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María Laura Romano llegó desde Villa Crespo. Unos minutos tarde, avisó, porque el subte circulaba con demora. Laura Alcaide vino desde Remedios de Escalada, un recorrido en el
María Laura Romano llegó desde Villa Crespo. Unos minutos tarde, avisó, porque el subte circulaba con demora. Laura Alcaide vino desde Remedios de Escalada, un recorrido en el colectivo 37 que conoce de memoria. Lola Flores ya estaba en el punto de encuentro: el Hospital Garrahan, donde había pasado toda la mañana con su niña. La cita que las convoca es para compartir sus militancias. Contra el cientificidio, por los derechos de las personas con discapacidad y en defensa del hospital pediátrico de alta complejidad. Antes de reunirse, cada una tuvo que organizar las tareas de cuidado para con sus hijos e hijas. Les ponen el cuerpo a causas distintas, pero todas atravesadas por la maternidad.
De cara al Día de las Madres, Tiempo reunió a exponentes de tres de las principales luchas contra las políticas del gobierno de Javier Milei. Las tres aclaran que no las movilizan solo sus situaciones individuales sino las necesidades colectivas. Y que no son sólo reclamos en tiempo presente: tienen que ver con el futuro que desean dejarles a sus hijos e hijas.
Según el sexto monitoreo “La cocina de los cuidados”, realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el ajuste en las políticas de cuidado dejó vigentes sólo tres de las 50 que había antes de la llegada del gobierno de Milei. En tiempos de políticas de cuidados en retirada, militar al maternar vale doble.
Lola Flores se convirtió en madre militante por miedo a marchar sola. Iba a las manifestaciones en defensa del Garrahan sin conocer a nadie y le preocupaba pensar qué haría ante un escenario de represión. Entonces se acercó a otra mamá que marchaba, Johana Tricarico. Ella se ocupó de reunir familias en un grupo de WhastApp que dio lugar un colectivo en defensa del hospital que cuida a sus hijos: Soy Garrahan.
“Me sumé porque en este hospital le salvaron la vida a mi hija”, cuenta Lola como ya contó tantas veces en distintas instancias de la lucha del personal por mejoras salariales. Relata que a su hija Adriana, de once años, le diagnosticaron Síndrome de West a los tres meses. Que un día, durante una convulsión, sufrió una fuerte caída y fue a la guardia de su hospital. La niña no perdió el conocimiento, pero su mamá no la veía bien. El médico tuvo en cuenta esa apreciación y adelantó la tomografía. Cuando vio el resultado, salió corriendo. Literalmente: hubo que operar de urgencia ante una hemorragia cerebral. Después de cinco horas y media en el quirófano, salió y pidió disculpas por no haber podido explicar nada. “Salvó a mi hija y encima me pidió disculpas”, destaca Lola.
Los momentos más duros que pasó en el hospital fueron durante la pandemia. “Salí al pasillo una noche y me puse a llorar. No daba más, no podías acercarte a nadie. Era horrible. Necesitaba un abrazo. Y como si me hubiese leído la mente la señora de limpieza me vio y me abrazó. Me dijo ‘mamá, esto va a pasar’. No sabés cómo me sirvió. Esa es la clase de gente que hay en hospital. Por eso apoyo a esta gente que la está remando”.
Lola solía vivir a metros del hospital, para tenerlo siempre a mano. Pero no pudo seguir sosteniendo el alquiler y se mudó a Villa Lugano. Abocada al cuidado de su niña, solo puede hacer algunas changas de limpieza o costura. A veces la ayuda su hija mayor, estudiante universitaria. Su compañero tiene un empleo no registrado: desde que en 2018 cerró la fábrica en la que trabajaba no consiguió otro formal.
Laura Alcaide también atiende a sus hijos en el Garrahan y acompaña el reclamo de su personal, porque las luchas se entrecruzan. Pero su principal espacio de militancia tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, desde la agrupación Orgullo Disca y la asamblea Discas en Lucha.
Mamá de dos niños de 12 y ocho años y una niña de cuatro, sintió fortalecida su identidad como militante disca tras el nacimiento de su segundo hijo, con quien comparte la misma discapacidad visual. Dice sentirse privilegiada por tener trabajo (como empleada estatal, para la edición de textos en braile) y un compañero que comparte las tareas de cuidado.
Así y todo, el ajuste en discapacidad impacta en la vida cotidiana. Por caso, ya no cuenta con el transporte que llevaba a uno de sus niños de una escuela a otra. Los más chiquitos suelen acompañarla a las asambleas. No así a las marchas, por miedo a la represión. “Ellos entienden, o tal vez lo terminen de entender más adelante, que esto tiene que ver con un mundo mejor. Preguntan ‘¿por qué otra vez una asamblea?’ Lo hablamos todo
el tiempo”.
Para Laura, como madre y militante, las causas están atravesadas por la interseccionalidad: “Sobre las mujeres y los cuerpos feminizados recae el trabajo de cuidado y en esa división internacional del trabajo no hay diferencia respecto a los cuerpos discas. O la hay, pero profundizándola. Porque las barreras capacitistas se profundizan aún más cuando somos mujeres, pobres, del conurbano o de una provincia sin acceso a nada, cuando tus hijes son discas. A medida que se van interseccionalizando las identidades, las barreras son aún mayores”.
