La presión judicial internacional sobre la petrolera estatal YPF no da tregua. En las últimas horas, un grupo de fondos de inversión se sumó a la lista de acreedores que exigen quedarse con el 51% de las acciones que el Estado argentino posee en la empresa, tras el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska. El argumento: compensarse por viejas deudas soberanas impagas que datan del default de 2001.

Entre los nuevos protagonistas aparecen nombres con trayectoria en el conflicto de deuda argentino: Attestor Master Value, Trinity Investments, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee. Todos solicitaron ser incorporados a la ejecución del fallo mediante la figura legal conocida como “me too”, que habilita a beneficiarios de causas similares a reclamar el mismo tipo de resarcimiento.

«Beneficiarios de un fallo por deuda en default también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado. Además, reclaman prioridad sobre los casos Petersen y Bainbridge, ya que sus sentencias son previas«, explicó Sebastián Maril, director de Latam Advisors, en referencia al impacto que podría tener esta avanzada.

Detrás de esta jugada, informó NA, está el abogado Dennis Hranitzky, conocido en Argentina por haber embargado la Fragata Libertad en Ghana en 2012, y por ser el cerebro legal de varios litigios exitosos contra el Estado argentino cuando representaba al fondo NML – Elliott.

Los fondos sostienen que la Argentina sigue siendo titular del 51% de YPF y que esa participación accionaria debe ser usada para cancelar las deudas impagas, tanto por principios del derecho estadounidense como por normas internacionales que rigen los defaults soberanos.

El contexto legal se complejiza: mientras el Gobierno de Javier Milei apelará esta semana el fallo de Preska, la jueza debe resolver si concede o no una suspensión de la ejecución del fallo original. La petición, presentada por el estudio Sullivan & Cromwell LLP, insiste en que «la Argentina tiene argumentos jurídicos sólidos» y que ejecutar el fallo sin dejar lugar a apelación sería gravemente perjudicial.

Este nuevo frente judicial agrega un ingrediente explosivo al futuro de la empresa energética más importante del país y el activo estatal más valioso en el exterior. Desde el Ejecutivo argentino, en tanto, se mantienen en reserva sobre la estrategia que desplegarán en el plano internacional, mientras el caso escala en tribunales neoyorquinos.