El Gobierno nacional simplificó el proceso de patentamiento de vehículos mediante una modernización de la normativa vigente, lo que permitirá a particulares importar automotores, acoplados y semirremolsques del exterior sin depender de fabricantes o concesionarios para el patentamiento.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 271/2025 publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa reglamenta el procedimiento que permite acreditar que los vehículos que circulan por la vía pública cumplen con los requisitos de seguridad. La novedad es que se aceptarán certificaciones de seguridad emitidas por organismos internacionales, como los de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Brasil.

Con este cambio, los ciudadanos podrán utilizar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) ya existente del fabricante o importador para realizar el patentamiento. En los casos donde el vehículo no cuente con esa licencia, el comprador podrá gestionarla directamente con la Secretaría de Transporte, a través de un esquema similar al de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Desde el Poder Ejecutivo destacaron que la reforma permitirá «ampliar la cadena de comercialización y optimizar las condiciones exigidas para la importación», con el objetivo de renovar el parque automotor sin comprometer la seguridad vial. En el texto oficial se subrayó que muchas de las normativas anteriores estaban «desactualizadas» y generaban «costos infundados» y demoras innecesarias.

Desregulaciones en el sector automotriz que ya se suman a las modificaciones anteriores

Esta decisión va en línea con la Resolución 222/2025, que ya había modificado el sistema de control de autopartes y elementos de seguridad. Con esa normativa, se eliminó la exigencia del Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS), que antes debía tramitarse exclusivamente en el INTI, lo que generaba demoras y costos para importadores y fabricantes.

Actualmente, no es necesario ningún trámite previo ante el INTI para importar autopartes, y la responsabilidad recae directamente sobre los fabricantes e importadores, quienes deben garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mediante certificaciones emitidas por una red más amplia de laboratorios internacionales.

La seguridad de estos productos se controlará de forma ex-post, tal como lo establece el decreto 196/25. Así, el Gobierno busca reducir trabas burocráticas, fomentar la competencia y ampliar la oferta de vehículos y repuestos en el mercado argentino.