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En épocas de hostigamiento, control social y bajos salarios que afecta al conjunto de las y los trabajadores, el sector de empleados públicos es el más castigado. Quienes
En épocas de hostigamiento, control social y bajos salarios que afecta al conjunto de las y los trabajadores, el sector de empleados públicos es el más castigado. Quienes desempeñan sus tareas en la administración porteña sostienen que son doblemente embestidos: por la situación económica provocada por Milei y por la desdicha programada por Jorge Macri.
El miércoles de la semana pasada, Tiempo replicó un documento de acceso a la información pública solicitado por la Fundación Éforo, donde estaban plasmadas cifras oficiales respecto a la instalación de dispositivos de acceso con datos biométricos en Escuelas porteñas.
Según el informe, la Ciudad ya colocó estos equipos en casi 700 edificios escolares: en 10 instituciones para adultos, en 289 de Nivel Inicial, en 365 de Nivel Primario, en 11 de Educación Media y en una terciaria.
En las últimas horas, la justicia de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad dictó una medida precautelar, ordenando al Gobierno porteño que garantice «un método de registro de asistencia alternativo para un empleado público que se negó a entregar sus datos biométricos faciales».
El fallo judicial rubricado por la jueza Patricia Graciela López Vergara suspende parcialmente la obligatoriedad del nuevo sistema de control de presentismo por reconocimiento facial sólo para los trabajadores que asisten al edificio Lezama, hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El hecho marca un precedente que podría extenderse a otros sectores de estatales.
En ese edificio, funcionaba la ex fábrica Canale y actualmente es ocupado por ministerios y organismos públicos del Gobierno de la Ciudad como el Ministerio de Modernización, el de Espacio y Ambiente Público, el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras sedes.
El «parate» para seguir utilizando los datos biométricos de trabajadores surge a raíz del patrocinio del abogado Jonatan Baldiviezo, titular de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. En la presentación, Baldiviezo solicitó que se declarara la ilegalidad e inconstitucionalidad de la exigencia de revalidar y otorgar sus datos biométricos faciales para controlar su asistencia, en el edificio gubernamental ubicado en Av. Martín García 346.
Este conflicto se originó el 16 de septiembre de 2025, cuando la Dirección General de Planificación y Control Operativo del Ministerio de Hacienda del GCBA comunicó el reemplazo de los dispositivos de registro de asistencia por huella digital, por un nuevo sistema de reconocimiento facial. La nota oficial advertía al personal que debían «revalidar el registro de sus datos biométricos, a los fines de no verse imposibilitados el registro y acceso respectivos».
La persona demandante argumentó que, hasta la fecha de la implementación, convivían dos métodos de registro: el reconocimiento de huella digital y el ingreso mediante número de DNI, sistema que él mismo utilizaba por fallas en el lector de huella.
Sin embargo, denunció que el 30 de septiembre de 2025, el sistema de huella digital dejó de estar disponible y se le registró una ausencia a pesar de haber asistido a su puesto de trabajo, siendo el reconocimiento facial el único método habilitado.
En su resolución, la jueza López Vergara consideró que, mientras se reúne la información necesaria para decidir sobre la medida cautelar de fondo, era imperativo dictar una medida precautelar para «resguardar los derechos, a fin de evitar que durante el lapso que irrogue el cumplimiento de las mismas se produzca una situación dañosa«.
La magistrada destacó el peligro que implica para el trabajador continuar registrando inasistencias por no consentir el nuevo mecanismo.
