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“Adiós, mamá”, le dijo una mañana Bautista a Romina Alarcón, cuando ella lo llevó a la Escuela Integral Interdisciplinaria N° 4, en La Boca. Ese día, tras un
“Adiós, mamá”, le dijo una mañana Bautista a Romina Alarcón, cuando ella lo llevó a la Escuela Integral Interdisciplinaria N° 4, en La Boca. Ese día, tras un breve período de adaptación y con esa invitación de su niño a retirarse, supo que había hallado el lugar que su hijo necesitaba. Su espacio de pertenencia. Por eso, vive con “tristeza y preocupación” la situación que atraviesan las escuelas de educación especial en la Ciudad de Buenos Aires: una reforma que, según directivos y docentes, es eufemismo de “vaciamiento”.
“El gobierno porteño desarma la Educación Especial sin consultas”, se titula la nota que elaboraron trabajadoras y trabajadores del sector, incluidas directoras de establecimientos. De forma anónima, por temor a represalias. “Sentimos la necesidad de poner en palabras una preocupación profunda que recorre nuestras escuelas. La Educación Especial en la Ciudad está siendo vaciada de manera sistemática, con decisiones tomadas sin diálogo y a espaldas de la comunidad educativa. En julio de 2025, el Ministerio de Educación porteño emitió la Resolución 860/25 sin ningún tipo de consulta previa. La medida, que comenzó a aplicarse en plena mitad del ciclo lectivo, representa un ajuste encubierto y una amenaza directa al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad”, escribieron.
El panorama que pintan afecta al personal de esas escuelas y también a quienes asisten y a sus familias. Un grupo que blanco además de las políticas de ajuste sobre el sector que implementa a nivel nacional el gobierno de Javier Milei.
“Uno de los puntos más preocupantes de esta resolución –plantea la nota colectiva- es la reasignación de los equipos interdisciplinarios que trabajan en las escuelas de Educación Especial. Estos equipos, pilares para sostener trayectorias educativas inclusivas y continuas, fueron desplazados a tareas territoriales en otras instituciones. Esto no solo debilita a las escuelas especiales, sino que quita a los estudiantes el acompañamiento de profesionales que los conocen y los sostienen (…) El resultado es claro: se rompe la organización interna, se fragmentan los equipos de conducción y se interrumpe el seguimiento cercano de los procesos de aprendizaje”.
El cambio, advierten, no comenzó con la gestión de Jorge Macri y su ministra de Educación, Mercedes Miguel, sino con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra del área, Soledad Acuña. “En los últimos años, bajo el lema de una supuesta ‘inclusión plena’, se tomaron decisiones que debilitaron el trabajo real en las aulas. Los Equipos Psicosocioeducativos (EPSE) dejaron de evaluar a los estudiantes en cambio de modalidad y se limitaron a ‘acompañar trayectorias’. Esa simplificación, lejos de mejorar la inclusión, provocó experiencias de sufrimiento: chicos y chicas sostenidos en aulas donde no pueden aprender, docentes sin recursos suficientes y familias desbordadas. La inclusión no puede reducirse a una palabra bonita. Es una práctica cotidiana, un compromiso político y ético que demanda recursos, tiempos, escucha y respeto por los ritmos de cada estudiante. Hoy, nada de eso se está garantizando”.
Según explicó en diálogo con Tiempo la directora de una de las escuelas especiales porteñas –que prefirió mantener su identidad en reserva-, la normativa comenzó a implementarse con fuerza este mes. Alertó que la creación de esos equipos para asistir a las escuelas de nivel (las ‘comunes’) se está haciendo a costa de las especiales: “Sería glorioso si el Ministerio creara cargos, pero de esta forma están vaciando nuestras escuelas”.
Los cambios incluyen la eliminación de las Mesas de Inclusión, que funcionaban entre supervisión, escuelas y equipos técnicos para definir estrategias personalizadas para cada estudiante. “Pensábamos cuál era la mejor trayectoria para cada pibe o piba, se diseñaba un recorrido, cómo trabajar con la familia. Ahora queda todo entre tres personas. Cada vez menos democratizado, más sesgado y sin conocer a los chicos”, lamentó la directora.
“Hasta el momento en mi escuela, que tiene atención temprana, primaria e integral con 240 alumnos, había tres psicólogas. Sacaron dos. Había tres fonoaudiólogas. Sacaron dos. Había tres trabajadoras sociales. Sacaron una”, enumeró Andrea Bohus, trabajadora social en la Escuela Especial N° 9 del Distrito Escolar 6 y secretaria de Cultura de Ademys.
“El proyecto del gobierno con ‘inclusión plena’ es tener un equipo de diez profesionales (por distrito) para ir a las escuelas comunes para poder acompañar niñeces y adolescencias que necesitan una mirada distinta. El problema –advirtió Bohus- no es únicamente que en la escuela de nivel faltan recursos. El problema es también que no todos los niños y las niñas necesitan una escuela común. Hay quienes necesitan un espacio diferente”.
