Un nuevo escándalo de manejos fraudulentos de fondos sacude a La Libertad Avanza. El diputado de Tierra del Fuego, Santiago Pauli, fue denunciado por exigir a varios de sus asesores que le entregaran el suplemento salarial conocido como “desarraigo”, un monto destinado a cubrir los viáticos de quienes deben trasladarse de Río Grande a Ushuaia.

Según los audios filtrados, Pauli pedía que ese dinero se usara para financiar los alquileres y gastos del partido libertario.

“Voy a dar de baja todos los contratos y vamos a poner gente que cobre y nos pase el 100% del desarraigo”, se escucha decir al legislador en uno de los registros.

Las grabaciones fueron difundidas luego de que Rolando Correa, puntero y empleado del despacho del candidato a senador Agustín Coto, perdiera su celular, donde guardaba las conversaciones.

Esquema recaudatorio

Pauli reconoce en la conversación que pone de su bolsillo «arriba de 1,5 millones de pesos». «La idea es nunca pedirles un peso de la parte del sueldo. A diferencia de lo que hacen otros partidos, nosotros decidimos que lo del desarraigo, que no es sueldo, sí… pero lo demás es de ustedes y el tema es que nadie lo está poniendo», se queja.

La charla se produjo porque Correa habría ido a pedirle que le cambie la categoría de su contrato por una más alta y hasta le acercó la idea de vender empanadas para sostener los gastos del partido. «A mí me parece una locura que tengamos que vender empanadas para pagar alquileres cuando tenemos el desarraigo», contestó Pauli, y agregó: «yo prefiero dar de baja esos contratos, poner alguien que ponga la cara y nos pase el 100 del desarraigo, la situación no da para más. Intenté una manera y me di cuenta que no funcionó».

Correa declaró en FM Fuego que en diciembre de 2024 le dieron el contrato y lo asignaron como asesor de Coto. «A mí me designaron como asesor de Agustín Coto, pero nunca me dieron tareas ni me hicieron viajar», dijo.

También apuntó contra la legisladora Natalia Gracianía y el candidato a diputado por LLA, Miguel Rodríguez, como responsables del esquema recaudatorio. Desde el peronismo fueguino señalan que la maniobra podría constituir delitos como defraudación a la administración pública, malversación de fondos y abuso de autoridad.