La Justicia federal rechazó un pedido de la defensa del ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Daniel Morales, para que le levanten el bloqueo de sus cuentas bancarias. Fue tras detectar una serie de inconsistencias entre los fondos declarados y los reportados por organismos como ARCA tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario en la causa $Libra.
Morales es uno de los imputados en el expediente por presunta estafa en torno al lanzamiento del token promocionado por el presidente Javier Milei. Hasta principios de marzo trabajaba como asesor en la CNV y estaba sindicado como un alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero renunció tras el estallido del escándalo.
Este experto en activos digitales tiene sus cuentas bancarias bloqueadas desde el 22 de abril pasado, cuando la jueza María Servini le impuso una prohibición de innovar por 90 días respecto de sus bienes y activos financieros. Sin embargo, a mediados de mayo, sus entonces abogados Ramiro Salaber y Karin Kozak pidieron revertir la medida que consideraron «injustificada» y que se le devuelvan dos cuentas bancarias del Banco Galicia -una en dólares y otra en pesos- para tener la posibilidad de percibir ingresos y pagar «gastos básicos», al tiempo que avisaron que como en diciembre se va a casar «tendrá algunos gastos extraordinarios».
En el escrito, la defensa sostuvo que Morales «puede justificar con sus ingresos lícitos» su patrimonio, y que en la caja de ahorro en pesos mencionada posee una cuenta sueldo por su trabajo como docente en la UADE.
Pero la jueza Servini rechazó ese pedido al compartir los fundamentos esgrimidos por el fiscal Eduardo Taiano en un dictamen firmado junto con la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, respectivamente. A lo único que le hicieron lugar fue al levantamiento de la medida sobre una cuenta de Mercado Pago, «la cual no verifica movimientos significativos».
Las discrepancias halladas
Ese dictamen está basado en información oficial requerida a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a otros organismos del Estado, y le permitió al fiscal dos conclusiones elocuentes sobre el patrimonio de Morales.
Se trata de la «ausencia de veracidad en relación con los ingresos lícitos de los que dispone, lo que pone en duda el origen de los fondos operados en sus cuentas» y también que la cuenta del Banco Galicia «se ve fondeada con montos elevados de procedencia aún desconocida». De ese análisis surgió que resultan «poco significativos los ingresos por sueldo como docente de la UADE».
En ese punto, el fiscal accedió a los extractos aportados por la entidad bancaria y se pudo determinar que durante 2024 Morales sólo registró tres pagos de una cuenta a nombre de esa universidad privada. El primero fue el 30 de agosto de ese año, por un monto de $195.147,84; el segundo, un mes después, el 30 de septiembre, por $211.815,51 y un tercero, el 17 de diciembre, por $4.450,44. «En el año en curso no recibió ninguna acreditación por parte de la universidad, por lo que no se observa la existencia de pagos necesarios para el sostén de los costos de vida diarios del investigado», dice el dictamen.
ARCA también aportó a la causa los montos que Morales percibió en 2024. En relación con su facturación como monotributista categoría H, la defensa había precisado que había generado ingresos brutos por $53.298.417,30. Pero el fisco informó que el total facturado durante el 2024 asciende a $34.454.577,98, lo cual, de acuerdo al dictamen, «dista en casi 19 millones de pesos de lo declarado por la defensa». Esas facturaciones fueron a la CNV y a las empresas Inviu S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U. y Buenos Aires Valores S.A.
Más incongruencias
En cuanto a las remuneraciones recibidas en relación de dependencia, la defensa había informado que en el ejercicio 2024 percibió $20.049.520,22 y que también había trabajado para la Auditoría General de la Nación. En rigor, Morales figura como agente de planta permanente de ese organismo de control del Estado.
