Luego de concretar la intervención del puerto de Ushuaia a través de la Administración General de Puertos (AGP), el gobierno avanzó en la etapa de investigación interna y dice que encontró nuevas irregularidades en el manejo del comercio marítimo de la isla. Los equipos técnicos del organismo oficial hallaron nuevas anomalías en la ejecución y operación del negocio que nuclea a importantísimas empresas del sector y decidieron profundizar las pesquisas. En este marco, desde la entidad confirmaron a Tiempo que analizan presentar una denuncia contra el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, por malversación en la gestión del puerto.

El conflicto entre la provincia fueguina y la agencia dirigida por Iñaki Arreseygor se extiende desde hace meses. Como contó este medio, a mediados del 2025 el organismo comenzó a recibir una serie de denuncias, ejecutadas tanto por trabajadores como por el empresariado que opera en la provincia, por el deterioro de la infraestructura y la falta de inversión en el puerto, instancia que complicaba no sólo la operatividad del mismo, sino también la integridad del personal.

Puerto: el Gobierno investiga la operación

Ante esta circunstancia, en la AGP decidieron conformar un equipo interdisciplinario y dieron inicio a una serie de auditorías e investigaciones internas para constatar el estado real del puerto y poner en marcha un plan de acondicionamiento. Durante esta etapa se destaparon más irregularidades de las que el propio oficialismo estaba al tanto. Según se desprende del informe realizado por el organismo al que tuvo acceso este medio, los equipos técnicos registraron una conexión ilegal de gas que abastecía a un edificio gubernamental ajeno a la terminal, cuyo costo era cubierto por la Dirección Provincial de Puertos.

Además, se encontraron faltas graves en el mantenimiento del espacio. En este sentido el informe advierte la existencia de “pilotes rotos, faltantes o en mal estado”, así como también un “deterioro crítico en la maquinaria portuaria, incluyendo grúas desmanteladas para el uso de repuestos y un absoluto abandono del cuidado del sistema eléctrico, encontrando cables pelados a plena vista.”

En cuanto a los servicios de seguridad al pasajero, se constató que la salida del puerto carece de protección física y señales claras, obligando a los turistas a transitar por sendas despintadas junto a vehículos pesados. Sobre este punto, siempre según el informe oficial, se comprobó que la flota de unidades adquiridas en 2024 para el traslado de pasajeros fue destinada por la Dirección de Puertos para el uso discrecional de las autoridades provinciales.

A las fallas en los sistemas de seguridad y los déficits en la infraestructura se sumó un factor que desde el oficialismo utilizaron como excusa para avanzar con su intervención. El informe oficial confeccionado por la agencia advierte que casi la totalidad de las operaciones de facturación y cobro de servicios se realizaban de manera analógica y sin respaldo digital, al tiempo que el cobro de las mismas se realizaba mayormente en efectivo, un artilugio que impide concretar la trazabilidad de las operaciones que se concretaban con una demora de más 45 días, incorporando aún más opacidad al proceso.

Es en este punto donde desde la Casa Rosada pusieron el ojo. Según se especificó en la Resolución 4/2026, la firma del Convenio de Colaboración N° 26.174 entre el gobierno provincial y el nacional habilitó un desembolso de $ 4.000.000.000 para la provincia que debían ser destinados a la remodelación y puesta en punto de diferentes sectores del puerto para garantizar su funcionamiento.

De este monto sólo fue devengado el 1,3% del total, lo que incurriría en un incumplimiento del acuerdo entre los ejecutivos. En tanto, se constató que el 33% de las ganancias percibidas por la explotación portuaria fueron destinadas a cubrir déficits de la caja provincial, una acción prohibida por las cláusulas del Convenio de Transferencia de Puertos Nación – Provincia vigente desde 1992. 

En concreto, desde la AGP sospechan que el gobernador sureño utilizó los ingresos del puerto para malversar sus fondos y mantener equilibrada la balanza de su gestión. Las especulaciones aumentaron luego de se que constatara que la empresa contratada por la Dirección Provincial de Puertos fueguina para la gestión digital de los ingresos y egresos de dinero esté registrada ante ARCA como una sociedad dedicada a la “fabricación de paraguas, termos, pelucas.”

Se trata de la empresa Nomade Soft, radicada en Luján de Cuyo, Mendoza, que desde hace tres décadas se dedica a brindar servicios de software a diferentes entidades públicas. Melella contrató a la empresa al inicio de su gestión y la misma fue ganando lugar en toda la isla, al punto que todos los organismos provinciales guardan su información en las arcas de esta compañía.

Con estos puntos, y según pudo confirmar este diario de inobjetables fuentes de la gestión libertaria, en el gobierno analizan presentar una denuncia judicial contra Gustavo Melella. La decisión, que se terminará de definir una vez concretada las auditorías externas, no es compartida por todos los sectores del gobierno. Mientras que el ala dura del oficialismo entiende que la relación con los gobernadores, en particular con los férreos opositores, debe ser tirante; en el espacio dialoguista comprenden que las negociaciones siempre deben darse en un terreno amistoso. Halcones versus palomas. Nada nuevo bajo el sol.

El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia.
No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud.

— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026

Según dieron a conocer desde el gobierno a este diario, la resolución final del avance del caso por vía judicial se tomará en los próximos días. La decisión del Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete, de rechazar la cautelar presentada por el gobernador de Tierra del Fuego en contra de la intervención garantizó al gobierno la posibilidad de tener aún más margen de maniobra y, sobre todo, tiempo. Si bien en las últimas horas la fiscalía fueguina solicitó la intervención de la Corte Suprema en el caso, desde el oficialismo entienden que el máximo tribunal no acatará el pedido en el breve lapso.

En la provincia, por su parte, están convencidos que el gobierno avanzó en esta intervención para quedarse con un negocio multimillonario que genera ganancias por arriba de los $22.000 millones al año. Si bien desde el Ejecutivo nacional se defienden y advierten que la decisión descansa en la intención de garantizar un buen servicio, lo cierto es que no esconden su voluntad de controlar el puerto por más de los doce meses que prevé la intervención de la AGP. “Si judicializa, nos quedamos con el puerto”, dijo sin tapujos a este diario un funcionario con conocimiento de la causa cuando el gobernador amenazaba con acudir a la justicia. No parece haber mentido.