El tipo aún no tiene nombre ni cara. Y la prensa lo llama “El Tirador del Delta”, puesto que, desde la espesura de un islote del río Luján, a la altura de Escobar, le descerrajó un balazo en el pecho a una mujer que navegaba en una lancha con un grupo de amigos. Ella fue internada en estado crítico, mientras los rastrillajes policiales para dar con el victimario son todavía infructuosos.

Lo cierto es que este episodio no pudo ser más inoportuno.

Es que el Ministerio de Seguridad acababa de anunciar la reglamentación del régimen que habilita la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas, desregulado en junio pasado por el Decreto 397/25 que firmó el presidente Javier Milei y la titular de esa cartera Patricia Bullrich. O sea, habrá fusiles, subfusiles, carabinas y subametralladoras de asalto para todos y todas. Cabe destacar que, desde 1995, semejante ferretería era sólo de uso militar.

Tal decisión fue precedida por otras dos medidas tendientes a flexibilizar el mercado de armas. La primera consistió en reducir de 21 a 18 años la edad para ser “legítimo usuario”, y la segunda fue ofrecer un trámite digital de “tenencia express” para hacer más ágil su obtención. 

Si bien ya existe un proyecto de ley del diputado Eduardo Valdéz (UxP) para voltear estas medidas, porque –según su óptica– “debilitan la prevención de la violencia”, el asunto ha tenido una gran acogida en cierto sector de espíritu público” muy proclive al ejercicio de la “justicia por mano propia”. No es una novedad que los sueños de la inseguridad crean monstruos.

Pero en este contexto, lo que el gobierno nacional en realidad oficializó es un semillero de matanzas, suicidios involuntarios y malentendidos macabros.

Con respecto a lo primero, se cae de maduro que la profusión de armas multiplicará la tasa de homicidios. De hecho, solamente el 39% de los crímenes nacionales son en ocasión de robo; los restantes son asesinatos intravecinales e intrafamiliares, femicidios y los cometidos en riñas callejeras. 

De manera que hay más homicidas entre los ciudadanos de bien que en los ámbitos estrictamente delincuenciales.

Claro que en otros países muy tolerantes con la tenencia y la portación de armas se producen hechos extremas. Por caso, en los Estados Unidos, y hasta a raíz de simples prejuicios. 

Desde una perspectiva histórica, el precursor mundial de las ejecuciones punitivas fue el “Justiciero del Metro de Nueva York”. Influenciado –tal como lo confesaría después– por la película El vengador anónimo, donde Charles Bronson interpreta a un hombre, alicaído por el asesinato de su esposa, que decide limpiar a balazos las calles de la Gran Manzana. Este individuo subió a un vagón en Manhattan para acribillar a cuatro muchachos negros de porte sospechoso, ante la atónita mirada de 20 pasajeros. Corría la tarde del 22 de diciembre de 1984 y esa sombra letal acababa de adquirir estatura de mito. Su detención ocurrió ocho días después. Era Bernhard Goetz, un ingeniero delgado, frágil y racista, que había sufrido un robo en 1981. El tipo fue condenado a sólo ocho meses de cárcel.

El primer émulo autóctono de Goetz tardó casi siete años en desatar su festín de plomo. Fue el ingeniero Horacio Santos, quien durante el ya remoto 16 de junio de 1990 persiguió en auto por el barrio de Devoto a dos pibes que le habían hurtado un pasacassette, hasta liquidarlos con cinco precisos balazos.

Antes de morir, no representaban ningún peligro para él.

Desde entonces el ejercicio de la justicia por mano propia se multiplicó con “vengadores” provenientes de todos los estratos sociales; desde remiseros a empresarios, pasando por jubilados y hasta jueces (como el finado Claudio Bonadio, quien en 2001 mató con seis tiros por la espalda a dos malhechores).

¿Y el caso de Baby Etchecopar?

Le pudo pasar a cualquiera. Pero le sucedió a él. Y fue su popularidad, anudada a la amenazante incursión de tres asaltantes en su casa de San Isidro, lo que hizo de él un símbolo social, luego de que, con su hijo adolescente, se defendiera a tiro limpio. Uno de los intrusos murió de ocho balazos, el hijo de Baby recibió cuatro y él, tres (ambos sobrevivieron),

Entonces, la “mayoría silenciosa” se puso en su lugar. Y teorizó sobre las ventajas y complicaciones de iniciar en una pequeña habitación un tiroteo entre cinco personas armadas, Un debate que podría haberse zanjado con la siguiente pregunta: ¿Acaso le gustaría a usted ser asaltado en compañía de Etchecopar?

Aun así, tal polémica persiste. Y se renueva en estudios de televisión, sobremesas y funerales. Porque andar “calzado” para evitar asaltos no parece ser un buen negocio, dada una dificultad de índole práctica: es casi imposible desenfundar, apuntar y disparar sobre alguien que lo tiene a uno encañonado. De hecho, el 77% de los homicidios en ocasión de robo se producen debido a la resistencia armada de la víctima. Una tendencia elocuente para lo que se podría caratular como “suicidio por mano ajena”.

Pero la autoprotección armada también es también un hábito proclive a la mala praxis. Y, al respecto, basta recordar el infortunio del anciano coronel Norberto González, quien convivía con María de la Arena, exesposa del famoso joyero Huber Ricciardi.

Todo explotó durante la madrugada del 1º de enero de 1997, cuando la pareja regresaba al chalet que alquilaban en Punta del Este. En ese instante, él advirtió desde el jardín una luz en el living y una silueta detrás de la ventana,

Casi por reflejo desenfundó su Browning. Y gatilló.

Seguidamente, al ver como el presunto ladrón caía tras el primer disparo, pateó la puerta, quizás evocando algún operativo “antisubversivo”.

Grande fue su sorpresa al advertir que allí no yacía un malhechor sino el nieto de su novia, José Ricciardi, de apenas 15 años.

Desde ese día hasta hoy, hubo 187 casos similares.

En definitiva, la utilización de armas por parte del ciudadano común es una fuente inagotable de tragedias.

Llama la atención que el eterno debate sobre la justicia por mano propia omita este detalle. Y que, a su vez, la figura de “legítima defensa” sea aplicada a muertes causadas con armas de fuego cuando el agresor, en situación de huida, es baleado por la espalda (ello suma un promedio de 71 muertes por año).

En consecuencia, cuando se habla sobre los beneficios o inconvenientes

del uso civil de las armas, lo que realmente la sociedad discute es la legitimidad de lo que se podría denominar “Doctrina de la Seguridad Vecinal”, cuyo corpus se cifra en dos pilares: “Hay un estado ausente” y “La gente está cansada”.

Se trata de una polémica que –por el solo hecho de serlo– deja al desnudo nada menos que el gen criminal del ciudadano común.

Una maldición que el régimen libertario no deja de alentar.