Comunidades originarias y organizaciones ambientales de Argentina, Chile y Bolivia —integrantes de la Alianza Humedales Andinos— realizaron un encuentro en la provincia de Catamarca para visitar el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra: un humedal gravemente afectado por la megaminería de litio.

De acuerdo al comunicado de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) “desde 1997, la extracción de litio por parte de la empresa Minera del Altiplano S.A. -subsidiaria de la empresa Livent y actualmente pertenece a Río Tinto- ha generado daños ambientales profundos en el Salar del Hombre Muerto, entre ellos la desecación de un brazo de la vega del río Trapiche de más de 5 kilómetros, un impacto que persiste hasta hoy”.

Actualmente, en el Salar del Hombre Muerto se desarrollan 12 proyectos de litio, en distintas etapas. Ante la afectación del río Trapiche y la pretensión de cinco empresas mineras de extraer agua del río Los Patos, la comunidad que habita el salar decidió judicializar el reclamo.

En 2024, la Corte de Justicia de Catamarca reconoció el daño a la vega del río y ordenó al gobierno provincial abstenerse de otorgar nuevos permisos para la actividad minera en la zona del Río Los Patos hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.

Un año después, el Ejecutivo provincial presentó un informe que no cumple con lo ordenado: recupera información antigua y omite analizar los efectos acumulativos reales, concluyendo, sin fundamentos técnicos, que no existen impactos negativos sobre el Río Los Patos. Actualmente, la Corte de Justicia de Catamarca debe evaluar si el estudio presentado por el Gobierno cumple con lo ordenado o debe ser rechazado por insuficiente.

Matanza de animales y ríos desviados

Elizabeth Mamani, de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, en Antofagasta de la Sierra, señaló: “Una de las consecuencias de la minería fue la muerte de una de las vegas del río Trapiche, la matanza de animales y también la desviación del río Los Patos”.

Desde Jujuy, Franco Vedia, integrante de la comunidad aborigen de Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, advirtió que “en Jujuy lo que está pasando con la minería es que las empresas están intentando entrar al territorio sin consultar a las comunidades. Se están violando derechos fundamentales: el derecho de las comunidades a decidir, a conservar su identidad cultural y, sobre todo, el derecho colectivo al agua”.

Además, indicó: “Para nosotros, la extracción de litio es algo terrible; significa la muerte, porque se están llevando el agua. En Catamarca vimos lo que no debería pasar, están dejando morir a la Pachamama, a la tierra y a sus habitantes”.

Desde Chile, Rodrigo Espíndola Araya, del pueblo Toconao, remarcó las similitudes entre ambos países: “Lo que está pasando en Catamarca, Argentina, es similar a lo que está pasando en Chile, particularmente por el tema del agua. Ya se vaticina que va a ser una lucha muy fuerte en contra de las mineras. Nosotros, como pueblo originario, tenemos una lucha con respecto al uso y al derecho del agua. Pero acá, en Argentina, es algo impactante de ver: cómo la minera avasalla a los hermanos y hermanas argentinos, cortándoles el agua”.

La amenaza a los humedales andinos

Los humedales andinos —salares, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile enfrentan un grave riesgo por el avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética del norte global. En estos ecosistemas se concentra más del 53% de los recursos de litio del planeta.

Para FARN, “los gobiernos provinciales deben realizar estudios ambientales integrales que evalúen los impactos de manera completa y acumulativa sobre los ecosistemas. Además, tienen la obligación de garantizar la participación de las comunidades locales, así como a información ambiental completa, veraz y transparente en temas ambientales, de acuerdo con los estándares del Acuerdo de Escazú”.

Frente a este contexto, el pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la Opinión Consultiva 32 sobre emergencia climática y derechos humanos que establece obligaciones y derechos claves que los Estados y las empresas deben respetar y garantizar, entre ellos, abstenerse de retroceder en la protección climática y de derechos humanos.

La CIDH busca garantizar los derechos humanos frente a la emergencia climática, que afecta al derecho al ambiente sano, pero también a otros derechos como la vida, la integridad personal, la salud, el agua, la alimentación, la propiedad, el trabajo, entre otros.