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Matías M. tiene 39 años y fue diagnosticado con Quetarocono, una enfermedad poco frecuente que causa el adelgazamiento progresivo de la córnea. Está desempleado y anotado en la
Matías M. tiene 39 años y fue diagnosticado con Quetarocono, una enfermedad poco frecuente que causa el adelgazamiento progresivo de la córnea. Está desempleado y anotado en la lista de espera del Incucai para recibir un trasplante de ese tejido. En 2023, logró que el Estado le reconozca su derecho a percibir una pensión no contributiva por invalidez. Pero en diciembre del 2024, se encontró con que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) le cortó el pago del beneficio de un día para otro y sin ningún tipo de aviso.
Lo mismo le pasó a Andrés B., 45 años. En su caso, tiene hemiparesia, una discapacidad que provoca la parálisis parcial de una parte del cuerpo. Impedido de trabajar, atraviesa una situación profundamente angustiante al carecer de ingresos que le permitan hacer frente a necesidades médicas y hasta de alimentación. Desde mayo no percibe su pensión.
Unos meses más tarde, en agosto, Andis canceló la asistencia económica de Máximo B., que tiene 20 años y un trastorno generalizado del desarrollo.
Habla poco, dibuja y asiste a una escuela especial de doble jornada. Como el año que viene se recibe, sus padres están en la búsqueda de un Centro de Día. Hasta el momento, sus terapias fueron afrontadas en parte gracias al programa Incluir Salud, que da cobertura médico-asistencial a titulares de pensiones no contributivas, como era su caso. Cuando los familiares fueron a reclamar a Anses, la respuesta los sorprendió: les dijeron que la Andis decidió realizar una «suspensión preventiva» del pago del beneficio, que se llevó a cabo «sin notificación previa de ninguna índole, y sin dar oportunidad de producir prueba del derecho a recibir la prestación».
Los casos sintetizados en los párrafos anteriores -cuya identidad este medio prefirió mantener bajo reserva- son apenas un puñado de los cientos que se presentaron a la Justicia a reclamar contra la Andis. Todos reflejan, con sus particularidades, la desesperación, angustia y enojo que viven quienes poseen alguna enfermedad o incapacidad y el Estado les cortó de forma arbitraria un ingreso económico clave para subsistir frente a una situación de alta vulnerabilidad.
Hay un común denominador que aparece al leer muchas de las demandas presentadas en la Justicia a lo largo y a lo ancho del país, que es el destrato del organismo en cuestión.
Quienes lo padecen desde hace meses relatan en sus presentaciones judiciales no solo que nunca fueron notificados previamente de la realización de auditorías y la suspensión de los pagos, si no también la falta de respuestas a la hora de reclamar y esgrimir con desesperación las razones humanitarias por las que necesitan los haberes.
Muchos se quedaron de un día a otro sin terapias, sin medios de transporte y sin medicamentos luego de que el gobierno de Javier Milei pasó la motosierra en su afán de lograr el equilibrio fiscal.
Frente a ese escenario de inhumanidad estatal, muchos son los que optaron por iniciar una acción de amparo en la Justicia, con el objetivo de que se le ordene a la Andis la reinstauración de los Certificados Únicos de Discapacidad y las pensiones. El sistema de consultas públicas del Poder Judicial de la Nación permite ver que prácticamente todos los días se presentan demandas similares en los distintos juzgados de todo el país.
Foto: Mariano Martino
El corte de las pensiones arrancó en el año 2024 y no tardó en traducirse en un aluvión de presentaciones, muchas de las cuales han sido resueltas favorablemente y otras permanecen a la espera. Pero el tiempo pasa y la desesperación de las personas afectadas y de sus familias se incrementa.
Para notarlo, no hace falta más que recordar lo que pasó el viernes pasado, cuando un grupo importante de familiares de personas afectadas se manifestó en la sede de la Andis, en Belgrano. Sin respuestas por parte del interventor del organismo, Alejandro Vilchez, ante un pedido de reunión, la reacción fue inmediata: entraron por la fuerza al edificio para hacerse escuchar a los gritos y entre medio de llantos desesperados.
Unas horas más tarde, el juez federal de Catamarca Guillermo Díaz Martínez, ordenó a la Agencia que en un plazo de 24 horas restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas a los titulares de las mismas en todo el territorio nacional. En ese expediente, el organismo demandado se presentó y de entrada pidió que se rechace la petición del colectivo de personas afectadas, con lo cual es esperable una nueva apelación.
De todos modos, para Marisa Graham, ex defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, el fallo judicial de este viernes es importante porque muestra que «en alguna parte de la Justicia empieza a haber cierta reacción frente a esta decisión tan inhumana del gobierno».
Para ella, la situación que atraviesan las personas con discapacidad que perdieron sus pensiones «habla de un goce particular del gobierno en hacer sufrir al otro». «Se ve la gente obligada a demostrar una vez más que son personas con discapacidad. En términos presupuestarios, el corte de las pensiones y los apoyos como el transporte no mueve el amperímetro del gasto”, le dijo a Tiempo.
“Hay chicos que han dejado de ir a la escuela porque ya no tienen su transporte especial que los lleve. Para quienes tienen espectro autista, el apoyo es fundamental para socializar y esas asistencias que son vitales se están dejando de pagar», ejemplificó.
Esas son apenas dos de las tantas consecuencias que tiene la decisión que tomó el gobierno libertario.
Semanas atrás, el estallido del escándalo de los audios de las coimas, atribuidos al ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, causó todavía más enojo. En ese caso, la Justicia Federal busca corroborar la existencia de un presunto esquema de sobreprecios en la compra de medicamentos de la Agencia a la Droguería Suizo Argentina, tal como se lo escuchó relatar al otrora funcionario.
Se trata de una de las causas judiciales más sensibles para el gobierno libertario, donde está apuntada nada menos que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente.
Después de una serie de allanamientos ocurridos apenas se impulsó la investigación, la semana pasada el juez Sebastián Casanello volvió a decretar el secreto de sumario de las actuaciones antes de hacer lugar a un nuevo pedido de allanamientos formulado por el fiscal Franco Picardi. Según trascendió en ese entonces, el objetivo habría sido la recopilación de prueba sobre funcionarios de segunda línea y otras empresas que podrían haber estado implicadas en el presunto esquema.
Fuentes judiciales señalaron a Tiempo que es probable que en los próximos días se levante el secreto de sumario.
Spagnuolo, que fue el ejecutor de la auditoría que terminó con la baja de miles de pensiones en todo el país y es uno de los protagonistas centrales del escándalo, sigue en silencio. Luego de semanas de dudas, paranoia y desconfianza que lo llevaron hasta desistir de sus abogados defensores, logró consolidar cierta tranquilidad, puesto que sigue bajo la representación legal de Florencia Plazas, defensora pública oficial.
