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Uno de los interrogantes que se abrió después del triunfo electoral de Javier Milei en las elecciones de medio término del domingo fue cuál sería la reacción de
Uno de los interrogantes que se abrió después del triunfo electoral de Javier Milei en las elecciones de medio término del domingo fue cuál sería la reacción de un Poder Judicial que se mueve cada vez más en tándem con la política. Y un primer espaldarazo al fortalecido modelo libertario provino del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de este martes, que falló a favor de Mauricio Macri y dos funcionarios mileístas, al tiempo que confirmó una condena que dejó al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
El trío de jueces de la Corte, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se juntó este martes para la primera reunión de acuerdo postelectoral. De los 407 fallos que firmaron, hay un puñado de relevancia significativa. Aparecen los nombres del expresidente Mauricio Macri y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con buenas noticias para el primero y una sucesión de rechazos para la segunda, además de una serie de decisiones favorables a Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger, funcionarios clave del gabinete de Milei.
Uno de los fallos más relevantes debido a la sensibilidad de la causa en cuestión es el que confirmó el sobreseimiento de Macri en la causa por espionaje a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.
Se trata de la causa que arrancó cuando la intervención de la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Alberto Fernández encontró una serie de pruebas que permitían vislumbrar que se habían hecho seguimientos a las actividades de las familias afectadas. Todo se tradujo en una denuncia por supuesta producción de inteligencia ilegal que presentó la ex interventora Cristina Caamaño.
Entre los involucrados no solo estuvo Macri, sino que también la cúpula del organismo de inteligencia en su gobierno, integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Ahora, la Corte dejó firmes sus sobreseimientos al desestimar dos planteos de los familiares que habían pedido anular la decisión de la Cámara Federal de Casación que había favorecido a los tres implicados.
Más allá de la decisión de ayer y los últimos pronunciamientos de las Cámaras, se trata de uno de los expedientes contra el exmandatario que tuvo mayor impulso judicial en los últimos tiempos. Curiosamente, no fue en Comodoro Py donde eso ocurrió.
Vale recordar que dos años después de haber dejado la presidencia, el actual presidente del PRO fue llamado a declaración indagatoria por el juez federal de Dolores, Martín Bava, sobre quien Macri desplegó una fuerte ofensiva judicial y mediática al acusar al magistrado de “forzar mi llamado a indagatoria” y señalarlo por “persecución política”.
El caso inició en 2020. Al dolor que tenían las familias que reclamaban por la falta de respuestas y de acompañamiento del gobierno ante la tragedia de haber perdido a los suyos en el fondo del mar se les sumó el hecho de enterarse de que eran mencionados en fichas del organismo de inteligencia.
Uno de los partes hallados por la intervención y denunciados a la Justicia fue fechado a principios del 2018, y es una especie de adelanto de la postura de los familiares que iban a reunirse con el presidente el 6 de febrero. “La señora XX esposa del tripulante XX expresará que ‘continúen con la búsqueda y que se contrate lo que haya que contratar’“, decía uno de los puntos. “Entre todos los familiares intentarán ‘reprochar’ un desamparo por parte del sr. presidente ante los pedidos de que se presente personalmente en la base naval con más continuidad para contención de los mismos”, decía otro de los párrafos de uno de los partes.
Esto es solo un puñado de la información que se produjo, que incluyó fotos de los familiares, información personal y una caracterización del rol que tenían dentro del grupo de familias.
Si bien el caso de espionaje sobre los familiares salió del foco mediático hace años, no deja de ser un expediente sensible para las 44 familias afectadas. Frente a ese panorama, los jueces de la Corte invocaron una cuestión de forma para rechazar los recursos de la querella.
Tanto en el planteo presentado por la querellante Eva Zulma Sandoval como en el que presentó la abogada Valeria Carreras, la Corte decidió desestimarlos por un mismo motivo: no cumplieron con los requisitos de la acordada 4/2007. Esa acordada es el reglamento sobre los escritos de interposición del recurso extraordinario y del recurso de queja por denegación, donde punto por punto se establecen las formas en las que se deben interponer los escritos. Del lado de la abogada rechazan el argumento cortesano.
El mismo argumento usaron los tres cortesanos para rechazar en el mismo acuerdo un recurso de queja que presentó el abogado Carlos Gustavo Blanco, representante de Reynaldo Luis Defranco Fantín e International Corporation S.A. Se trata de los denunciantes del actual ministro de Economía, Luis Caputo, por supuesta defraudación por retención indebida y por desbaratamiento, presentación que data del 2017 y que instruyó el juez Daniel Rafecas.
Según supo Tiempo de fuentes judiciales, el juez había desestimado la denuncia en junio del 2017 al considerar que no había delito y por no tener impulso del Ministerio Público Fiscal, a partir de que el fiscal Guillermo Marijuán había considerado que “los hechos descritos configuran un incumplimiento contractual que requieren que el reclamo deba iniciarse en una sede judicial distinta a la presente”.
Con un artilugio que les permite rechazar un recurso sin necesidad de fundamentar su decisión -el famoso artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial-, los jueces de la Corte también dejaron firme el sobreseimiento del actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El funcionario había sido denunciado en marzo del 2017 por Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales. Fue por un hecho que publicó Página/12, ocurrido en el Banco Central durante gestión macrista que presidía Sturzenegger.
En una reunión de directores y gerentes de la entidad monetaria, el funcionario habría exhibido una diapositiva de Powerpoint que contenía una foto de Florencia Kirchner y el interrogante “¿Y con esta qué hacemos?”.
“Sturzenegger habría exhortado a los presentes a fin de que aporten ideas para iniciar causas penales en mi contra o bien involucrarme en procesos judiciales ya existentes”, había planteado la denunciante.
El caso fue desestimado en mayo del 2018 por la Cámara Federal de Casación, que al confirmar un fallo de la Cámara Federal porteña dejó firme el sobreseimiento del actual ministro mileísta por inexistencia de delito. Frente a eso, la denunciante presentó un recurso de queja que entró a la Corte en junio del 2019 y se movió por las vocalías hasta diciembre del 2023. El pasado jueves 23, unos días antes de las elecciones legislativas, el expediente se reactivó para llegar al acuerdo de este martes, cuando finalmente se rechazó el planteo y salió el fallo favorable.
La superactividad del martes poselectoral también incluyó la confirmación de dos condenas contra el ex secretario de Comercio del kirchnerismo, Guillermo Moreno. Con el detalle de que también quedó firme la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, la misma figura que le aplicaron a la expresidenta Cristina Kirchner en la condena de la causa Vialidad.
Los jueces de la Corte decidieron tratar cuatro recursos de queja presentados por la defensa de Moreno. Uno de ellos fue en el marco la causa por “perturbación del orden” de una asamblea de Papel Prensa y los otros tres por el uso de fondos públicos para la compra del cotillón “anti Clarín”, por la que le dieron la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos.
Foto: La Cámpora / Prensa
En el acuerdo, los cortesanos también rechazaron una serie de presentaciones de los abogados de Cristina Kirchner en tres causas: Vialidad, la del atentado del 1° de septiembre del 2022 y en el marco de la causa Cuadernos, que está a días de comenzar su juicio oral.
