Ana Calafat, del Observatorio de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, denuncia que este lunes el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) protagonizó una brutal represión contra los presos alojados en el Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca. Mientras tanto, sus familiares se manifestaban en la puesta de la cárcel.

Los detenidos permanecían en huelga de hambre en forma de reclamo por las requisas vejatorias que sufren sus familiares. «El director del penal, de apellido Matamala, ordenó requisas de cuerpo que son muy vejatorias y humillantes. Antes estaba como director en la cárcel de Cipolletti, donde hizo lo mismo y nosotros presentamos un habeas corpus colectivo», denunció Ana, en diálogo con Tiempo.

Y completó: «Estas requisas implican una revisión de las partes íntimas de las mujeres, niñas, niños y adolescente. Hasta les hacen separar los labios de la vagina. Lo están haciendo en forma indiscriminada, esto generó conmoción en los familiares y detenidos».

En esta línea, cabe destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó la atención al Estado argentino señalándole que este tipo de requisas están prohibidas por constituyen un delito sexual, el vejamen. Son cuestiones que se consideraban superadas, claras y establecidas, pero siguen pasando.

Huelga por requisas vejatorias en el penal

Las personas privadas de libertad en algunos pabellones se declararon en huelga de hambre y se generó una situación que derivó en una brutal represión que afectó a varios detenidos que resultaron heridos mientras su familiares se manifestaba en la puerta del penal. «Según el enfermero que trabaja en la cárcel ninguno de ellos de gravedad», dijo Ana.

También denunció que obligan a personas mayores de 60 años a hacer sentadillas y que además sufren el manoseo. Por eso piden que pongan a una ginecóloga para que sea quién revise a las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Los familiares de los detenidos se manifestaron afuera del penal desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde de este lunes. Desde adentro y desde afuera reclamaban que bajen las máximas autoridades y que les brinden una respuesta. Piden el cese de las requisas vejatorias y que el director sea removido.

El Observatorio de Derechos Humanos tiempo atrás presentó un habeas corpus colectivo por el mismo motivo cuando estaba este mismo director, Matamala, en el penal de Cipolletti. «Allí ordenó hacer las mismas requisas y también hubo problemas. En muchas ocasiones los penitenciarios sostuvieron que los familiares no de tienen que acercar a los detenidos«, recordó Ana.

Continuó relatando: «Lo cierto es que implementó Matamala está haciendo lo mismo que hizo en el penal de Cipolletti. Nosotros presentamos un habeas corpus al Supremo Tribunal de Justicia, que lo resolvió el doctor Ricardo Apcarían«, reconstruyó.

«En ese momento el magistrado sostuvo que no pudo comprobar la existencia de los hechos denunciados, por lo cual resolvió no hacer lugar -aseveró la mujer- al incidente de habeas corpus colectivo que presentamos. Porque solo tomó en cuenta las palabras de la institución penal«.

Ana detalló: «Si hizo lugar al nuestro pedido de que se establezca un protocolo de requisas que sea respetuoso. Nosotros pedimos que lo dictara la Legislatura, pero el juez se lo pidió al mismo Servicio Penitenciario Provincial , que ordenó y presentó un protocolo, donde dice que este tipo de requisas vejatorias están prohibidas, pero siguen ocurriendo«.

Los familiares de los detenidos quemaron gomas en la puerta del penal para reclamar, «porque hasta se llegó a decir en los medios de comunicación locales, que habían muerto dos personas y esa noticia vino desde adentro del penal«, apuntó la mujer.

Todo esto generó mucha angustia en los familiares que estuvieron desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde del lunes en la cárcel. «Fue cuando decidieron salir los penitenciarios a dar explicaciones y pudieron calmar a los familiares», dijo.

Los familiares pidieron que permitieran el ingreso de miembros del Observatorio de Derechos Humanos para que verifiquen que los detenidos estuvieran bien, pero no les fue concedido, les dijeron que no por «cuestiones de seguridad».

Ana concluyó: «Lo decidieron así a pesar de que tradicionalmente siempre pudimos entrar, dijeron que era por cuestiones de seguridad. Los familiares de los detenidos también pidieron la renuncia del director Matamala».