María Laura Romano es parte de las 856 personas seleccionadas para el ingreso a la carrera de investigación en el Conicet y que lleva más de dos años esperando la efectivización (otros 400 se sumaron este año a la larga lista de espera). Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, se dedica a la literatura argentina del siglo XIX. Y es madre de un niño de tres años, Antonio.
“Es complicado organizarse para sostener el reclamo. Este año mi hijo va más horas al jardín, pero el año pasado no tenía vacante en el sistema público porteño en jornada completa y era difícil sostener la militancia. Muchas veces lo llevaba a las movilizaciones”, cuenta.
Su lucha, insiste, no es únicamente por su situación. “El reclamo que estamos llevando adelante por el desfinanciamiento del Conicet y del sistema en su conjunto está enmarcado en la coyuntura por la que atraviesa Argentina, con un gobierno que está haciendo mucho daño no sólo a la ciencia. Salud, discapacidad, jubilados, tomar deuda a lo loco. Nuestro reclamo no es sectorial, se articula con todos los reclamos que tienen que ver con el gobierno que tenemos hoy”.
“Todo el tiempo pensás qué país le vas a dejar a tu hijo. Creía que el mundo que nos dejaron nuestros padres era difícil, pero lo que les estamos dejando es peor. Todo lo que hago es pensando en que las cosas sean mejor para ellos. Quiero que mi hijo viva en un país distinto, donde los derechos básicos de las personas se cumplan”, anhela. De repente, la expresión aguerrida que usa para hablar con megáfono durante las concentraciones en el Polo Científico deviene en voz quebrada y llanto. «
Las causas por las que militan Lola, Laura y María convergerán en una manifestación unificada el próximo martes 21.
La docencia universitaria nucleada en AGD, personal del Garrahan –junto a organizaciones de familias- y espacios del colectivo de discapacidad concentrarán en Plaza de Mayo para exigir la inmediata implementación de las leyes que ya aprobó el Congreso, pese a la intención de veto del presidente Javier Milei: las de Emergencia en Discapacidad, Emergencia en Salud Pediátrica y Financiamiento Universitario.
El día elegido para la movilización conjunta coincide con la fecha límite que tiene el Ejecutivo para promulgar las dos últimas leyes. La primera, de Emergencia en Discapacidad, fue promulgada pero quedó suspendida y supeditada a que el Congreso defina de dónde saldrán los fondos para garantizarla, un artilugio que ya fue señalado como inconstitucional y denunciado. Se teme que, con las dos leyes faltantes, Milei tome el mismo camino.
Trabajadores del Garrahan ya advirtieron que, si no se aplica la Ley de Emergencia Pediátrica, exigirán el juicio político al presidente. “No tiene que ver sólo con un reclamo sectorial sino con dar batalla a un gobierno que desde que asumió declaró la guerra a los argentinos. Porque no hace más que tomar medidas que dañan la vida de todos”, resumió María Laura Romano, en lucha contra el cientificidio –y no solo- desde el Conicet.
Las tres madres militantes de esta nota están atentas al horario: una tiene que llegar a tiempo a buscar a su niño al jardín, otra tiene que relevar a su hija mayor al cuidado de la menor y la restante quiere darle un descanso a su compañero, que trabaja de noche y se quedó con los chicos sin haber dormido.
La logística de los cuidados debe activarse ante cada asamblea, marcha o reunión. Si no, la actividad se cancela.
Un reciente podcast del CELS y LATFEM puso el foco en “el trabajo que sostiene al mundo”. Es decir, las tareas de cuidados. Además de “recaer desproporcionadamente sobre las mujeres”, son blanco de fuertes políticas de ajuste bajo el gobierno de Javier Milei. Según el informe número seis de “La Cocina de los Cuidados”, del CELS, al menos 4,06 millones de personas perdieron una política de cuidado desde que comenzó la actual gestión.
La peor parte se la llevan las mujeres que crían solas. El informe “Hogares monomarentales en Argentina: una mirada estructural”, difundido el mes pasado por Fundación SES, CEPA y Las que Cuentan, mostró que más del 85 % de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres, solo el 36% recibe algún aporte del progenitor no conviviente y el 36,8% no percibe ni cuota ni transferencia estatal específica para la crianza.
Siguiendo con las conclusiones del mismo informe, sólo uno de cada diez hogares monomarentales recibe AUH y cuota alimentaria juntas. Para este grupo de la población, el estudio habla de un “doble abandono”.
La Canasta de Crianza, elaborada por el Indec, reflejó que en septiembre criar a un bebé menor de un año
requirió $ 432.161. Para niños y niñas de 6 a 12 años, el monto fue de $ 542.183. Un aumento interanual del 17,9 por ciento. Esta canasta contempla gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, transporte y salud. Además de los costos específicos de tiempos de cuidado, valorados según el Régimen de Trabajo de Casas Particulares. Cabe tener en cuenta que, mientras el salario real cayó 5% en general, el trabajo en casas particulares bajó un 15 por ciento.
