El pedido de endurecimiento de la condena a Cristina Kirchner que formalizó el jueves el procurador interino Eduardo Casal era esperable. La explicación de las fuentes judiciales radica en que, por política criminal, ese funcionario siempre sostiene la postura de los fiscales que lo antecedieron, en este caso Mario Villar y Diego Luciani, quienes pidieron 12 años de prisión por asociación ilícita, algo que descartaron tanto el Tribunal que la condenó como la Cámara de Casación. Sin embargo, hay un núcleo sobre el cual el Poder Judicial no parece tener disidencias: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ese es el eje por el cual crece la expectativa en torno al tiempo que se tomará la Corte en fallar y lo que decidirá. Más aún si se tienen en cuenta tres cosas: que es año electoral; que está latente una posible candidatura de la expresidenta y líder del PJ; y que cuando hace dos semanas le preguntaron en TV a Ricardo Lorenzetti si fallarán antes de las elecciones, blanqueó:  «Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más».

Cuenta regresiva

El viernes a la mañana, el pronunciamiento de Casal ya estaba registrado en el expediente del único recurso relacionado con Vialidad que movió la Corte hasta ahora, supo Tiempo. Así como le mandaron a la Procuración el planteo de Villar, bien podrían los supremos pedirle opinión respecto del pedido de absolución que presentó la defensa de Cristina, pero por ahora eso no ocurrió y las fuentes judiciales consultadas evitaron responder al respecto.

Por lo pronto, recibida ya la opinión de Casal, el caso ahora está en la Secretaría Judicial y lo esperable es que en los próximos días o meses comience la circulación por las vocalías de los jueces. Los plazos no están definidos, pero se podría tomar como parámetro lo que ocurrió con la causa conocida como Dólar Futuro: entre que dictaminó el procurador y comenzó la circulación por los despachos, pasaron poco más de tres meses, con feria judicial en el medio.

Una vez terminado ese recorrido, si surge una observación, el caso puede volver a manos de un juez que ya lo haya tenido en sus manos. Si no, vuelve a la Secretaría Judicial. En el caso referenciado antes –que a diferencia de Vialidad no fue llevado a juicio–, ese proceso demoró un año y siete meses. A partir de ahí arranca la cuenta regresiva para la sentencia: lo que resta es un paso formal por las oficinas de coherencia y confrontaciones y copias, dedicadas a certificar, entre otras cosas, que las citas jurisprudenciales estén bien. Después, el caso queda listo para resolver.

Ahí, la decisión de cuándo llevarlo al acuerdo para dictar sentencia le corresponde al presidente del Tribunal, Horacio Rosatti.

La recusación a Lorenzetti

La Corte también tiene que dar una respuesta a los otros recursos de queja que llegaron a esa instancia. Y tiene pendiente resolver el pedido de apartamiento que hicieron los defensores de Cristina, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, a causa de las declaraciones del juez Lorenzetti.

Que esto último proceda parece poco probable, aunque no es imposible. Adentrarse mínimamente en el terreno de la especulación permite graficar que un eventual apartamiento de ese cortesano podría significar una potente escalada en la interna palaciega que mantienen los cortesanos desde hace algunos años. Eso es porque lo estarían dejando sin posibilidad de opinar, nada más y nada menos, que del fallo de mayor impacto político de la última década.

Nueve años

Vialidad llegó a la Corte a nueve años de la denuncia inicial que hizo el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel. Vale recordar que la basó en un informe de auditoría que encargó unos días después de la llegada del macrismo al poder y de la suya a ese cargo. De hecho, el informe en el cual basó la presentación está identificado como 3/2016 y la resolución en la que lo encargó fue la 1/2016, del 20 de enero de ese año. La intención estuvo clara desde el día uno.

La causa investigó 51 contratos de obra pública en esa provincia y se enfocó en el supuesto direccionamiento de las licitaciones a favor del empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones. Todo ello ocurrió, según la Justicia, a instancias de Néstor y Cristina Kirchner.

Durante el juicio declararon como testigos desde exjefes de Gabinete, responsables del Presupuesto nacional, hasta contratistas de obra pública que participaron de las licitaciones. Bajo juramento de decir verdad, ninguno avaló la teoría.

Uno de ellos fue Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri y dueño de IECSA, quien sostuvo que las empresas locales como la de Báez muchas veces presentaban una oferta mejor al resto porque “tienen la logística ahí (en Santa Cruz) y no necesitan transportar ni el personal ni las maquinarias”, y eso “les da grandes ventajas competitivas”.

Después de la condena del TOF 2, Cristina Kirchner le encargó un Dictamen de Experto Legal al jurista Rodolfo Barra, que fue ministro de la Corte Suprema y su última intervención pública fue como procurador del Tesoro del gobierno de Javier Milei.

Barra fue contundente: «No se observa la existencia de responsabilidad penal objetiva de ninguna naturaleza en cabeza del presidente de la Nación. (…) A todo evento, sólo podría ser responsabilizado (…) en virtud de una responsabilidad ‘política’ que de ningún modo se puede entender como extendida a la responsabilidad ‘penal’ del funcionario».