Tras finalizar el anteúltimo encuentro del Consejo de Mayo, Gerardo Martínez mantiene una cumbre con Santiago Caputo en su oficina de la Casa Rosada este mediodía. El encuentro entre el titular de la UOCRA y el asesor presidencial se enmarca en la acalorada discusión que el Ejecutivo mantiene con varios sectores para avanzar con la aprobación de la reforma laboral, texto cuyo contenido ya se encuentra escrito.

El cónclave se organizó luego de la convocatoria que el jefe de Gabinete Manuel Adorni concretó esta semana para el organismo que discute el decálogo reformista que el presidente Javier Milei firmó el año pasado con veinte gobernadores. En este sentido, Martínez busca alcanzar entendimientos entre la CGT y el Gobierno para que la reforma laboral que el oficialismo planea presentar el próximo 9 de diciembre tenga condiciones que garanticen la supervivencia del sector sindical en la posteridad.

El proyecto que presentará La Libertad Avanza consta de nueve títulos. Los mismos abarcan reformas en la ultraactividad de los Convenios Colectivos de trabajo; Carga fiscal (donde el Ejecutivo apunta por disminuir significativamente los tributos que el empleador afronta por cada trabajador); Financiamiento de las Cámaras y los sindicatos; Relación convenios; Derechos Colectivos; Trabajadores autónomos, Democracia Sindical y un último título que advierte Derogaciones varias.

Una de las principales propuestas que puso en alerta a la CGT fue la decisión del gobierno de avanzar con de modificar las leyes 14.250 (de Convenios Colectivos) y 23.551 (de Asociaciones Sindicales) que atentan de forma directa con el ingreso y financiamiento de los sindicatos.

Además de buscar la eliminación de la ultraactividad, la limitación de asambleas en horario laboral, e intentar imponer nuevas jerarquías en los Convenios Colectivos de Trabajo que limarían el poder gremial dentro de las negociaciones paritarias, el Gobierno apunta a que el patrimonio sindical se integre exclusivamente por cuotas de afiliados, bienes propios y donaciones no prohibidas. Este artículo eliminaría de cuajo los aportes solidarios que los trabajadores contribuyen mediante una retención de su salario, un mecanismo fundamental para la supervivencia de los gremios.

Como contó este medio en exclusiva, la propuesta que llevará el Gobierno a la mesa de discusión será la de garantizarle a la CGT la vigencia de los ingresos a través del control del Fondo de Cese Laboral que utiliza el sindicato de la UOCRA conducido por Martínez, principal nexo entre el Gobierno y la Central Obrera. Uno de los argumentos a los que se aferran en el oficialismo es que la modificación de la ley laboral aumentará el flujo de trabajadores bancarizados, lo que a su vez garantizaría a los gremios mayores ingresos por el aumento de afiliados. Una teoría del derrame sindical de bajo mote.

Pese a que la discursiva de la Central Obrera se mantiene aferrada a la disconformidad opositora, en el Gobierno están confiados que podrán llegar a un acuerdo que les permita avanzar en línea recta con la modificación de la ley laboral y sindical. Tanto así, que en un importante despacho se aventuran a advertir que el proyecto se podrá tratar en el período de sesiones extraordinarias que el Ejecutivo convocará entre el 10 y 31 de diciembre, con posibilidad de extender la discusión hasta enero, si así fuese necesario.

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