“La Emergencia ya está instalada en la vida cotidiana de miles de personas: dificultades en el acceso a medicamentos y tratamientos, retrasos en los pagos a prestadores, normativas regresivas que afectan los derechos adquiridos y falta de actualización de aranceles”. Ante este panorama, organizaciones de personas con discapacidad, familiares y profesionales de distintos puntos del país convocan a una Jornada Federal por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Exigimos que se declare la Emergencia nacional en discapacidad. Esto asegurará los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”, plantea la iniciativa, que tiene puntos de concentración a las 11 de la mañana de este jueves en el anexo del Congreso en CABA, en la plaza San Martín de Córdoba Capital, en la Plaza Roca de Río Cuarto, en la Plaza 25 de Mayo de Santa Fe y frente a la Legislatura de Mendoza, entre otros.

En tanto, el diputado nacional de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo anunció el tratamiento del tema en el recinto el próximo miércoles 4 de junio. “Sé de la angustia, la preocupación, el maltrato que sufren las familias. Sé que ya no aguantan más. Tenemos que dar un paso adelante, tiene que ser ley”, exclamó el impulsor de la iniciativa.

El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad establece, hasta diciembre de 2027, medidas para asegurar acceso pleno a prestaciones de salud, educación, trabajo y protección social; regularización de pagos atrasados a prestadores y actualización de aranceles; cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad y beneficios para las empresas que las contraten y fortalecimiento de los servicios básicos y de atención. Todo esto, en el marco de una crisis creciente, entre otras cosas sin actualización del Nomenclador nacional de prestaciones, que pone al sistema al borde del colapso.

“Es problema de la familia, no del Estado”

“El Estado tiene que estar presente. Lo que más me dolió de la reunión con (Diego) Spagnuolo es que me dijera ‘si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado’”, contó Marlene Spesso, mamá del influencer y activista acerca de autismo Ian Moche, sobre el diálogo con mantuvo con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Moche amplió sobre los comentarios del funcionario: “Que diga que los derechos adquiridos no son derechos adquiridos. A nosotros nos costó mucho poder lograr esos derechos y en realidad él nos hizo un cuestionamiento también, que fue literalmente ‘Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no’”.

Spagnuolo es el funcionario que firmó la resolución en la que se incluían términos como “idiota, imbécil y débil mental” para referirse a las personas con discapacidad, algo que generó tal indignación que debió ser revertido.

“Es súper importante que hablemos de la emergencia en discapacidad, que se trabaje, que entre al Congreso”, remarcó Spesso. Su relato sobre los dichos del titular de la Andis generó una oleada de repudios en redes sociales.

Discapacidad y desidia del Estado Nacional

En el marco de la Jornada Federal por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, se siguen visibilizando situaciones de riesgo que atraviesan espacios de contención, tratamiento y formación para personas con discapacidad. Es el caso de la Fundación Brochero, en Córdoba.

“Estamos con mucho miedo de cerrar, de perder los profesionales que nos quedan, porque esta crisis nos está afectando bastante”, dijo Celeste Garnero, titular de la fundación, según consignó el portal Cba24N.

En Mendoza, hubo mensajes similares: “La provincia también sufre los recortes, la demora en los pagos y la falta de políticas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Por eso salimos a la calle, porque la emergencia no puede esperar”, expresaron desde la Asamblea Inclusión Mendoza.

La Jornada Federal fue planificada para coincidir con el tratamiento del proyecto en el recinto, pero eso se postergó hasta la semana próxima. “Esta postergación de una semana a otra, por cuestiones de agenda de la misma Cámara, no hace más que acrecentar la desesperación y la tensión dentro del sector”, señaló Luciano Urrutia, vicepresidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, en diálogo con La Capital.

“La dificultad arancelaria por la que transitamos está generando la caída de los transportes y el cierre de las instituciones, si no son definitivas, al menos sí, en jornadas. Por ejemplo, se reducen las jornadas de la semana, de 5 a 4, 3”, advirtió.

Denuncia ante la ONU

En tanto, un grupo de organizaciones sociales denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la “grave situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones en Argentina”.

Así lo informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las entidades denunciantes junto con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba y la Red de Asistencia Legal y Social (RALS).

“Denunciamos que la situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas pone en grave riesgo su derecho a la protección social y todos aquellos que dependen de él”, señalaron las organizaciones.

Además, cuestionaron la aprobación del Decreto 843/24, que “restablece requisitos que habían sido declarados inconstitucionales por la Justicia argentina y objetados en reiteradas ocasiones por organismos internacionales de derechos humanos. Al hacerlo, reproduce un paradigma médico, capacitista y discriminatorio, que desconoce la situación de exclusión estructural en la que se encuentran las personas con discapacidad, se desentiende de los gastos adicionales que deben afrontar y atenta de modo directo contra su autonomía financiera y su derecho a la vida independiente”.

También plantearon su preocupación por la implementación de un proceso de auditoría “sin garantías de accesibilidad ni apoyos que permitan a las personas convocadas ejercer su derecho de defensa. Las evaluaciones no solo se están desarrollando en base a una norma inconstitucional, sino que las condiciones en las que se realizan obstaculizan el cumplimiento de las citaciones, la comprensión del proceso, la presentación de la documentación requerida y la posibilidad de efectuar descargos”.

“Esta situación pone en riesgo el cobro de la pensión, que -a pesar de su escaso monto- permite a las personas con discapacidad cubrir algunas de sus necesidades básicas y acceder a la cobertura médica del Programa Incluir Salud”, añadieron.

Por todo esto, pidieron al Comité que inste al Estado argentino a proporcionar información detallada y documentada sobre los resultados del proceso de auditoría; que exhorte a derogar el Decreto 843/24 y a adecuar su normativa al enfoque de derechos humanos; que requiera la suspensión de las auditorías hasta que se garantice un procedimiento accesible y respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad; que asegure la participación efectiva de este grupo en toda reforma legal, política pública o procedimiento que lo afecte; y que exija la adopción de medidas urgentes para proteger su derecho a la protección social.