Un aniversario suele ser ocasión de celebración, pero también de balance. Hoy, a 20 años de la sanción de la Ley Orgánica de Comunas, la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de mirarse al espejo y preguntarse: ¿qué pasó con aquella promesa de descentralización y democracia participativa?

La ley de Comunas (N° 1777) fue concebida como un mandato constitucional para acercar el Estado a los vecinos, facilitar la gestión territorial y abrir espacios de democracia directa. Lejos de ser una amenaza, era –y sigue siendo– una oportunidad para que los barrios participen activamente en las decisiones que afectan su vida cotidiana. Sin embargo, la aplicación plena de esta norma sigue siendo una deuda.

Durante estos 20 años, lo que hemos visto es un proceso dificultoso, lleno de “palos en la rueda”. Cada vez que los vecinos intentaron involucrarse en juntas comunales o consejos consultivos, se encontraron con mecanismos debilitados, presupuestos devaluados y decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía. No es casualidad: responde a una decisión política de los gobiernos del PRO, que todos sus años de gestión evitaron transferir poder real a las comunas. Lo hicieron porque la descentralización significa democratizar la toma de decisiones, y eso incomoda a quienes prefieren concentrar poder en la sede de Gobierno.

El resultado de esa resistencia no es solo ineficiencia: es lo que denomino una proscripción funcional. No existe una prohibición jurídica sobre las comunas, pero sí un bloqueo sistemático de sus competencias, que impide que ejerzan el rol para el que fueron creadas. Es una proscripción silenciosa que restringe la participación popular y genera frustración en miles de vecinos que sienten que su voz no cuenta.

Los ejemplos abundan durante todos estos años de gestión PRO. Por ejemplo, el ejecutivo porteño modificó el Código Urbanístico sin un verdadero proceso participativo ya que apenas convocó a reuniones informativas de compromiso. Lo mismo sucede con proyectos urbanísticos que aterrizan en el territorio sin consulta: los pasos bajo nivel de Lugano, el master plan de la Dellepiane, la cementización de los espacios verdes en la Comuna 8, la privatización progresiva del Parque Sarmiento. En todos los casos, la voz de las comunas fue desoída.

Frente a esta situación, mi posición es clara: la Ley de Comunas no es el problema, es la solución. Es urgente aplicarla de manera plena y fortalecer sus mecanismos. Eso requiere presupuesto, competencias reales y sobre todo voluntad política de habilitar la participación barrial. Defender las comunas es defender la democracia misma.

La Ciudad no puede seguir funcionando con comunas debilitadas. A veinte años de la sanción de la ley, es hora de cumplir con su espíritu: descentralizar, democratizar y acercar a los vecinos a las tomas de decisiones reales que afectan a sus barrios. Eso significa ampliar derechos, garantizar transparencia y fortalecer la democracia participativa.