El gobierno de la Ciudad se enorgullece de haber hecho más de 460 desalojos y lo dice cada vez que puede en sus redes. Los datos oficiales muestran que por esos operativos más de 800 niños y niñas y 1200 personas mayores quedaron viviendo en la calle. Pero de esa situación nadie dice ni hace nada. Al contrario, la gestión de Jorge Macri disminuyó el presupuesto de las políticas públicas de vivienda desentendiéndose de los derechos y necesidades de las personas que viven en CABA. 

Uno de cada tres habitantes de la Ciudad alquila su vivienda y son cada vez menos las personas dueñas: pasaron de 69% en 2001 a 52,9% en 2022. Esto ocurre en un momento de total desregulación del mercado de vivienda en alquiler, donde se hacen contratos desde un mes hasta tres años -remanentes de la ley de alquileres- con aumentos regulados por distintos índices y cambios, que se ejecutan según lo que imponga quien te alquila. Las pocas y pobres políticas para esta población -subsidios en los seguros de caución, gratuidad de firmas, y promoción de un modelo de contrato- están desfinanciadas e invisibilizadas.

Cerca del 10% de la población porteña reside en barrios populares, zonas de la ciudad donde se evidencia una grave desigualdad en el acceso a los servicios básicos, a la vivienda, y a los servicios públicos como la salud y la educación. Desde hace poco más de una década, la integración sociourbana constituye un derecho reconocido por la legislación local y nacional, sin embargo, hoy se encuentra particularmente vulnerado.

Según el análisis presupuestario realizado por ACIJ, las políticas públicas de vivienda en la Ciudad tienen el menor financiamiento de los últimos 14 años y la poca inversión se asigna, principalmente, a subsidios habitacionales: es solo el 0,9% del presupuesto total. Esos subsidios no resuelven la situación habitacional de las personas que lo reciben: sólo logran acceder a una habitación de hotel por el plazo máximo de un año -donde tienen que solicitar la renovación- y terminan aceptando una solución que debería ser temporal como definitiva. 

A pesar de que el presupuesto de CABA aumentará un 3,67% respecto al año pasado, las partidas para los organismos de vivienda e integración sociourbana caerán un 22,9%. 

Por otro lado, el IVC, que tiene a su cargo la planificación y ejecución de políticas de reurbanización en barrios populares, y de brindar soluciones y apoyo para acceder al alquiler y a los créditos hipotecarios, registra una reducción del 14,5%. La contracara de este recorte es el aumento del 3,8% en partidas destinadas a personas en situación de calle donde la mayor parte es para financiar subsidios habitacionales, seguido por la asistencia en los Centros de Inclusión Social (CIS) y a través de la línea telefónica de la Red de Atención. Es una paradoja que el gobierno tenga una campaña activa de desalojos y al mismo tiempo aumenta el presupuesto para atender a esas mismas personas que deja en la calle.

El Tercer Censo Popular relevó 11.982 personas viviendo en la calle en la Ciudad: un 64% más que en el 2019. Y de ellas, un 80,7% denunció haber sufrido violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad y de trabajadores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Esta realidad indica la necesidad de un Estado que se involucre en estos procesos con políticas activas de vivienda y soluciones habitacionales definitivas. El retiro del Estado en áreas sustantivas coincide con las acciones del comienzo de gestión donde las personas viviendo en la calle eran desplazadas para cumplir con el paradigma de “orden y limpieza”. Esto ocurre cuando el 80% de las personas que viven en la calle denunciaron en el censo haber sufrido esta situación.

Recientemente, el propio ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, defendió en la Legislatura porteña el presupuesto asignado a su cartera, y presentó como un avance en las políticas de vivienda la compra de vehículos (tanto motos, como camionetas) para lograr identificar a las personas en situación de calle. Así, su única política será la de identificar tempranamente a las personas en situación de calle y ofrecer subsidios o soluciones temporales como la estadía en los Centros de Inclusión Social.

La Ciudad de Buenos Aires no puede desvincularse de los problemas habitacionales actuales, donde la gente vive cada vez peor. Atender únicamente la urgencia no resuelve la problemática, sino que la consolida y, en el peor de los casos, la agrava.