En un martes cargado de respuestas a los movimientos de la administración libertaria, la oposición de Diputados continúa presionando para que los funcionarios del gobierno de Javier Milei -envueltos en distintos escándalos de corrupción- acudan al Parlamento para brindar explicaciones. La resolución establece interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mencionados por Diego Spagnuolo en los audios filtrados.

Sería la segunda vez que se cita a la hermana del presidente, teniendo en cuenta que sigue pendiente su citación a la comisión que investiga la posible estafa del caso $Libra.

 “Ya no se admite el silencio por parte del Ejecutivo”, dijo la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva. En el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Salud, el dictamen, sin fecha ya que se definirá en el recinto, obtuvo 44 firmas de acompañamiento, 12 de rechazo de La Libertad Avanza y 2 de la Coalición Cívica.

“Puede una persona, que tiene rango de ministro que se hace llamar jefe del presidente de la nación, frente al escándalo de la corrupción de la ANDIS evitar venir a dar explicaciones al Congreso de la Nación. La respuesta es que no puede”, señaló Leandro Santoro.

El diputado de Unión por La Patria manifestó que el gobierno de Milei “se autoincriminó” mientras ajustaban las pensiones por discapacidad al echar a Diego Spagnuolo “por bocón”. “Estaban robando en la compra de medicamentos y contratación de servicios”, disparó.

En defensa del oficialismo, la libertaria Nadia Márquez apuntó contra la oposición: “Todo esto se utiliza con fines políticos. Tenemos una investigación en curso, está intervenido el organismo y se hicieron allanamientos”.

“En el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubo 1301 pedidos de interpelación. No se efectivizó ninguno. En el segundo periodo hubo 2122 pedidos, no se efectivizó ninguno. En el de Alberto Fernández, hubo 3163, no se efectivizó ninguno. Esto da una sumatoria total de 6585 pedidos de interpelación”, señaló. Y expresó: “Esto es un circo político y a mi no me dan ganas de ponerme la nariz de payaso”.

“Estamos a cinco semanas de las elecciones y citar a Karina Milei en este contexto va a ser solamente para hacer un espectáculo porque es una persona que se comunica con mucha dificultad”, argumentó Juan Manuel López (CC). “No está en debate la interpelación porque es un acceso a la información que tenemos los diputados. Evidentemente hay que dar explicaciones por un hecho que ha consternado a la opinión pública. Pero, creo que la secretaria general de la presidencia se tendría que haber presentado en la justicia”, agregó.

Modificación de la ley que establece los DNU

Por otro lado, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento, se trataron las modificaciones al régimen de DNU. El martes 30 de septiembre se pasará a la firma para que la iniciativa pueda ser votada en el recinto de inmediato.

Al comienzo del debate, diputada massista Mónica Litza recordó que el año pasado se alcanzó en la Cámara baja un dictamen que finalmente no llegó al recinto y, por eso, «es muy bueno que el Senado lo haya podido hacer; es una media sanción que va absolutamente en línea con lo que habíamos dictaminado».

“Lo que debía ser una excepción y un control del presidencialismo se ha convertido lamentablemente en la regla, sobre todo para este Gobierno», agregó la representante de Unión por la Patria, al tiempo que sostuvo: «Hay una desproporcionalidad entre el procedimiento de creación de leyes y los DNU».

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, manifestó: «Nosotros cuestionamos fuertemente esos atributos de monarca sin corona que tiene hoy el Poder Ejecutivo».

“Milei ha hecho no uso y abuso de un DNU, sino una suerte de reforma constitucional de hecho con el DNU 70/23”, dijo y remarcó que “raramente está en vigencia”.

Por su parte, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, dijo que compartía “todos los argumentos críticos” hacia la ley y opinó que “es una insensatez que un decreto tenga una exigencia parlamentaria menor que una ley”.

Según cifras aportadas por el cordobés, “(Carlos) Menem dictó aproximadamente 195 DNU, (Fernando) De la Rúa unos 70, (Eduardo) Duhalde unos 150, Néstor (Kirchner) fue el campeón con unos 250, Cristina (Fernández de Kirchner) a pesar de todos sus años (en la presidencia) fue una de las que menos lo usó, con 80; Mauricio Macri unos 70, Alberto Fernández unos 150 y Javier Milei lleva cerca de 70”. Pero, al comparar las composiciones parlamentarias que cada gobierno tuvo, apuntó que el actual “no dispone de mayorías ni en la Cámara de Senadores ni de Diputados”.

Los DNU se incorporaron con la reforma constitucional de 1994 con la intención de que los gobiernos de turno pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias que no pueden esperar los tiempos institucionales del Congreso. En el 2006, a instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner, se aprobó una ley que blindó los DNU presidenciales y dejó a la oposición de turno prácticamente sin capacidad para derogar los decretos.

Dicha ley establece que con la aprobación de una sola cámara de Congreso el decreto queda en pie y quedan vigentes sus efectos jurídicos. A la inversa, se necesita del rechazo de ambas cámaras para poder voltear decretos, algo que se logró en muy contadas ocasiones.

El proyecto, que viene con sanción del Senado, establece que bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular el decreto. Pero además todo DNU tiene 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para lograr su convalidación en el Congreso, caso contrario pierde su validez y efecto jurídico.