En sintonía con el reclamo de los integrantes de las diferentes asambleas de Mendoza que bregan por el derecho al agua y en contra de la megaminería, Conicet Mendoza emitió un duro informe en el que señalaba importantes deficiencias en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentada por las empresas dispuestas a llevar adelante el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino (PSJ Cobre Mendocino). Pocas horas después, el gobierno provincial, con la anuencia del nacional, censuró el documento.

El proyecto, que es rechazado por los vecinos y científicos, tuvo su espaldarazo esta semana en la Cámara de Diputados de Mendoza, donde los legisladores aprobaron, con 36 votos a favor y 13 en contra, la Declaración de Impacto Ambiental realizada por las empresas. Se cree que en la primera semana de diciembre, el Senado hará lo propio. Vale mencionar que Mendoza cuenta con la Ley 7722, que desde 2007 prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico en la actividad minera. 

El documento censurado

Desde Conicet Mendoza afirmaron que, a pesar de las objeciones técnicas planteadas por organismos como la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC); el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA); o el Departamento General de Irrigación (DGI), la empresa no respondió «sustancialmente a las preocupaciones».

Los científico elaboraron este trabajo apelando el cumplimiento de la Ley 25.188 (Ética Pública) y priorizando el interés público. Según aclararon, los estudios presentados por la empresa son «obsoletos», dado que los aforos del arroyo El Tigre son anteriores a la megasequía de 2010, no reflejando las condiciones actuales de escasez. Además, la demanda propuesta por la empresa (141 L/s) requeriría «utilizar prácticamente la totalidad del caudal del arroyo, poniendo en riesgo el caudal ecológico mínimo».

Por si fuera poco, los especialistas calificaron a la modelación del riesgo de contaminación de aguas subterráneas como precaria, con potencial riesgo de afectar el arroyo Uspallata y toda la cuenca del río Mendoza.

Respecto a la biodiversidad, puntualizaron que la información brindada es insuficiente, desactualizada y, en algunos casos, incorrecta, imposibilitando una evaluación de impacto real; sobre el manejo de vegas, se solicita una gestión independiente y detallada por su fragilidad e importancia hidrológica. También se recomienda que se incluya el monitoreo de artrópodos en la Ciénaga de Yalguaraz por ser indicadores sensibles de impacto.

Desde el organismo señalaron que el proyecto afectaría sitios arqueológicos no renovables en el Valle de Uspallata, incluyendo tramos del Qhapaq Ñan (Patrimonio Mundial UNESCO 2014). Los datos sobre la población y los servicios en la zona están desactualizados, ya que fueron elaborados hace más de 15 años.

También se advirtió que el proyecto afecta a las comunidades originarias y sus sitios ancestrales, al vulnerar derechos con el principio de consulta previa, libre e informada.

El organismo concluyó que ante estas deficiencias detectadas, se impedía una evaluación con fiable por lo que recomendaban formalmente la revisión y ampliación del EIA previo a la continuación del trámite administrativo, «a fin de resguardar el interés público y los recursos naturales y culturales de la provincia».