La Procuración Penitenciaria de las Nación (PPN) presentó su informe anual 2024 sobre Derechos Humanos en contexto de encierro ante la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo y el Congreso Nacional. Como todos los años, se realizó la presentación en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 25.875. 

El trabajo elaborado denuncia un aumento significativo de casos de muertes bajo custodia del Estado en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF). También revela que miles de personas se encuentran alojadas en condiciones precarias en las alcaidías y comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La presentación del informe se realizó al cumplirse 20 años de que Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Es algo que evidencia las deudas pendientes que el Estado tiene con la población carcelaria. 

En este marco, Tiempo mantuvo un diálogo con Ariel Cejas Meliare, abogado y procurador adjunto de la PPN:» Se trata de un registro de hechos que evidencian la persistencia de la crisis estructural que aqueja históricamente al sistema de encierro», aseguró. 

Muertes y malos tratos

Reportaron cuarenta muertes que ocurrieron en cárceles del Servicio Penitenciario Federal y ocho en comisarías de la Policía de la Ciudad, dando un total de 48 hasta finales de 2024. Y se registraron 389 casos de malos tratos en distintos penales, alcaidías y comisarías. 

Esto señala un incremento significativo respecto a 2023. «Las muertes y malos tratos bajo custodia estatal aumentaron, en su gran mayoría los fallecimientos ocurrieron por falta de atención médica», remarcó Cejas Meliare. 

Y explicó que las alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire: «Dejan al descubierto la crisis del sistema a través de las precarias condiciones materiales de detención en las que se encuentran. Los equipos de nuestro organismo han encontrado a personas atadas a muebles y rejas en lugares que no están legítimamente constituidos como lugares de detención». 

Según el informe, más de 2.500 personas en la actualidad se encuentran alojadas en centros de detención porteños transitorios: «Son lugares que no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de encierro. Esta problemática persiste desde 2020 cuando la pandemia colapsó el sistema y, en los últimos tiempos, se ha agudizado en gran manera», finalizó el procurador.