Pero el fiscal contó que ARCA también aportó los montos que efectivamente percibió en concepto de haberes durante 2024 y que fueron $13.156.797,78 brutos correspondientes a conceptos remunerativos (monto al que hay que aplicarle los descuentos) y $3.165.781,50 por conceptos no remunerativos. «En total fue acreedor de $16.322.579,28 brutos, monto que dista notoriamente de aquel (que) fuera planteado por la defensa y al que faltaría aplicar los descuentos en concepto de aportes y contribuciones, cálculo que ampliaría aún más la diferencia», concluyó el dictamen del Ministerio Público.
Como se mencionó antes, de entrada el dictamen había planteado que los montos depositados por la cuenta de la UADE eran «poco significativos» frente a otros montos elevados de «procedencia aún desconocida» que detectaron en la cuenta del Banco Galicia. Esos montos también fueron estudiados por la Justicia y motivaron el rechazo de la jueza Servini al pedido para retomar el control de sus cuentas.
Los investigadores encontraron tres acreditaciones bancarias provenientes de la firma BTC Trade S.R.L., una en la caja de ahorro en dólares y las otras dos en la caja en pesos. Una averiguación rápida les permitió saber que esa entidad es una proveedora de servicios de pago que facilita el ingreso y egreso de fondos de la plataforma de inversiones Buenbit, donde Morales estaba registrado. Al examinar los movimientos de esa billetera durante el ejercicio 2024 se encontraron esos movimientos que «suman un monto total de U$D 19.745,00» remitidos por otras exchanges de las que en principio no pudieron determinar la identidad de el o los titulares.
Las conclusiones del fiscal
Después de detallar cada uno de los movimientos de fondos estudiados, el fiscal junto con las dos autoridades que firmaron el dictamen concluyeron que «la verificación de los ingresos lícitos declarados por la defensa de Morales para el periodo 2024 revela notorias inconsistencias con la información aportada por los organismos consultados».
«Estas discrepancias significativas, sumadas a una metodología de cálculo simplista y errónea, ponen en serio cuestionamiento la fiabilidad de los datos aportados por la defensa para justificar los ingresos del investigado, lo que naturalmente extiende la duda sobre la legitimidad del origen del saldo de las cuentas bancarias bajo su titularidad», plantearon.
Sobre los 19 mil dólares en Buenbit, señalaron que como no se pudo verificar su origen ni su licitud, para el fiscal eso suma «otra capa de opacidad a la composición de su patrimonio».
Taiano, Chena y Bergalli también reprocharon que Morales omitió presentar las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales de los periodos 2023 y 2024, lo que «impide la acreditación de su capacidad económica y solvencia patrimonial en instancias previas a esos años». No obstante, tenía tiempo hasta el 26 de junio para presentar la declaración correspondiente al año pasado.
Por las diferencias detectadas habrá que ver si la Justicia logra confirmar la posible comisión de un delito por fuera del objeto de la causa $Libra. Por el momento no hay novedades al respecto.
Cambio de abogados
El pedido de levantamiento de las medidas que pesan sobre las cuentas fue una de las últimas actuaciones que tuvieron los abogados Salaber y Kozak en el expediente ya que, según pudo saber Tiempo, en los últimos días dejaron de representarlo. “Se trató de un cambio, nada relevante ni malo”, supo este medio. Al cierre de esta nota todavía no había designado nuevos defensores, según fuentes judiciales.
Morales se presenta en redes sociales como asesor en Fintech y Blockchain. Estudió en la UADE y en la UBA, y fue asesor de la Comisión Nacional de Valores. Más allá de su paso por la gestión pública, en el mundo privado está directamente relacionado con las actividades que involucran a los activos digitales. Participó del Tech Forum, el evento en el que el presidente Javier Milei dio un discurso que fue escuchado, entre otros, por el creador del token $Libra, Hayden Davis.
Detrás del Tech Forum están Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los imputados en la causa radicada en Comodoro Py. Con el último, Morales figura como socio de la firma City Entertainment S.R.L según el Boletín Oficial. Tiempo intentó consultar a Morales por varias vías, pero no pudo establecer contacto.