diagnosticada con enfermedad de Crohn en 2023.