Según reportó el NYT el viernes 30 de enero, la Argentina estaría avanzando en la negociación de un acuerdo bilateral con Estados Unidos para aceptar migrantes de terceros países deportados por el gobierno norteamericano. Este tipo de acuerdos, con distintas características, han sido firmados por países de la región como El Salvador, Paraguay, Ecuador y Panamá. En todos los casos, los países que aceptan estas prácticas reciben algún tipo de apoyo económico por parte de Estados Unidos. Así ocurrió en la deportación de más de 200 migrantes hacia El Salvador que fueron alojados en la prisión de máxima seguridad CECOT o cuando 299 personas fueron enviadas a Panamá en 2025. Argentina recibió una ayuda económica de parte del gobierno de Donald Trump en octubre de 2025 y aún son inciertas las condiciones de ese envío de dinero.

Adoptar una medida como la que trascendió, inédita para nuestro país, sería un gesto de alineamiento irrestricto a las demandas de Estados Unidos y contradiría la ley de migraciones argentina.

El gobierno argentino utiliza una narrativa antimigrante trillada que asocia migración con inseguridad para justificar las modificaciones a la ley de migraciones y dificultar la residencia regular en el país, habilitar el despliegue de operativos de control de permanencia y endurecer los requisitos de ingreso. Todas estas medidas son parte de un cambio de perspectiva en la política migratoria: ya no se trata de un tema social sino sólo de una cuestión de seguridad. Para este gobierno, algunas personas migrantes son, entonces, el “enemigo interno”.

Las cifras de población extranjera en la Argentina están en línea con los datos de población extranjera detenida por cualquier tipo de delito: porcentajes de apenas un dígito. Es decir, es falso que haya una “delincuencia descontrolada” asociada a las personas migrantes. A pesar de esto, el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones se jactan de aumentar las expulsiones y rechazos en frontera y celebran operativos de control como el que realizaron en Villa Celina donde, de 385 personas controladas, apenas 16 se encontraban en situación irregular.

Ahora bien, ¿cómo dialoga esta política de restricción y expulsión con un acuerdo bilateral que implicaría recibir personas deportadas de otros países? ¿Dónde se alojarían esas personas? ¿En qué condiciones permanecerían en la Argentina? ¿Cuál es el límite del alineamiento con el gobierno norteamericano? La respuesta a todas estas preguntas implica contar con presupuesto. ¿Está dispuesto el gobierno argentino a disponer recursos para sostener el traslado de la frontera de Estados Unidos a nuestro país en condiciones que respeten los derechos y la dignidad humana?

Los acuerdos bilaterales de deportación a terceros países han afectado los derechos humanos de migrantes y refugiados. Las personas migrantes terminan siendo la moneda de cambio de una negociación de la que no forman parte y que evidentemente las perjudica. El caso de El Salvador es muy elocuente. Más de 200 personas que no fueron sometidas a ningún juicio fueron trasladadas al CECOT, un centro de detención de máxima seguridad sobre el que abundan denuncias de tratos crueles e inhumanos. Las familias de las personas deportadas desconocían dónde se encontraban, no tenían posibilidad de comunicarse ni, mucho menos, recibir asesoramiento legal. En algunos casos se trasladó a personas que solicitaban asilo o que eran refugiadas. En Panamá también se reportaron irregularidades y vulneraciones a los derechos de las casi 300 personas enviadas por Estados Unidos. La gran mayoría provenían de países asiáticos y africanos, no conocían el idioma ni fueron informadas de su destino hasta que arribaron a Panamá. Allí permanecieron durante más de dos meses en un refugio en la provincia del Darién hasta que una medida judicial obligó al Estado a ofrecerles alternativas de regularización.

Este tipo de medidas de externalización de fronteras ha sido criticado por numerosos expertos porque deshumaniza a las personas migrantes y las somete cruelmente. El marco legal argentino no permite implementar políticas de este tipo.