Hay momentos en que la discusión pública revela más sobre quienes la protagonizan que sobre el hecho que pretende analizar. La reciente columna de Carlos Pagni en La Nación -y, sobre todo, el recorte televisivo donde presenta a la a la abogada Marisa Herrera como una especie de emisaria obediente de un sector partidario- es uno de ellos.

No porque aporte datos novedosos, sino porque vuelve a exhibir un viejo reflejo de la cultura judicial y mediática argentina: cuando una mujer levanta la voz desde sus convicciones y su formación, el sistema se apura a suponer que habla “por alguien más”.

No deja de ser paradójico. En un país donde la Suprema Corte bonaerense arrastra una deuda de casi dos décadas con la representación femenina, una candidata con el nivel académico, la producción jurídica y la trayectoria internacional de Marisa Herrera es descrita no por lo que ha hecho sino por lo que otros, supuestamente, le dictan.

A los varones, nunca les pasa. Ninguno de los juristas con aspiraciones a cargos de alta magistratura es presentado como “el militante” de tal o cual fuerza, aunque todos -como cualquier persona inserta en una sociedad política- tengan ideas, afinidades o posicionamientos.

Esa asimetría no es casual. Es parte del mismo sesgo que Herrera viene denunciando desde hace años: la ficción de neutralidad que históricamente ha servido para legitimar un Poder Judicial hegemonizado por un único perfil -el masculino, blanco, heterocentrado y de clase media o alta- como si ese perfil fuera la voz objetiva de la República. Lo que molesta no es que Herrera hable “mucho”; lo que molesta es que hable desde un lugar propio. Y que, al hacerlo, desacomode esa ficción.

La escena con la jueza Kogan y la lectura fácil

El episodio divulgado por Pagni -el cruce entre Hilda Kogan y Herrera en un acto público- fue relatado con una intencionalidad evidente: instalar la imagen de una académica radicalizada, irrespetuosa y subordinada a una agenda ajena. Sin embargo, cualquiera que conozca el paño sabe que los debates jurídicos sobre feminismo, igualdad estructural, transversalización de género o ampliación de derechos generan incomodidades desde hace décadas. No es nuevo que un sector del Poder Judicial los perciba como una amenaza a tradiciones corporativas.

Pero hay algo más importante: incluso si existió una tensión -algo absolutamente verosímil en un ámbito donde las discusiones conceptuales nunca fueron suaves- eso no invalida ni su idoneidad, ni su solvencia técnica, ni su legitimidad para aspirar a un cargo de alta responsabilidad. Lo contrario sería aceptar que a las mujeres se les exige una conducta de docilidad pública que nunca se reclama a sus colegas varones.

La simplificación de Pagni sugiere que Herrera “milita” ideas ajenas. Lo cierto es que milita -si acaso esa palabra debe usarse- conceptos constitucionales: igualdad real (art. 75 inc. 23), prohibición de discriminación estructural, adecuación a estándares internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género como obligación estatal, no como opción. Ninguno de esos principios es partidario. Todos son constitucionales.

Una jurista cuya obra habla sola

Hay un modo muy simple de desmontar la caricatura: basta con leerla. Herrera es autora de tratados de referencia en derecho de familia, bioética, técnicas de reproducción asistida y protección integral de la infancia. Fue redactora principal del Código Civil y Comercial en todo lo relativo a derechos de niños, niñas y adolescentes. Integra comités internacionales y organismos de investigación desde mucho antes de que el actual mapa político existiera.

Su pensamiento puede compartirse o no -como el de cualquier jurista relevante-, pero no necesita tutores políticos. Su trayectoria la vuelve, justamente, lo contrario a un títere: una voz incómoda para los sectores que prefieren un Poder Judicial inerte, sin debate público y sin exigencias de transformación democrática. Reducirla a un rótulo partidario no es un análisis político. Es un acto de infantilización.

La incomodidad como motor democrático

Cuando Herrera plantea que la Justicia bonaerense necesita ampliar su representación -incluyendo mujeres trans- no está haciendo una proclama disruptiva sino traduciendo un mandato básico del constitucionalismo contemporáneo: la igualdad real no se decreta, se construye. La diversidad en la composición judicial no es un capricho identitario, sino una garantía de legitimidad democrática.

Esto es lo que ciertos sectores temen: que la Justicia deje de ser un refugio para la homogeneidad y se convierta, de verdad, en un espacio donde irrumpan otras experiencias vitales. Experiencias que no solo aportan sensibilidad, sino también nuevas preguntas jurídicas. Lo que Pagni presenta como agenda partidaria es, en realidad, el estándar mínimo de los sistemas judiciales más modernos del mundo.

Cuando el análisis político se vuelve caricatura

La intención de ridiculizar a Herrera, de convertirla en personaje antes que en analista del derecho, revela un límite profundo del comentario político tradicional: su dificultad para pensar el feminismo como un movimiento jurídico serio, denso, argumentado, con producción académica de primer nivel y reconocimiento internacional.

El feminismo jurídico -le guste o no a quienes lo comentan desde los estudios de televisión- no es un eslogan. Es una matriz de análisis que interroga desigualdades históricas, revisa institutos jurídicos y exige al Poder Judicial que se piense a sí mismo. Es una forma de leer la Constitución. Y Herrera es una de sus exponentes más calificadas en el país. Que esa voz sea atacada como “militante” no habla de ella. Habla del miedo a perder privilegios.

La Suprema Corte bonaerense, con más de una vacante pendiente y una composición históricamente sesgada, necesita urgentemente recuperar legitimidad social. Para eso hay dos caminos posibles:

• profundizar la tradición conservadora que la alejó del siglo XXI
• abrir sus puertas a juristas capaces de interpelarla desde adentro.

Herrera forma parte de este segundo grupo. Y por eso despierta resistencias. No es Herrera el problema. Es lo que representa. Lo que en verdad se discute no es su nombre, ni su video, ni un episodio social relatado de manera oportunista. Lo que se discute es si la Justicia bonaerense está dispuesta a dejar de ser un club de perfiles replicados. Lo que se discute es si la Constitución va a ser aplicada con la integralidad que exige. Lo que se discute es si el Poder Judicial debe reflejar la complejidad real de la sociedad.

En ese debate, Herrera no es una pieza movida por otros. Es, precisamente, una de las pocas figuras que se atreve a mover la mesa. Y eso -aunque algunos intenten disfrazarlo de escándalo- se llama democracia.