Matías comenzó su educación formal en un jardín del nivel inicial. Aunque desde los dos años y medio su familia notó un retraso en el lenguaje y comenzó a consultar a profesionales, pudo completar todas las salas del nivel. “El problema fue el primer grado en la escuela común –relata su mamá, Patricia González-. Era un ‘estorbo’. Por más voluntad y cariño que pusiera la maestra, no podía ocuparse de los niños con dificultades. Se nos terminaron poniendo en contra otras familias que reclamaban que les sacaba tiempo a sus hijos. Fue un momento muy difícil y produjo un quiebre grande en nosotros como familia”.
Hasta que una maestra les habló de una escuela interdisciplinaria. “Nos llevó mucho tiempo. Matías -con un retraso mental leve y dificultades en lectoescritura- iba a cuarto grado cuando lo aceptaron. Ahí empezó a cambiar. Por primera vez sintió que tenía un vínculo real con la docente. Entendí que la escuela común no era un lugar que él podía sostener”, cuenta su mamá. Hoy, a los 13, Matías “se levanta con alegría, es el primero en llegar a su escuela, participa, cuenta lo que le pasa. La experiencia fue maravillosa y aprendimos a mirar de otra forma a nuestro hijo”.
Tan grande como el amor por esa escuela de educación especial es la preocupación por el futuro: “Lo hablamos día a día en la comunidad. Para mí no es una alegría decir ‘lo mando a la escuela común’. Me interesa que le den contenidos con los que crezca su autonomía. Somos conscientes de la limitación, pero queremos darle la mayor cantidad de recursos. Y la escuela interdisciplinaria se los da. Es muy duro levantarte todas las mañanas sabiendo que vas a fracasar. Esa es la diferencia entre común e interdisciplinaria: un cambio de mirada, una escucha distinta, gente que habla un mismo idioma, que no lo mira desde la diferencia”.
Son 20 mil las y los alumnos afectados: en los escalafones B y C de Educación Especial hay 211 chicas/os en Atención Temprana, 209 en Inicial, 2603 en Primaria y 1078 en Integral. Además, 16 mil con apoyo en escuelas «comunes».
En el escrito que elaboraron docentes y directivas de escuelas especiales porteñas hicieron referencia a la reciente renuncia de quien fuera titular del área durante cinco años, Ilda Domínguez. “Su salida deja al descubierto lo que venimos denunciando: una gestión desconectada del territorio, que no escucha a los equipos ni reconoce la experiencia de quienes sostenemos cotidianamente las escuelas. Hoy más que nunca necesitamos una conducción pedagógica que respete los saberes construidos colectivamente, que dialogue con las familias y valore la voz de quienes trabajan en las aulas”.
La carta en contra de las reformas implementadas incluye los reclamos de “creación de cargos acordes a las necesidades reales del sistema, viáticos para vicedirectoras y maestras que recorren múltiples escuelas cada día, mejoras urgentes en infraestructura para que los edificios estén en condiciones de recibir a las infancias que los habitan”. Todo esto sobre la premisa de que “la Educación Especial no es un gasto, es una inversión social. No es un problema, es una respuesta. No es un lujo, es un derecho”.
La situación en las escuelas de educación especial de la Capital Federal se enmarca en un contexto de ataque nacional al sector de discapacidad. “Las familias en general acompañan nuestro reclamo, peo hay una realidad: ante el ajuste criminal que está llevando adelante a nivel nacional Javier Milei y que en la Ciudad de Buenos Aires reproduce sistemáticamente Jorge Macri, es muy difícil para las familias que tienen que laburar 16 horas salir, organizarse y pelear. Así y todo lo hacen, como hemos visto en las manifestaciones por los recortes en discapacidad”, señala Andrea Bohus, de la Escuela Especial N° 9 del Distrito Escolar 6 y secretaria de Cultura de Ademys.
En la última semana el colectivo de personas con discapacidad, familias y prestadores se movilizó en conjunto con el Garrahan y las universidades el martes, en reclamo por la implementación de la Ley de Emergencia, defendida del veto presidencial en el Congreso y promulgada por Milei, pero sin fondos. Hoy está suspendida. El sector realizó además su propia marcha el miércoles. El jueves, una noticia trajo algo de alivio: a partir de una orden judicial que obligaba a devolver las pensiones por invalidez recortadas, el Gobierno publicó una resolución acatando esa medida y anunciando su restitución. Un logro obtenido a partir de una demanda colectiva.
Pero los reclamos por el respeto de la Emergencia en Discapacidad siguen, ante un ajuste y falta de actualización en los pagos a prestadores que se traduce en pérdida de terapias, tratamientos y espacios de atención para chicos y chicas con discapacidad. “En las Escuelas Especiales, los EOE y los equipos docentes vemos las consecuencias todos los días –escribieron las profesionales que integran el espacio En Clave Aprendizaje-. Niños/as sin acompañamiento, sin tratamiento, sin recursos. Y la pregunta duele: ¿cómo incluir cuando los apoyos desaparecen?”
